El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a mostrar este martes su preocupación por la inseguridad en Colombia y los riesgos que esta constituye para el proceso de paz junto a la irrupción de la pandemia, que ha «demostrado, una vez más, lo vulnerable que es la situación», aseguró el representante de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
«La inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos manos y líderes y lideresas sociales siegue siendo nuestra mayor preocupación y lamentablemente ha continuado durante la pandemia», dijo el diplomático mexicano, que también ejerce como jefe de la misión de la ONU que apoya la verificación de la paz en el país.
En una conexión telemática ante los miembros del Consejo de Seguridad, que se reunieron hoy en persona por primera vez desde el pasado 12 marzo, Ruiz insistió en que «sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia».
Sin embargo, Ruiz destacó con optimismo que las autoridades han «detenido a varios individuos» que podrían ser responsables de la muerte de antiguos combatientes y citó al «autor intelectual» del asesinato del exguerrillero Alejandro Parra.
En este sentido, alabó que estos arrestos fueron realizados gracias al trabajo de «dos órganos creados por los acuerdos de paz», en concreto un cuerpo de élite dentro de la policía y una unidad especial de investigación de la Fiscalía.
«Es un ejemplo de que el mecanismo del acuerdo de paz puede dar resultados», subrayó en la reunión trimestral sobre Colombia del máximo órgano ejecutivo de la ONU, antes de destacar la importancia de continuar con los esfuerzos de reintegración de excombatientes.
Asimismo, solicitó tanto al Gobierno como a las FARC que «fomenten el liderazgo de las excombatientes para que puedan participar a nivel social, político y económico», animó al Consejo Nacional de Reintegración a que reactive el trabajo con niños y jóvenes e instó en la creación de un órgano que trate la situación de excombatientes de origen indígena y afrocolombiano.
Y, finalmente, insistió en que «todos los esfuerzos ahora debería enfocarse en los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y asegurar que los esfuerzos para construir la paz continúan avanzando en medio de esta difícil tormenta».
Por su parte, la canciller colombiana, Claudia Blum, que también participó en la reunión vía telemática, reconoció que su país se «enfrenta a retos enormes debido al COVID-19» e insistió en que a pesar de este contexto, su gobierno «continúa con el firme compromiso de cumplir con los términos del acuerdo de 2016 y no hemos dejado atrás ninguna de sus áreas de trabajo».
En su intervención, Blum también subrayó que el «éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de antiguos combatientes es decisivo para prevenir nuevos ciclos de violencia» y aseguró que en la primera mitad de 2020 e número de proyectos productivos puestos en marcha con este fin había aumentado un 71 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Sobre la persecución de los responsables de los asesinatos de 210 excombatientes desde la firma del acuerdo, la canciller apuntó que la justicia ha emitido 198 órdenes de detención.
«Como resultado de las investigaciones, está bastante claro que los ataques están relacionados con la complejidad del contexto, y la amenaza que suponen los grupos armados organizados involucrados en el tráfico de droga y en la minoría ilegal. Esos actores criminales incluyen miembros no reincorporados (al proceso de paz) de las FARC, el grupo terrorista ELN y otros grupos involucrados en el crimen transnacional organizado», dijo la ministra.
El pasado 7 de julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, publicó su informe anual sobre la situación en Colombia, en el que advirtió de que grupos armados ilegales y organizaciones criminales están aprovechando la pandemia del coronavirus para ganar terreno y volvió a denunciar los continuos asesinatos de líderes civiles y exguerrilleros que se registran en el país.
«Me preocupa que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales hayan aprovechado la pandemia para expandir su control territorial, aumentando así el sufrimiento de comunidades y civiles», señaló Guterres en el informe.
EFE
