Lima, 4 oct – La presidente de Perú, Dina Boluarte, afirmó este viernes que su Gobierno enfrentará a la delincuencia «con mano dura y sin contemplaciones de ningún tipo», además de señalar que el delito de «extorsión tiene las horas contadas» en su país.
«Ningún peruano merece ser víctima de la delincuencia», enfatizó Boluarte durante la inauguración de la nueva central telefónica 111, instalada por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que la ciudadanía pueda denunciar los crecientes casos de extorsión.
«Hoy reafirmamos nuestros compromiso de enfrentar a la delincuencia con mano dura», remarcó antes de señalar que «en esta guerra no hay tiempo que perder, el Perú nos necesita unidos para enfrentar a la delincuencia».
Boluarte dijo que su país «vive momentos decisivos que demandan la unidad de todos los peruanos y el uso de todas las herramientas necesarias para acabar con la delincuencia».
«Aquí demostraremos con hechos el trabajo conjunto frente a este tipo de delitos. La extorsión y el sicariato no nos vencerán, nosotros los llevaremos tras las rejas», remarcó.
Según la información oficial, la nueva Central 111 de la PNP ofrecerá un servicio gratuito y confidencial para denunciar «de manera inmediata cualquier acto de extorsión y recibir protección oportuna por parte del personal policial».
El servicio estará a cargo de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la PNP e interconectado con la Central de Emergencias 105, por lo que podrá recibirá imágenes, audios y videos que los ciudadanos compartan para que sean analizados por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex).
El Gobierno de Perú presentó este jueves un proyecto de ley que califica como «terrorismo urbano» los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a la ola de criminalidad denunciada por transportistas y gremios empresariales.
El Ejecutivo peruano adelantó hace una semana que iba a enviar ese proyecto al Congreso, luego de que el gremio de transportistas de Lima acatara un paro para protestar contra la ola de extorsión.
La propuesta define al terrorismo urbano como los «actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella» a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión.
Propone que las condenas para este delito no sean menores a 30 años de cárcel y se conviertan en cadena perpetua cuando quienes lo cometen pertenezcan a las Fuerzas Armadas o Policía, usen armamento o material de guerra y utilicen a menores de edad o a personas inimputables para cometerlo.
Aunque este proyecto ya llegó al Congreso, el pleno reunido el jueves debatió otra propuesta similar planteada por legisladores, pero luego decidió que la Comisión de Justicia aún deberá recoger otros aportes y sugerencias sobre la iniciativa, según declaró el presidente de ese grupo de trabajo, Isaac Mita.
EFE