La renuncia del fiscal general muestra el «colapso» de la Justicia de Panamá

FECHA:

Panamá, 25 febrero.- El caso de los abusos sexuales y sicológicos a menores en albergues de Panamá le costó el cargo al fiscal general, Eduardo Ulloa, el primer funcionario que dimite por este escándalo, un paso que ha sido interpretado como un acto «irresponsable» que desnuda el «colapso» de la Justicia en el país.

La renuncia de Ulloa, efectiva a partir del 1 de marzo, ocurre en medio de las investigaciones incipientes de los abusos en albergues y cuando se preparan las vistas fiscales, de cara al inicio de los juicios, de los casos de corrupción de alto perfil más importantes en la historia del país: las tramas de sobornos de Odebrecht y FCC, que involucran centenares de imputados, incluidos expresidentes, exministros y empresarios.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz, «la salida de Ulloa no hace otra cosa que agravar la crisis en materia de justicia que vive Panamá, que acumula desde hace años varios casos, no sólo los recientes» en un evidente «colapso» del sistema.

Esta renuncia debe servir como «una radiografía, de que no importa quién ostente el cargo (de procurador) sino que se trata una estructura colapsada, destinada a vivir sin poder responder a los tiempos actuales», añadió Araúz.

Desde hace años el sistema judicial panameño es visto como ineficiente y hasta corrupto, con denuncias de los propios magistrados sobre supuestas ventas de fallos, lo que dado pie a afirmaciones como la reiterada a Efe por el experto constitucionalista Ernesto Cedeño de que en Panamá «no hay certeza del castigo».

LOS ABUSOS EN LOS ALBERGUES DE MENORES

El escándalo de los abusos en albergues motivó la dimisión de Ulloa, según él mismo señaló en su carta de renuncia, una explicación que ha generado duras críticas y conjeturas sobre supuestas fuertes presiones por parte de presuntos involucrados en los casos que investiga la fiscalía.

«Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal», dijo Ulloa, que expresó que espera que su salida «contribuya a la reflexión» de la población para que se alcancen «los objetivos que como nación todos buscamos».

En la capital panameña no cesan las protestas de grupos de jóvenes y activistas que denuncian la inacción y hasta supuestas maniobras de encubrimiento por parte de las autoridades – no hay nadie preso ni destituido – frente al escabroso caso de los albergues, destapado hace más de dos semanas por un informe parlamentario según el cual estos vejámenes se remontan al menos a 2015.

En Panamá los albergues son administrados por ONG’s y fundaciones pero deber ser supervisados por el Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)- que en muchos casos además les otorga fondos públicos.

El informe parlamentario dice que las víctimas son decenas de menores de al menos catorce albergues – el país cuenta con medio centenar con una población de cerca de 1.200 niños y adolescentes – que fueron sometidos a violación sexual, maltratos físicos y psicológicos y condiciones de vida «infrahumanas».

UNA RENUNCIA «COBARDE»

La Fiscalía dijo el miércoles a Efe, poco antes de conocerse la dimisión de Ulloa, que investigará a los «54 albergues» en todo el país, y confirmó que hay abiertas 8 expedientes.

«Es totalmente irresponsable e incongruente» la renuncia de Ulloa, ahora será mucho más difícil para el Presidente de la República decidir quién estará en el cargo porque no sé quién lo va a querer. Es una decisión de cobardía», dijo a Efe la abogada y activista feminista Irma Hernández.

La diputada Walkiria Chandler, quien estuvo a cargo de las investigaciones de los abusos, calificó como «lamentable» la salida de Ulloa en un momento de tan «sensitivo».

El diputado independiente Juan Diego Vázquez afirmó asimismo que aunque el fiscal general ostenta un «gran poder» en Panamá, la salida de Ulloa parece confirmar una vez más «que los poderes políticos y económicos manejan al país independientemente de la ley y la justicia».

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