Nueva York, 11 de abril de 2022.- La Policía de Nueva York incumplió su propia política de despedir a agentes que mintieran en investigaciones internas sobre su conducta o de otros compañeros, y tampoco reveló adecuadamente sus antecedentes a los acusados de un delito, negándoles un juicio justo, concluye un informe dado a conocer este lunes por la organización LatinoJustice PRLDEF.
El informe de la organización de derechos civiles “Protegidos de la Responsabilidad: Cómo oficiales de la Policía de Nueva York se salen con la suya mintiendo a la CCRB (Junta de revisión de quejas civiles, que investiga querellas de neoyorquinos sobre los agentes) cubre 144 casos que involucran a 181 agentes de la Policía de Nueva York desde 2010 hasta 2020.
“Durante demasiado tiempo, los agentes que han mentido durante las investigaciones sobre su conducta no han sufrido consecuencias, lo que termina animando a otros policías, inclinados a mentir a que sigan haciéndolo”, afirmó Lourdes M. Rosado, presidenta y consejera general de LatinoJustice PRLDEF.
LatinoJustice indicó en un comunicado que obtuvo los datos evaluados tras la derogación en 2020 de una normativa que databa de 1976 e impedía que se hicieran públicos los registros de investigaciones y acciones sobre la conducta de los agentes del orden, bomberos y oficiales de prisiones.
Aquella norma se adoptó para evitar que los abogados de defensa penal utilizaran dichos registros en el interrogatorio de policías durante procesos penales, y por años grupos que reclamaban reformas en la Policía lucharon por su derogación, a lo que se oponían los sindicatos oficiales.
La investigación arrojó que los hallazgos de la Junta enviados al Departamento de Policía se basaron «en pruebas sólidas», pero que solo castigó a 5 de los 181 agentes, y ninguno de ellos fue despedido. De acuerdo con la organización, la Policía se defendió argumentado que la Junta envió «casos débiles».
LatinoJustice citó el caso de un oficial que vio a su compañero agredir a un civil en un ascensor y que mintió a la Junta, pero su testimonio fue después desmentido por imágenes de una cámara de seguridad, al igual que pasó en otro caso de un estrangulamiento ilegal en el que los agentes negaban haber hecho «contacto con el cuello» de la víctima.
«Las investigaciones de la Junta fueron justas, exhaustivas y realizadas de acuerdo con las estrictas normas de la agencia, pero la Policía, sin embargo, no castigó a la gran mayoría de los oficiales que mintieron, e incluso a aquellos que fueron castigados se les rebajó el delito a una «declaración errónea», indicó LatinoJustice.
La ONU aboga para que la autoridad disciplinaria no dependa del jefe de la Policía, que se despida a los agentes que mientan, que se publiquen los informes de la Junta y que esa información se proporcione a los defensores públicos.
EFE
