Miami, 21 de abril de 2022.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió este jueves solicitar al Gobierno de Brasil que se comprometa a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante situaciones de amenazas, ataques y asesinatos de comunicadores.
Al término de su reunión semestral, la SIP emitió una resolución referida al nuevo aplazamiento del juicio a los acusados por el asesinato del periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira, cometido en 2012, y la impunidad en que permanecen los autores intelectuales de otros seis casos de crímenes contra periodistas.
Se trata de Aristeu Guida da Silva, asesinado en 1995; Manoel Leal de Oliveira (1998); Ivan Rocha, desaparecido en 1991; Reinaldo Coutinho da Silva (1995); Edgar Lopes de Faria (1997) y José Carlos Mesquita (1998).
En la resolución, la SIP exigió al Gobierno de Brasil que «la investigación de los casos de amenazas, agresiones y asesinatos a profesionales de la comunicación conduzca a la identificación y sanción no sólo de los intermediarios, sino también, y en especial, de los autores intelectuales, a fin de acabar con la impunidad y evitar que se repitan otros delitos de esta índole».
También resolvió requerir el debate y aprobación de proyectos de ley en la Cámara de Diputados y el Senado Federal para ampliar las penas por delitos contra los comunicadores en el ejercicio de la profesión, así como el apoyo de la Policía Federal para las investigaciones en los casos donde están involucrados de políticos y otras autoridades.
Asi mismo, solicitar al Gobierno federal que adopte medidas para «garantizar la presencia equitativa y adecuada de la sociedad civil en el proceso de selección y en la participación del Consejo Deliberante del Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas».
Por último, la SIP manifiesta su apoyo a las recomendaciones hechas por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) en el Informe 2021 sobre Monitoreo de Ataques a Periodistas en Brasil.
La resolución recuerda que la Declaración de Chapultepec establece que «el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa».
«Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad», dice la declaración.
EFE
