Brasilia, 2 de agosto de 2022.- Un proyecto de ley que propone amnistiar a los policías condenados por la matanza de 111 presos en la cárcel brasileña de Carandirú fue respaldado este martes por una comisión parlamentaria y dio otro paso hacia su aprobación en la Cámara Baja.
La propuesta es impulsada por grupos políticos que apoyan al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y fue aprobada por la mayoría oficialista en la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados.
Ahora será analizado por otra comisión, que deberá discutir la «constitucionalidad» del proyecto, que si fuera aprobado también en esa instancia pasaría al pleno de la Cámara y luego al Senado, que tendrá la palabra final antes de una eventual promulgación.
Lo que se recuerda como Masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando la Policía Militarizada reprimió a sangre y fuego una rebelión y mató a 111 presos, a muchos de los cuales se les aplicó la llamada «ley de fuga», según denunciaron en la época varios movimientos de derechos humanos.
Por esos hechos, la Justicia llegó a juzgar y condenar a penas que oscilaron entre 48 y 632 años de prisión a 74 policías, pero las condenas no han terminado de ejecutarse debido a diversas maniobras de sus defensas en los tribunales.
El diputado Gilson Fahur, sargento de la Policía Militarizada y uno de los impulsores del proyecto, criticó este martes la forma en que fueron conducidos los juicios contra los responsables.
«Después de casi 30 años, los policías que actuaron en ese fatídico episodio todavía enfrentan procesos judiciales de una forma injusta», pues «ha sido imposible determinar si hubo excesos dolosos y mucho más individualizar la conducta» de cada uno de ellos.
Bolsonaro, quien aspira a renovar su mandato en las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de octubre, justo cuando se cumplirán 30 años de la Masacre de Carandirú, ha defendido en muchas ocasiones a los policías condenados.
Según sostiene el líder de la ultraderecha, los policías que «matan» en ejercicio de sus funciones de combate a la delincuencia «no deberían ser condenados ni juzgados», sino que merecerían ser «condecorados» por el Estado.
EFE
