Dentro del Paro Nacional son tantos los casos de violencia policial que se presentan hacia los manifestantes, que hoy esa institución perdió todo tipo de legitimidad en la sociedad, tanto así que gran parte de la comunidad y algunas organizaciones sociales defensoras de derechos humanos piden con urgencia una Reforma a la Policía.
Por Yurany Alzate
Colombia, 22 junio de 2021.-
Más de 50 días lleva Colombia en un estallido social que evidencia el inconformismo de la gente con el gobierno de Iván Duque. Aunque el Comité del Paro anunció el cese de las movilizaciones, muchas personas continúan en las calles de cada ciudad, de cada municipio del país, sin importar la represión que hay por parte de las instituciones estatales sobre los manifestantes.
Represión que denuncian las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como lo es la ONG Temblores, quienes establecen que desde del 28 de abril, día que inició el Paro Nacional, hasta el pasado 16 de junio, se registraron 4285 hechos de violencia cometidos por la fuerza pública, sin incluir los posibles casos de desaparición forzada.
Contexto
Otro joven es asesinado en Colombia en medio de las manifestaciones.
Esas cifras demuestran que en Colombia hay una política pública que vulnera los derechos humanos de la población, tanto así que 64 personas fueron asesinadas en medio de las protestas, entre ellas, 43 son responsabilidad de policía y las otras 21 están en investigación, indica la ONG Temblores.
43 personas presuntamente asesinadas por esa institución que según la Ley 62 de 1993 tiene como objetivo “proteger los derechos fundamentales tal como está contemplado en la Constitución Política”.
La vida es sagrada, pero la represión que ejerce el Gobierno Nacional sobre los que salen a las calles a marchar, termina con los sueños, las metas y las ilusiones de la gente. Esa es la respuesta del presidente Iván Duque a los llamados que hace la comunidad por un mejor país: acabar con las protestas sin importar los niveles de violencia que ejerce las fuerza pública, en especial la Policía en cabeza del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD.
Entre las víctimas que dejan las movilizaciones en Colombia, están los jóvenes, quienes llevan el paro al hombro, quienes se organizaron para rechazar no solo la Reforma Tributaría, sino también, el asesinato a líderes y lideresas sociales, el deterioro del sistema de salud, la precarización laboral, la crisis social y económica, y sobre todo las políticas autoritarias, arbitrarias, injustas e inequitativas.
“Cabe establecer que la violencia de la fuerza pública hacía la comunidad no es solo de ahora” indica Leyder Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, sin embargo, en esta ocasión queda registrada en vídeos de los ciudadanos, por eso, no tienen forma de desmentir su actuar, la violencia tan grande, sistemática y visible que ejercen en contra del pueblo solo por tener armas, por ser la “autoridad”, ”los que mandan”, como suelen decirlo.
También hay denuncias de que la Fuerza Pública, trabaja en compañía de civiles armados. Eso lo afirmó el congresista Feliciano Valencia y se evidenció el pasado 9 de mayo, cuando atacaron a la Minga Indigena en Cali. En diferentes videos que rodaron por redes sociales, se nota como la policía protege a los que disparan y no a las 10 personas que recibieron impactos de bala en ese momento.
Por eso, no hay confianza en las instituciones del Estado, dice Perdomo, que también se pregunta “si la Policía Nacional olvidó como inicio del paramilitarismo en el país”
“Hay una sociedad que resiste en las calles, soñando con un mejor país, quizás con miedo
sí, pero lo transformamos en lucha y resistencia. También, hay una policía que perdió todo tipo de legitimidad en la sociedad y unas cifras muy preocupantes de violación a los derechos humanos por parte de las instituciones que nos tienen que cuidar. Ya no podemos confiar ni el mismo Estado, por ellos nos matan” afirma Cristián Giraldo, un joven del municipio de Girardota, que fue agredido por el ESMAD el 14 de junio, solo por ser “marica” nos cuenta él.
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La protesta social es un derecho constitucional, el artículo 37 lo afirma, pero Iván Duque no pensó que el pueblo iba a reaccionar, por eso la opción más favorable para él fue dar la orden de “desplegar máxima capacidad de la fuerza militar contra el Pueblo” y hoy gracias a eso, es que se presentan tantos casos de abuso policial.
Antioquia, es un blanco para la violencia Uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado durante la historia, no es ajeno a los casos de represión y abuso policial. Según el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos humanos, del 28 de abril Hasta el 10 de junio, se presentaron 1553 denuncias, entre esas 2 asesinatos. Al parecer la vida vale menos que un vidrio, menos que la bala que los mata, como diría Eduardo Galeano.
Entre las denuncias que hay por violencia policial está el caso del fotógrafo Esteban Colorado, un joven de 21 años capturado en Caldas, Antioquia, mientras registraba con su cámara la protesta.
“Nunca me había sentido tan humillado, tan maltratado. Me golpearon, me escupieron, me dañaron la cámara mientras aseguraban que yo estaba cometiendo actos vandálicos. No me dejaron comunicarme con nadie y dijeron que tenía que declarar en mi contra, aceptar que me detuvieron por estar de gamin, cuando nunca fue así”, expresó Colorado.
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Igual que Colorado, otros jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria, nos indican desde el Proceso Social de Garantías, como fue el caso de Sara Jeseht Zuluaga Giraldo, Kevin Calderon, Sebastián Giraldo y Enrique Quintero. A quienes les dieron detención preventiva tras ser denunciados penalmente por dos policías por “lanzar botellas, piedras y golpearlos”.
Sin embargo, días después, los dejaron en libertad gracias a un vídeo que rodó en redes sociales donde se demostró que ninguno de los jóvenes atacó a los uniformados, que antes, fueron ellos los que recibieron golpes y después los detuvieron, sólo por estar parados en una esquina mirando los enfrentamientos.
Muchas personas en el país, se preguntan ¿cómo saber que las capturas de la Policía en medio del Paro Nacional, no son posibles casos de falsos positivos judiciales? y además, ¿cómo nos aseguran que las personas a las cuales llaman “vándalos” sí estaban cometiendo algún delito?
Por ejemplo, Dayron Idarraga, más conocido como Kbalac, Sergio Monsalve y Nicolás Cuartas, habitantes de Medellín, le preguntan a la Fiscalía y a la Polícia ¿por qué sus rostros salen en el cartel de los vándalos más buscados?
“Damos la cara porque no somos ningunos vándalos, ningunos delincuentes. Salimos a marchar y eso no es un crimen, pero ahora, la policía perjudica nuestras vidas, nuestra seguridad, trabajo, al decir que cometimos actos ilegales en la manifestación del 28 de abril. Les preguntamos qué pruebas tienen, que nos muestren o que quiten la foto de nosotros, pero no responden” afirmó Kbalac, quien también indica que “ya no puede caminar la ciudad con tranquilidad por miedo a que le pase algo a él, a su hijo o a su madre”
En este Paro Nacional, los ataques de la policía no son solo para los manifestantes, también para los equipos de prensa, la Misión Médica y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Nosotros velamos por la seguridad y la vida de las personas. Siempre observamos un lugar, entre comillas seguro, para instaurar el puesto de atención, pero igual es un riesgo. El ESMAD no respeta nada, nos ve con personas lastimadas y aún así nos gasea o se meten con las motos atacarnos, como ha sucedido durante todos estos día. Pedimos que se respete el Derecho Internacional Humanitario” señala Juan David López, estudiante de medicina de la UdeA que acompaña la movilización desde el pasado 28 de abril cuando se dio el estallido social.
Así mismo, Juliana Ramírez Rodas, defensora de Derechos Humanos de Ciudad en Movimiento, fue atacada por el Esmad mientras cumplía su labor “cuáles putos derechos humanos, nos decían, gaminas”. Para ella, ser mujer y cumplir esta labor es muy complicado, porque hay una persecución hacia las personas que denuncian los casos de violencia y abuso policial dentro del Paro nacional.
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“Lo que hace la Fuerza Pública es atacar a las personas de APH, derechos humanos y prensa, para que después no haya nadie que garantice, proteja y tome evidencia de las arbitrariedades que hacen” señala Ramírez.
Además, “a las mujeres nos atacan, por ser mujeres», resalta Ramírez “no solo le tenemos miedo a los grupos armados al margen de la ley, también a la policía, al ejército. Sus insultos siempre hacen referencia a lo que somos: que con ese cuerpo no provocan nada, que porqué estamos en la calle, que somos machorras”
De hecho, la ONG Temblores, afirma que en el marco del Paro Nacional, Colombia registra 28 casos de violencia sexual y 8 víctimas de violencias basadas en género por parte de la Fuerza pública.
Frente a las denuncias que se presentan en Antioquia, Análisis Urbano se comunicó en varias ocasiones con el equipo de prensa del Departamento de la Policía de Antioquia -DEANT- y con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para conocer la versión de la institución sobre estos casos y además, para preguntar cómo se controla el abuso de autoridad en las calles, pero no hubo respuesta.
Igualmente, con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, ya que es el municipio del Valle de Aburrá que más denuncias presenta “se dispuso de un canal de denuncia e investigación que coordina la Policía con la Secretaría de la No Violencia. Todas las denuncias se evalúan una a una” afirmaron desde la oficina de comunicaciones.
Sin embargo, al consultar con las otras dependencias : Secretaría de la No Violencia y Sub Secretaría de Derechos Humanos: ¿de qué manera se articulan con las organizaciones sociales para atender los casos de violencia policial? No se pronunciaron.
El Paro Nacional no acaba, los atropellos de la Policía tampoco, afirma el abogado Perdomo, “por eso, es necesario pensar en una Reforma para esa Institución, que durante años ha violando los derechos humanos de la sociedad civil y quién responde: NADIE”.
