Bangkok, 30 de diciembre de 2021.- La oposición prodemocrática reclama un embargo internacional de armas contra el régimen militar de Birmania (Myanmar) que no llega pese a la masacre de civiles y los incendios provocados de aldeas, entre otros abusos, de los que se acusa al Ejército birmano.
Este jueves, la agencia birmana Chindwin News Agency publicó unas imágenes de vídeo en las que se puede observar el humo que se eleva desde las casas incendiadas en una localidad del estado Chin (este) en un supuesto ataque de las fuerzas de la junta militar birmana.
Según la agencia, al menos 55 viviendas fueron quemadas en la aldea Thantlang en medio del conflicto armado entre los soldados birmanos y las guerrillas étnicas y las milicias civiles antijunta contrarias al golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
El pasado octubre, el Ejército birmano fue acusado de incendiar al menos 400 viviendas en distintas localidades en Chin, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos birmana.
MASACRE DE NOCHEBUENA
El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el miércoles la matanza de 35 personas en Birmania, entre ellas cuatro niños y dos trabajadores de la ONG Save the Children, el pasado 24 de diciembre y exigieron el cese inmediato de la violencia en la zona.
El organismo además subrayó la «necesidad de asegurar la rendición de cuentas en torno a este hecho» y el respeto por «los derechos humanos y la seguridad de los civiles», pero no llegó a sugerir la imposición de un embargo de armas al país.
Esta es la demanda de la gran mayoría del movimiento prodemocrático en el país, así como de muchas ONG defensoras de los derechos humanos.
«Un embargo global de armas debería ser la prioridad de acción del Consejo de Seguridad de la ONU», indicó en Twitter el subdirector de Human Rights Watch en Asia, Phil Robertson, tras la reacción del Consejo a la matanza de Kayah.
Rusia y China son los principales suministradores de armas al Ejército birmano y también las potencias del Consejo de Seguridad más cercanas a los uniformados birmanos y a quienes se culpa de vetar el embargo.
Muchos activistas birmanos critican a algunas agencias de la ONU por su ambigüedad en Birmania, donde suelen expresar su «preocupación» por la violencia sin apuntar a veces directamente a la junta militar.
En este sentido, el subsecretario general para los Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, expresó su «horror» el pasado lunes por la masacre de las 35 personas en Kayah e hizo un llamamiento a las autoridades a «investigar» el incidente.
Algunos internautas birmanos reaccionaron irónicamente diciendo que Griffiths debía ser la única persona en el mundo que no sabía que los autores habían sido los soldados birmanos.
El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sí señaló hoy directamente al Ejército birmano como responsable de la masacre en Kayah y pidió «una mayor acción preventiva internacional, incluido un embargo de armas».
RELATO DE LA JUNTA MILITAR
Las autoridades castrenses birmanas insisten en que están luchando contra terroristas, entre los que incluye a las milicias civiles formadas tras el golpe y al Gobierno de Unidad Nacional, el Ejecutivo paralelo integrado por parlamentarios depuestos y activistas prodemocráticos huidos o en el exilio.
Respecto a la masacre del día de Nochebuena, la prensa oficialista publicó que los militares abatieron a un número indeterminado de «terroristas armados» que viajaban en siete vehículos y que no tenían intención de parar ante el requerimiento de los oficiales.
Los militares, liderados por el general golpista Min Aung Hlaing, también acusan a las guerrillas étnicas y los milicianos antijunta de quemar las casas de los civiles en lugares como Chin.
La táctica de quemar viviendas recuerda a la empleada por el Ejército birmano contra miembros de la comunidad rohinyá, a los que también responsabilizaban de los incendios en sus hogares en las campañas de limpieza étnica en 2016 y 2017.
Sí están documentados ataques con explosivos contra colegios, antenas de telecomunicaciones y hasta aeropuertos, así como ejecuciones de funcionarios leales a la junta, por parte de supuestos grupos rebeldes.
El Gobierno de Unidad Nacional ha rechazado cualquier ataque contra objetivos civiles y ha recordado que las fuerzas de la junta han matado a civiles y calcinado los cadáveres en varias ocasiones, incluidos el pasado 7 de diciembre en Salingyi y el día 12 en Myaing, ambas localidades en la región de Sagaing.
Birmania ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Gaspar Ruiz-Canela
EFE
