Buenos Aires, 19 de octubre de 2021.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe denunciando que, durante los últimos meses, «varias acciones judiciales afectaron a la libertad de prensa» en Argentina, un país marcado por la «polarización» del debate público en pleno proceso preelectoral.
Se trata de un informe preliminar que deberá ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea General de la SIP, una reunión virtual que se celebra desde este martes centrada en la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios.
El primer caso citado por el documento sobre la situación argentina es el del periodista Daniel Santoro, «el ejemplo más emblemático de acoso judicial de los últimos años» en el país suramericano.
Aunque su procesamiento fue anulado en un principio por la Cámara Federal, Santoro volvió a ser procesado por un juez subrogante de Dolores, municipio de la provincia de Buenos Aires, «sin ningún elemento novedoso ni prueba alguna de su complicidad con la fuente que él utilizó».
«La decisión judicial, que intenta volver sobre lo ya decidido por la Cámara (Federal), está reñida con la Constitución y con el sistema interamericano en lo que se refiere a la protección del periodismo de investigación», señaló la SIP en el informe.
Otra resolución, en este caso positiva, tuvo lugar en junio, cuando la Cámara Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires rechazó los recursos de dos empresarios que solitaron conocer las fuentes empleadas por el periodista Diego Cabot, en el marco de la investigación periodística que dio origen a la denominada «causa de los cuadernos».
Por otro lado, la aparición del teléfono del periodista Rodis Recalt en un listado de líneas investigadas por la Justicia Federal causó «preocupación sobre el secreto de las fuentes», según la SIP.
OTROS CASOS DE PREOCUPACIÓN
Asimismo, la organización periodística recordó que la presentación de un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el cual contempla la designación y suspensión de fiscales por mayorías simples, «instala el peligro de una pérdida de los niveles de autonomía actual y el de un mayor grado de persecución penal para periodistas».
Una de las cuestiones en las que hizo más hincapié el informe es, precisamente, las persecuciones de periodistas por parte de funcionarios públicos, empezando por el «mensaje intimidante» que publicó recientemente en Twitter el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el dibujante Nik debido a las críticas de este último al oficialismo.
«El ministro mencionó el colegio de las hijas del dibujante, lo que fue considerado una amenaza velada de parte de quien debe preservar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos», denunció la SIP.
En la provincia de Formosa (norte), dos periodistas fueron acusados en agosto «por delitos de intimidación pública e incitación a la violencia», en una denuncia que cuestionó «simples opiniones» emitidas en un programa radial y usó «figuras penales contrarias a la ley».
La SIP también recordó la situación judicial del periodista Diego Masci, condenado el año pasado por difundir el vídeo de una funcionaria pública y que vio cómo se rechazaba su recurso de casación.
«El caso demuestra cómo se usa el derecho penal para sancionar la difusión ligada al interés público», lamentó la asociación en su informe.
EFE