El asesinato de un fiscal en la ciudad de Cali, hace una semana, desnudó las graves falencias de seguridad dentro del organismo encargado de encarcelar a los mafiosos de Colombia: la Dirección Especializada de Fiscalías contra el Crimen Organizado (Decoc).
El caso ocurrió a la 1:00 p.m. del pasado 29 de diciembre, cuando Alcibiades Libreros Varela conducía su automóvil particular Citroën por las calles del barrio Limonar. Al detenerse en un semáforo fue atacado por un desconocido que llegó caminando y le disparó en la cabeza y el codo derecho, quitándole la vida en el acto.
Ocho días después, las autoridades no tienen pistas concretas sobre quién contrató al sicario. Los dedos apuntan a muchas partes. Libreros, de 58 años, estaba al frente de la Fiscalía 96 Decoc en Cali y lideraba investigaciones contra violentas estructuras ilegales del Valle y el Eje Cafetero, como las oficinas de cobro sicarial del Distrito de Aguablanca, “los Rastrojos” y “la Cordillera”.
La última captura de alta relevancia llevada a cabo por su despacho fue la de William Herrera, alias “W”, sobrino del fallecido capo del extinto Cartel de Cali, Helmer “Pacho” Herrera (agosto 7 de 2019). El procesado es sospechoso de pertenecer a la “Oficina de Cobro de La 38”.
El pasado 2 de enero, la Fiscalía ofreció una recompensa de hasta $100 millones para quien dé información que ayude a esclarecer los hechos.
Lo insólito del caso es que pese a enfrentar semejantes enemigos, el funcionario no contaba con esquema de seguridad, tal cual denunció ante los medios de comunicación su hermana Carmenza Libreros. “Él pidió protección varias veces para él y su familia, pero se la negaron y mire las consecuencias”, criticó la señora.
Este homicidio destapó un problema latente en la Dirección Especializada de Fiscalías contra el Crimen Organizado: la ausencia de esquemas de seguridad para sus funcionarios, en cuyas manos recae la responsabilidad de atacar a los grupos criminales más poderosos del país, como el Clan del Golfo, el Eln, “los Pelusos”, “los Caparros”, “la Oficina”, “los Pachenca” y las disidencias de las Farc, por citar algunos ejemplos.
El periódico El Colombiano, tuvo acceso a varias quejas y dialogó con algunos de los fiscales Decoc del país, quienes revelaron, bajo reserva de identidad, los riesgos a los que se exponen sin siquiera contar con un chaleco blindado, desarmados y con unas reglas ilógicas de protección, como que los vehículos blindados oficiales no los pueden llevar a sus casas.
Situación en Antioquia
En Medellín este año les retiraron los esquemas de seguridad a tres fiscales, cuyos despachos adelantan investigaciones contra el Clan del Golfo, “la Oficina”, “la Terraza”, alias “Popeye” (exsicario del Cartel de Medellín) y las organizaciones criminales del municipio de Bello, por las cuales han sido amenazados en varias oportunidades.
Ellos aducen que se quedaron solos de manera abrupta, pues en abril había llegado una resolución que renovaba la protección hasta diciembre de 2019 y para el mes de octubre ya les habían quitado los escoltas.
La decisión fue tomada por la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, cuyo jefe fue removido del cargo después. Los afectados no pueden acudir a la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque “se supone que para eso la Fiscalía cuenta con una Dirección, pero hoy nadie en Decoc tiene el apoyo”.
Entre los afectados hay una fiscal que ha estado en la mira de los criminales por las capturas y condenas que ha logrado en la Operación Agamenón contra el Clan del Golfo. En 2016, de hecho, fueron detenidos tres miembros de la banda involucrados en un plan para matarla a ella y a un oficial de la Policía. Los arrestos se dieron en el momento en que ya habían conseguido las armas y estaban contratando a los sicarios.
“Los fiscales debemos desplazarnos por tierra a diferentes municipios de Antioquia, y por lo general vamos solos”, cuenta uno de los funcionarios, añadiendo que esos desplazamientos son a subregiones con un orden público complicado, como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Por tal motivo, algunos de sus compañeros han solicitado armas de dotación a la Fiscalía, sin respuesta hasta ahora.
“Yo he tenido que salir escoltado de Yarumal y Caucasia, en varias ocasiones con acompañamiento de la Policía, cuyas patrullas solo acompañan hasta los límites del municipio. De ahí en adelante es a la mano de Dios”, relató otro servidor público.
La amenaza en la Costa Atlántica
Los fiscales Decoc de esta zona también investigan al Clan del Golfo, al igual que a otros grupos criminales como “los Pachenca”, “la Oficina del Caribe” y las estructuras narcotraficantes que exportan su droga por el mar Caribe. Un fiscal de Santa Marta manifestó que muchas veces ha tenido que desplazarse en transporte público, como cualquier ciudadano, luego de verse las caras con los cabecillas y sus mercenarios en las audiencias.
Un colega suyo de Montería agregó que las dos camionetas Toyota blindadas que tenían para sus desplazamientos en el departamento de Córdoba están averiadas hace varias semanas, por lo cual “no se encuentran en funcionamiento”.
Los Santanderes y la frontera con Venezuela
En Norte de Santander, Santander y la frontera con Venezuela, estos funcionarios deben combatir jurídicamente a las disidencias de las Farc, el Eln, la organización de “Marquitos Figueroa”, “los Pelusos” y otras estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional, el contrabando y el terrorismo.
Una fiscal de Cúcuta indicó que ha sido amenazada en varias oportunidades, incluso con información conocida en interceptaciones telefónicas, y que la Dirección de Protección y Asistencia le negó dos veces la solicitud de un esquema de seguridad.
Otro acusador destacado en Valledupar contó que “me hicieron un estudio de seguridad, en el que me manifestaron que las mejores medidas de seguridad las tomaba yo: me recomendaron mudarme, no asistir a lugares públicos y que además tenía un carro blindado, entonces que no había problema”. Tras esta situación, prefirió pedir traslado para una unidad diferente.
En Bucaramanga, un fiscal relató que la desprotección viene de años atrás. “Hace cuatro años solicité estudio del nivel de riesgo por unas llamadas amenazantes que me hizo un presunto comandante de ‘los Rastrojos’, que me indicaba el nombre de mi madre y el sitio donde residía, por lo cual debí formular la denuncia penal. Se catalogó como nivel normal de riesgo y me mandaban policías a llevarme una serie de cartillas indicativas de medidas de autoprotección”, dijo.
Asegura que en la actualidad sigue teniendo problemas de seguridad, por sus averiguaciones contra policías corruptos y bandas bumanguesas, como “los Pichis”. “El único medio de seguridad con el que yo contaba era una camioneta blindada, la cual lleva más de un año averiada”, aseveró.
Y agregó que, en caso de que se la devuelvan, espera “que me autoricen utilizarla las 24 horas del día y los siete días de la semana, pues no tiene sentido que me baje del vehículo blindado y coja un taxi para irme a mi casa, cuando es sabido que los riesgos no entran en pausa mientras descansamos”.
Lo dicho por él coincide con las versiones de otros juristas, que se quejan porque los carros blindados que les pone la Institución solo los acompañan en la jornada laboral, pero no cuando están en su tiempo libre, dejándolos vulnerables a las retaliaciones, tal cual pasó con Libreros en Cali.
En el Suroccidente y los Llanos Orientales
Un fiscal Decoc de Villavicencio (Meta) reiteró que “en vacaciones quedamos desprotegidos porque el vehículo blindado tiene que amanecer todos los días en los parqueaderos oficiales, según una resolución”.
Un compañero suyo solicitó un estudio de seguridad en 2015, cuando el carro el cual viajaba fue impactado por disparos en Chaparral (Tolima), pero se lo negaron. En ese entonces un grupo ilegal ofreció $200 millones por su cabeza.
Otro fiscal de Ibagué detalló que “Inteligencia Militar me notificó que tenían información de fuente humana sobre planeaciones de grupos de disidencias y redes de narcotráfico para atentar contra mí”. Y uno de Florencia (Caquetá) notificó que “el Ejército me ha facilitado un soldado de Fuerzas Especiales que me acompañaba a las audiencias y a mi casa”.
Todas estas quejas fueron elevadas ante el nivel central de la Fiscalía. Los servidores públicos esperan que pronto llegue la ayuda, antes de que haya más luto en la entidad.
Rechazo internacional a la situación
Marcelo Varona Quintán, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, lamentó lo sucedido y opinó en un comunicado que “el hecho es de gravedad institucional, tanto por su modalidad (mediante sicarios) como por los efectos que se producen en toda la comunidad, y que además tienden a menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en tanto ponen en evidencia la ausencia de dispositivos de seguridad para los fiscales, familiares y colaboradores. Un Ministerio Público Fiscal desprotegido provoca el vaciamiento de las estructuras, o la retracción de las investigaciones, o ambas”.
Por su parte, Luis J. Cevasco, presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, indicó que “el rol del fiscal en la lucha contra el crimen exige que se extremen los recaudos de seguridad para él y su familia, ya que lo coloca constantemente en una posición antagónica con la delincuencia, motivo por el cual reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en ese sentido”.
Tomado de El Colombiano
