Bogotá, 13 abr (EFE).- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH en Colombia pidió este miércoles a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en el departamento del Putumayo (sur), donde murieron 11 personas en una operación del Ejército que, según el Gobierno, eran miembros de las disidencias de las FARC, aunque la comunidad denuncia que eran civiles.
Así lo informó la Oficina en su cuenta de Twitter en la que explica que estuvo en el Putumayo entre el 31 de marzo y el 2 de abril «para obtener información de primera mano sobre los hechos».
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«Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación», puntualizó el organismo.
El pasado 28 de marzo el presidente colombiano, Iván Duque, informó que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Con el paso de los días han tomado fuerza las versiones de que los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC porque la comunidad de la zona asegura que eran civiles, como han desvelado sendos reportajes periodísticos publicados en las últimas semanas.
Incluso la Fiscalía dijo la semana pasada que el Ejército colombiano no detuvo a cuatro personas, como lo había dicho la autoridad militar.
Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
Duque ha defendido la operación militar y alertó en Naciones Unidas contra las críticas que pueden evidenciar un «oportunismo político que trata de incidir en el debate electoral», en referencia a las próximas presidenciales del 29 de mayo.
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El jefe de Estado colombiano dijo que esa operación se llevó a cabo después de que se realizara un trabajo de identificación que probó que «muchas personas que se encontraban allí estaban vinculadas a grupos armados ilegales», quienes además protagonizaron «un ataque a la fuerza pública», causando heridos.
LO QUE DICE LA ONU
Pese a lo que han dicho Duque y los jefes militares, la Oficina de la Alta Comisionada recordó que entre el 26 y el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso (Putumayo) se realizaba un bazar para recaudar fondos, en el que habrían participado alrededor de 200 personas durante todo el fin de semana.
«El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres», agrega.
La operación militar y el «uso de la fuerza letal» en esa operación dejaron 11 personas muertas y cinco más quedaron heridas y recuerda que «según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida».
PIDEN INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN
Igualmente, el organismo recomendó tomar las medidas «disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido» en esa operación militar.
Por último, también instó a las autoridades competentes para que tomen medidas de prevención, protección y reparación para la comunidad, incluyendo proteger la vida e integridad de testigos y llamó a que también se proteja a «periodistas investigativos que están recibiendo ataques por sus publicaciones sobre Alto Remanso».
Esto en referencia a los periodistas del diario El Espectador, la Revista Cambio y el portal Vorágine que estuvieron en la zona en las últimas semanas y realizaron un reportaje en conjunto para el cual recopilaron cerca 30 testimonios, videos y fotografías con detalles sobre lo ocurrido.
EFE
