La reforma a la Ley de Concertación Tributaria, aprobada a finales de febrero pasado por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, ha dejado mayor desempleo y un aumento de la pobreza en Nicaragua, según un estudio divulgado este miércoles por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El Cosep, principal cúpula patronal de Nicaragua, presentó el informe denominado «Evaluación y consecuencias de la reforma tributaria 2019», en la que concluyen que esa enmienda ha dejado más resultados negativos que positivos, incluyendo el cierre de negocios y mayor informalidad.
«Lo que ha hecho esta reforma tributaria, básicamente, es que las empresas perdamos liquidez, productividad, empleo, pagos de deudas, ofertas de servicios, utilidades e inversión», precisó el titular del Cosep, José Adán Aguerri, al hacer un balance a los periodistas.
«Las empresas se han visto afectadas de forma tal que hoy ha aumentado la informalidad (laboral), los costos financieros, los problemas de carteras, el comercio ilícito, los precios al consumidor, y en este sentido la pobreza», agregó.
Según el estudio, esa reforma fiscal está afectado en tres formas a los nicaragüenses: precios al alza al consumidor final, al menos 40.000 trabajadores que han perdido un empleo formal, y unas 7.800 familias que han pasado a ser pobres.
La reforma fiscal, según el presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, también ha dejado una caída de un 10 % en la recaudación tributaria.
Las empresas, indicó, han tenido que reducir sus presupuestos, lo que significa más desempleo, menores incentivos a los trabajadores, limitación de las capacitaciones, menos inventarios, caída de las ventas por el aumento de los precios, reducción de gastos, así como reducción de inversiones.
«Las empresas están resistiendo lo más que pueden, pero van a llegar un momento en que ya no podrán resistir», alertó.
En medio de la crisis social, política y económica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, el Gobierno de Daniel Ortega promovió una reforma a la Ley de Concertación Tributaria que, entre otros, eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
Esa reforma, que ha provocado una reducción del empleo en el sector industrial de entre 30 y 35 %, fue propuesta con el objetivo de recaudar unos 312 millones de dólares, el equivalente al 2,3 % del PIB, para enfrentar la caída de la economía, que el año pasado se contrajo un 3,8 %.
El Gobierno había proyectado para este año un nuevo decrecimiento de -1,1 % y ahora lo actualizó a un -3,5 %.
La previsión para 2019 es de otra contracción de entre el 5,4 % y 6,8 %, según la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente.
Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción de 5,7 % del PIB este año.
Para el 2020, el FMI espera que el PIB se contraiga «más moderadamente» en un 1,2 %, «antes de recuperarse gradualmente a un nivel de bajo de crecimiento hacia el mediano plazo».
En tanto, el Gobierno de Ortega estima un crecimiento de 0,5 % en 2020.
EFE.
