La paz con las AGC aliviaría la violencia en 322 ciudades de Colombia

FECHA:

La estrategia de Paz Total del Gobierno Nacional es una nueva oportunidad que tiene el país para alcanzar la paz y erradicar los crímenes contra la población civil que se registran en las zonas de conflicto. Lo más importante es que este proceso de diálogo y sometimiento a la justicia tengo en el centro a las víctimas.

Antioquia, Colombia, 27 febrero de 2023.- Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social –Corpades-, hemos logrado mantener un rastreo e identificar todos los escenarios de riesgo por la presencia de grupos armados con alto potencial violento que afectan de manera directa e indirecta a la población.

AGC Y DIÁLOGOS CON EL GOBIERNO NACIONAL

Contexto nacional

En cuanto a la presencia de estos grupos en las ciudades y los campos, nuestra lectura muestra un predominio de las autodenominadas Autodefensa Gaitanistas de Colombia –AGC- en cerca de 322 ciudades que equivalen al 29% del territorio colombiano y cerca del 80% de la zona Andina y el Caribe, donde está concentrada gran parte de la población.

Fuente: Corpades[1].

[1] ¡Antioquia arde! Estos son los grupos ilegales que atizan el fuego cruzado de la violencia narcotraficante. https://analisisurbano.org/map/gruposantioquia/index.html#8/7.142/-75.679
Verdad Abierta[1]

[1] El sabor agridulce que deja la desmovilización en Antioquia. https://verdadabierta.com/el-sabor-agridulce-que-deja-la-desmovilizacion-en-antioquia/
Fuente: Operación Agamenón

La expansión de las AGC desde el año 2018 es real. Con Sede Central en su Bloque Juan de Dios Úsuga desde Urabá, se extiende hacia otros departamentos con las estructuras “Jairo de Jesús Durango”, “Jairo de Jesús Durango Restrepo”, “Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca” y la Estructura “Erlin Pino Duarte”. Sus Bloques mantienen una expansión muy similar a la que en algún momento alcanzaron las Autodefensa Unidad de Colombia –AUC-.

Es necesario mencionar que en el contexto del conflicto actual existen otros actores que están involucrados en los fenómenos de violencia.

Los grupos autodenominados “disidencias de las Farc” han logrado avanzar hasta tener presencia territorial en 230 poblaciones.

Por su parte tenemos identificado que el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, actúa en 189 ciudades.

Otros grupos abren disputas territoriales que son un riesgo para la paz del país.

PERSISTENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS

Esta es una nueva oportunidad que puede tener el país para alcanzar la paz, de ahí la importancia de que todo el pueblo colombiano apruebe y apoye de manera decidida la construcción de la Paz Total.

Sin embargo, una de las dificultades por las que atraviesa cualquier proceso de diálogo es la persistencia del conflicto.

Algunos grupos argumentan que necesitan mantener estrategias de control social, pero esto trae como consecuencia violaciones y vulneraciones a los derechos humanos de la población civil.

En tiempos de negociación, los grupos armados acostumbran erróneamente mostrar poderío a través de la violencia y acciones de terror, bajo la excusa de llegar fortalecidos militarmente a cualquier mesa de negociación.

Es evidente que en Colombia las debilidades institucionales conducen a la única certeza de la ausencia de las garantías de seguridad para las poblaciones que influyen en la repetición de hechos violentos que ya han costado 20 masacres, 17 vidas de personas defensoras de los derechos humanos, confinamientos, desplazamientos forzados, reclutamientos, combates en medio de las poblaciones.

VIOLACIONES DE CESE AL FUEGO

Las acciones violentas que afectan a la población civil continúan, esto podría deberse a debilidad en la estructura de mando y a factores de disputas territoriales por el control territorial que ningún grupo quiere dejar.

Un elemento fundamental es que no existe un mecanismo efectivo de verificación y comunicación para la verificación de cese al fuego y la prevención de acciones que generen riesgo a la población.

  1. El 18 de enero, luego de varias incursiones armadas y una serie de homicidios en el municipio de Nariño Antioquia que se le atribuyen a alias «Camilo» presunto integrante de las AGC. Fueron cometidos otros nuevos asesinatos en esa zona.
  2. El pasado 23 de enero en la vereda Las Cuatro del municipio de Ituango, Antioquia, un grupo de por lo menos doce personas armadas secuestró a dos excombatientes de las Farc, vinculados con el proceso de paz. Posteriormente fueron entregados a la Cruz Roja Internacional.
  3. A mediados del mes de febrero y por disputas entre las AGC y Disidencias de Farc, fueron confinados los habitantes del corregimiento de Puerto López ubicado en el municipio El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. El comercio tuvo que cerrar, mientras que la escuela rural lleva dos semanas sin poder recibir a más de 2.000 estudiantes.
  4. El 25 de febrero un grupo de cerca de 60 paramilitares de las AGC hizo tránsito en la vereda EL Río del municipio de Ituango. Este hecho generó temor entre los habitantes.
  5. 24 de febrero. Una familia del corregimiento de Santa RIta, Ituango, fue amenazada y posteriormente desplazada de su territorio. Se atribuye este hecho a integrantes de las AGC.

Las principales estructuras de las AGC que están violando los derechos humanos son la estructura Occidente y Suroeste  con gran influencia en la subregión del Suroeste y occidente de Antioquia. Se conocen varios casos individuales de amenazas y desplazamientos forzados realidad por este grupo contra líderes sociales y la población en general.

En el norte de Antioquia, más precisamente en Ituango, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, sigue generando riesgos a la población. En hechos ya narrados en el presente texto.

En el Bajo Cauca y en el Nordeste las estructuras Julio Cesar Vargas, Francisco José Morelo Peñata, Luis Alfonso Echavarría, Zuley Guerra y Jorge Iván Arboleda Garcés, continúan realizando acciones armadas que que vulneran los derechos humanos de la población.

Estás violaciones al cese, han repercutido en qué se mantengan índices de violencia altos en cuanto a las cifras de homicidios en las subregiones de Norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

Los frentes de guerra de las AGC en Urabá, Carlos Vásquez, Gabriel Poveda Ramos, Efrén Vargas Gutiérrez y Roberto Vargas Gutiérrez, parece estar más comprometidos con el respeto del cese al fuego, pues los índices vienen en reducción.

RETOS PARA UNA EXITOSA NEGOCIACIÓN

Un acuerdo de paz es un acto formal que tiene como finalidad poner fin a una guerra. En ello es fundamental darle un fin a cualquier hostilidad.

En circunstancias normales, el acuerdo de paz debe incluir disposiciones para garantizar la unidad de mando. El comandante o los comandantes deben tener plena autoridad sobre sus tropas, y nadie más debe tener esa posibilidad de cohesión entre las tropas.

En esencia, entre los integrantes y mandos medios de cualquier estructura armada, existen muchos intereses diferentes. Esto dificulta el lograr un consenso para un acuerdo de paz o para cualquier negociación, hay un riesgo latente de que al interior de las estructuras armadas puedan no exista suficiente cohesión de unidades militares y políticas, además, existen fuertes factores externos como la influencia de potencias extranjeras que afectan el proceso de negociación.

No puede pasar desapercibido el posible asesinato de Wilmar Antonio Giraldo Quiroz, alias “Siopas”, segundo al mando en el Clan del Golfo, quien habría sido asesinado por sus propios hombres desde el pasado martes 14 de febrero y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Este hecho podría fragmentar de manera absoluta la voluntad de paz de la cúpula de las AGC.

Es fundamental entender que uno de los grandes obstáculos para superar el conflicto armado en el país es la persistencia de las causas que lo originaron.

Por un lado, existen múltiples factores que contribuyen a esa continuidad del fenómeno armado. La desigualdad social, la exclusión social generalizada de la población, el control social de grupos armados en todo el país, la prolongación de las economías ilícitas como el narcotráfico y otros factores económicos y políticos desempeñan un papel significativo en la persistencia de estas problemáticas.

Uno de los errores más peligrosos cometidos por el gobierno colombiano luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep, fue no fortalecer su presencia institucional. Esto facilitó el fortalecimiento y el avance de estructuras armadas en los diferentes territorios y una grave crisis en varias zonas del país.

Como recomendación transversal, es necesario un fortalecimiento de los estamentos de control disciplinario, judicial y de orden civil que mejore las capacidades de respuesta y la lucha contra la impunidad.

La participación activa de la población civil en el escenario de las propuestas, será fundamental para hallar la esencia democrática de lo que requiere el país para pasar la página de la guerra. El valor de la reincorporación a la vida civil

La salida política al problema de las drogas ilícitas será relevante para el país, este punto es trascendental en términos de darle salida a un factor relevante en los grupos armados.

El Estado colombiano no puede perder de vista el interés marcado de los cárteles mexicanos de la droga y otras organizaciones trasnacionales que buscan extender la frontera de producción y comercio. Es importante que el papel de las autoridades esté concentrado en impedir que los cárteles de las drogas se fortalezcan en el territorio. 

En el marco del proceso de negociación y de diálogo no puede abandonarse el derecho de las víctimas y del país a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La JEP y justicia ordinaria están llamadas a jugar un papel determinante en este proceso.

A.U

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