Miami, 10 mar– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este miércoles su «condena y preocupación» ante las amenazas que disidentes de las FARC hicieron contra las colombianas Claudia Gurisatti y Vicky Dávila por sus «investigaciones periodísticas sobre personas al margen de la ley y prófugas de la justicia».
Gurisatti, directora de NTN24 y vicepresidenta general de medios de comunicación de la Organización Ardila Lülle, y Dávila, directora de la revista Semana, recibieron mensajes amenazantes a través de videos publicados en la red social Telegram, provenientes de Jesús Santrich, exjefe guerrillero y disidente de las FARC, explica la SIP en un comunicado.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, que tiene su sede en Miami (EE.UU.), y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, expresaron su «preocupación por las amenazas» y destacaron la solidaridad de la organización «con las colegas».
Canahuati, titular de la empresa mediática Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, agregaron que «la SIP se mantiene en estado de alerta ante las amenazas, que aparentan ser una retaliación por investigaciones periodísticas sobre personas al margen de la ley y prófugas de la justicia».
Según informó este martes el director de la Policía colombiana, general Jorge Luis Vargas, las dos periodistas colombianas han recibido amenazas por parte de las disidencias de las FARC.
El alto oficial explicó que las amenazas contra Gurisatti y Dávila las hizo en vídeos Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich».
El principal grupo de disidencias, llamado «nueva Marquetalia» (por el lugar de fundación de las FARC en 1964), está liderado por Luciano Marín, alias «Iván Márquez», quien fue jefe negociador de esa guerrilla para el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, y por Santrich, pedido en extradición por narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.
El 29 de agosto de 2019, Márquez y Santrich anunciaron en un video que regresaban a las armas, alegando una supuesta traición del Gobierno al acuerdo de paz y desde entonces permanecen en la clandestinidad.