Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos referimos a aquellas prerrogativas que son inherentes a todos los ciudadanos y que hacen parte integral del concepto de dignidad humana y por ende gozan de protección constitucional y legal. En Colombia, el artículo 49 de la Constitución Política establece la salud como un derecho fundamental, lo que se ha corroborado a lo largo de la amplia Jurisprudencia Constitucional. No obstante, el acceso a la salud cada día se restringe más, tanto en cantidad como en calidad, ello a pesar de la protección constitucional y legal que se ha pretendido otorgarle, verbigracia, a través de la ya mencionada jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y últimamente a través de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que en su artículo primero reza: «La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección», en definitiva, con dicha ley, se procuraba mejorar el acceso a los servicios de salud, eliminar las autorizaciones para atenciones de urgencias y ejercer un mayor control sobre el precio de medicamentos.
Lamentablemente, la realidad es totalmente contraria a lo estatuido en la normatividad vigente, día a día el derecho fundamental a la salud se desvanece ante la voracidad de los «grandes» empresarios del sector, para quienes prevalece su mezquino afán de lucro sobre la necesidad básica de atención en salud de los colombianos. Los dineros recaudados por el Sistema General de la Seguridad Social, como por arte de magia, se van disipando entre las IPS, las EPS, las ARL, los agentes corredores y demás entidades privadas involucradas en dicho sistema; sin lugar a dudas la salud se convirtió en un negocio, los prestadores del servicio son ávidos y poderosos comerciantes, los pacientes perdimos dicha calidad y nos convertimos en clientes y las condiciones laborales de los trabajadores, en la gran mayoría de los casos son deplorables, todo ello con un agravante y es que ni siquiera como clientes recibimos el trato digno que mereceríamos como principales financiadores del sistema.
Aunado a lo anterior, encontramos que el Sistema General de la Seguridad Social, ni siquiera entendido como negocio, ha logrado satisfacer efectivamente la demanda de los usuarios de la salud; el llamado «paseo de la muerte», maña inmoral y asesina se ha convertido en práctica cotidiana de los entes prestadores de salud; a ello se suma la falencia en la calidad y cantidad del talento humano de dichas empresas, el perverso «triaje», que responde más a la imposibilidad de prestar un servicio eficiente en los centros de urgencias que a parámetros médicos serios, la inaccesibilidad a especialistas y el suministro deficiente de medicamentos y procedimientos, para mencionar solamente algunas de las infamias del sistema.
En defensa del sistema se alega la falta de recursos humanos, técnicos y económicos, sin embargo, ello se desvirtúa si se mira con detenimiento la excelente atención en salud que reciben ciertos sectores de la población colombiana gracias a su cargo, dignidad o solvencia económica; por ejemplo, la atención que reciben los afiliados a medicina prepagada, cuyos costos solamente son accesibles a un porcentaje ínfimo de colombianos, para poner un solo ejemplo, quienes gozan de esta asistencia no deben sufrir en los servicios de urgencias de las IPS las perversidades del denominado «triaje», basta con acreditarse como usuario de una entidad de medicina prepagada para que inmediatamente sea hospitalizado y atendido de manera preferencial por el personal médico de turno. Igual sucede con todo aquel que cuente con los recursos suficientes para sufragar de su bolsillo los altísimos costos de la salud en nuestro país, para ellos igualmente desaparecen ipso facto las falencias del sistema.
Asimismo, encontramos las prebendas de las que gozan los altos dignatarios del Estado y todo aquel que, por uno u otro motivo, se convierta en figura de importancia pública en el país. Como muestra de ello, encontramos los emblemáticos casos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien por una afección en su próstata tuvo la posibilidad, incluso, de obtener asistencia médica en el extranjero; ídem, sucedió con el senador de la República Álvaro Uribe Vélez, quien igualmente disfrutó de las bondades del sistema ante una enfermedad similar a la su hoy contradictor político; también se pueden mencionar los casos del ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe y del hoy excombatiente Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, quienes gracias a su figuración pública, vienen recibiendo tratamientos médicos preferenciales para los males que hoy los aquejan.
Sin embargo, no se pretende desconocer el derecho que tienen los mencionados a una atención oportuna y eficiente en salud, en hora buena por ellos, por el contrario se trata de llamar la atención sobre las inequidades del sistema y demostrar que sí es posible que los ciudadanos colombianos recibamos una atención en igualdad de circunstancias, sin importar nuestro estatus económico, político y/o social, tal como lo demanda el hecho de ser la salud un derecho fundamental y por lo tanto inherente a la dignidad humana.
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