La recusación que frenó el proceso contra Odebrecht en la SIC

Foto El Espectador

La esperada sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Odebrecht, que tenía previsto conocerse esta misma semana, se enredó. Hace más de un mes, la delegatura para la protección de la competencia profirió un informe motivado pidiendo sancionar a Odebrecht y sus socios por los sobornos entregados para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2. El caso pasó al despacho del superintendente Andrés Barreto, y se dijo que la sanción se daría en semanas. En el camino, sin embargo, Barreto fue recusado por la constructora brasileña y por el Grupo Aval, con lo que la ansiada definición de esta arista de uno de los casos de corrupción más importantes del país quedó en pausa.

La conclusión del informe motivado, un documento de 350 páginas, que tenía como antecedente el pliego de cargos que ya había proferido la SIC en 2018, fue implacable: que el conglomerado de Odebrecht, su socia Episol, así como la fiduciaria Corficolombiana -del Grupo Aval-, reunidos en la Concesionaria Ruta del Sol, hicieron acuerdos contrarios a la libre competencia, para que les adjudicaran la Ruta del Sol 2. El Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones sustentaba sus hallazgos en testimonios, sentencias judiciales, documentos de la Fiscalía, entre otras pruebas. Pero antes de que Barreto pudiera tomar una decisión, llegó a su despacho la recusación.

El Espectador conoció el documento que envió Odebrecht a la SIC. Según se lee allí, el superintendente debe alejarse del proceso, pues “emitió concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones objeto de la misma, cuando aún no había asumido competencia para conocer de la investigación”. Es decir, Barreto se habría pronunciado sobre el proceso contra la constructora brasileña cuando la investigación ni siquiera estaba en su despacho, pues todavía la llevaba en etapa preliminar la delegatura para la protección de la competencia. Esta división de las funciones, agrega la compañía, “busca garantizar el debido proceso de los investigados”.

El informe motivado pide que la Constructora Norberto Odebrecht S. A., Odebrecht Participaçoes e Investimentos S. A., Corficolombiana, Episol y Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. sean declaradas responsables por las irregularidades en la adjudicación en 2009 del contrato por más de $2 billones. Asimismo, pide declarar la responsabilidad en el pacto ilícito del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, uno de los delatores del caso Odebrecht en Colombia y quien recibió el soborno de la brasileña. No obstante, esta documentada investigación sirve solo como la fase previa o de instrucción en el proceso sancionatorio, pues la decisión final es del superintendente.

En teoría, el jefe de la SIC solo conoció de primera mano el expediente desde que aterrizó en su despacho en julio de este año. A finales de ese mes le entregaron el informe motivado. Sin embargo, según la recusación, por lo menos en dos ocasiones Barreto habría dado “conceptos” sobre el caso, declaraciones que fueron registradas en medios de comunicación y adjuntadas como prueba. La que más reprocha la constructora brasileña fue una entrevista que el superintendente dio en octubre de 2019 al diario El Tiempo, casi nueve meses antes de que culminara la investigación. Allí dijo: “Estimo que para inicio de 2020 se tendrá lista la sanción para Ruta del Sol”.

Para Odebrecht, lo dicho por Barreto en esa entrevista “representa una afectación a los derechos al debido proceso y garantías de imparcialidad y presunción de inocencia”, pues “sin haber concluido la instrucción y práctica de pruebas ante la delegatura, el superior jerárquico de la entidad, es decir, el superintendente de Industria y Comercio, ya había manifestado en los medios que la entidad que él preside iba a imponer sanción”. En otras palabras: quien hace las veces de juez se habría pronunciado sin que concluyera la investigación. La constructora brasileña reprocha además que ese comportamiento “no fue un hecho aislado”, según dice el escrito de recusación.

La compañía suma otra declaración que dio Barreto en diciembre de 2018, en la celebración del aniversario 50 de la SIC. Allí, ante cámaras e invitados al evento, el super dijo: “Creo que ahí hay suficiente carga probatoria para empezar a determinar responsabilidades”, refiriéndose a medidas que tomarían en el caso Odebrecht. Según la defensa de la constructora, “no queda duda de que el concepto emitido por Barreto tiene una referencia directa al asunto que debe decidir, el de la Ruta del Sol 2, y que él mismo no solo se refirió al asunto, sino que conllevó una decisión de sanción anticipada, con violación flagrante del principio de inocencia de los investigados”.

Con la recusación en su despacho, Barreto deberá decidir si se declara impedido para continuar con el proceso. “De no apartarse, entonces, Barreto de la investigación se violentarían todas las garantías del debido proceso e imparcialidad que deben estar inmersas en toda actuación administrativa”, advierte la constructora. Si el jefe de la SIC se aparta, su superior, el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, tendría que resolver el impedimento y allí hay dos caminos: que lo niegue y Barreto siga al frente del caso, o que le dé la razón a Odebrecht. De ser esta última la decisión, el propio Restrepo sería el llamado a tomar la decisión de si condena a la multinacional brasileña y a sus socios, como ya lo recomendó la delegatura de la Superintendencia.

Pero así, esta histórica disputa podría tener otro capítulo. Restrepo forma parte del gabinete del presidente Iván Duque y, en teoría, su jefe directo es el primer mandatario. Y allí es donde podría existir otra posible recusación. Duque, siendo senador en 2017, le envió una carta a Barreto en la que le pedía: “Establecer responsabilidades administrativas en el caso particular del Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol”. Y luego, ya en el Gobierno, le pidió mayor celeridad en este proceso. Dos pronunciamientos sobre el caso Odebrecht que también podrían causar una recusación a quien estaría llamado a sancionar a las empresas. Así las cosas, este episodio del escándalo de corrupción, que tenía planeado acabar esta semana, todavía tiene tela por cortar.

Tomado El Espectador

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