El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves la incorporación de 776 nuevos agentes en la Policía Nacional, institución que a diario es denunciada por supuestos abusos, en medio de la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano.
Los 776 nuevos agentes, entre ellos 223 mujeres, egresaron esta mañana del Curso Básico de la Academia de Nicaragua, informó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.
Hasta septiembre pasado Nicaragua contaba con «casi 16.000» agentes en todo el país, según el último dato divulgado por el Gobierno, que no acostumbra decir la cantidad exacta de sus fuerzas de seguridad.
Los nuevos agentes refuerzan a una institución que la oposición identifica como «el brazo represor» del Gobierno del presidente Daniel Ortega, al que los disidentes llaman «dictador».
Desde que Ortega volvió al poder, en enero de 2007, el número de policías en Nicaragua pasó de 6.000 a los «casi 16.000» citados el mes pasado.
La Policía Nacional, que tiene sus raíces en la extinta «Policía Sandinista», ha sido responsabilizada por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer actos de humillación, torturas, trato inhumano, ejecuciones selectivas y violencia sexual, contra opositores.
Tanto Estados Unidos como Canadá han aplicado sanciones económicas al jefe de la Policía de Nicaragua y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, por supuestos actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Actualmente la Policía nicaragüense tiene una estricta prohibición de cualquier muestra de rechazo contra Ortega, así como del uso de la bandera de Nicaragua, a pesar de que la medida es contraria a la Constitución, según los juristas.
La prohibición fue emitida hace 13 meses, luego de que una aparente mayoría de nicaragüenses se alzó en protestas contra Ortega, en abril de 2018.
Dichas protestas han dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Antes de abril de 2018 Nicaragua estaba entre los países más seguros de Latinoamérica, debido a una tasa de homicidios de que llegó a ser de 6 por cada 100.000 habitantes y una tasa de robos de 71,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Desde entonces la inseguridad se disparó, según los opositores, quienes afirman que los policías se dedican a perseguir a los manifestantes antes que a los delincuentes, y que los paramilitares, civiles armados con fusiles de guerra, se dedican a cometer delitos, supuestamente bajo protección gubernamental.
El Gobierno desconoce dichos señalamientos y acusa a los opositores de «terroristas» o «golpistas».
EFE.
