Bogotá, 9 junio.- La convocatoria de sindicatos colombianos de una gran «toma de Bogotá» en una nueva jornada de manifestaciones transcurrió este miércoles con una afluencia claramente mermada por el desgaste de siete semanas de movilizaciones sociales en Colombia.
Unas 300 personas, convocadas por el Comité Nacional del Paro, se reunieron en el Parque Nacional de Bogotá con batucadas, globos y banderas con los colores nacionales y esperando que la lluvia les diera tregua.
Desfilaron cantando consignas contra el Gobierno y la violencia policial hasta el hotel Tequendama, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra recibiendo a organizaciones, víctimas e instituciones durante la visita de trabajo que realiza en el país para verificar la situación de derechos humanos en las protestas.
Y una vez allí pasaron lista, diciendo nombres y apellidos de manifestantes que, tras confirmar con un silencio su ausencia, el resto de personas gritaban: «No está, la Policía lo mató».
La jornada comenzó con un grupo de indígenas misak que intentaron derribar una estatua de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón después de que hace unas semanas tumbaran la del conquistador español y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, y se hayan dado acciones similares en otras partes del país.
A los manifestantes de los sindicatos y jóvenes que marcharon pacíficamente se les sumó medio centenar de campesinos del Catatumbo, una de las zonas más convulsas de Colombia cercana a la frontera con Venezuela.
«Venimos desde la región del Catatumbo a expresar una vez más nuestro rechazo al asesinato de jóvenes que protestan desde hace más de un mes y la exigencia al presidente (Iván) Duque de que apruebe el pliego de emergencia que está plantado desde hace un año para que él resuelva la situación social y económica del país», dijo a Efe Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Este pliego de emergencia es el que presentó el Comité Nacional del Paro hace más de un año y ha estado tras el inicio de las protestas el pasado 28 de abril sobre la mesa de diálogo con el Gobierno, de la que los sindicatos decidieron levantarse unilateralmente el pasado domingo por la falta de entendimiento.
Cada una de las partes critica la poca voluntad de los otros para ceder y las discrepancias son obvias, después de más de un mes sin conseguir un solo acuerdo o avance.
Por su parte, Ascamcat piden también al Gobierno que suspenda las fumigaciones con el herbicida glifosato y la erradicación forzada de cultivos de coca, a lo que se dedican mayoritariamente los campesinos de esta asociación, y también que «implemente de manera integral el acuerdo de paz».
EN LOS BARRIOS
Las protestas, que comenzaron el 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria, sacaron a las calles las primeras semanas a decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes de clases medias y bajas, hastiados de la falta de oportunidades, trabajo y posibilidades de estudiar.
Tuvieron una acogida especialmente grande en la ciudad suroccidental de Cali y más precisamente en barrios excluidos que han sufrido el embate de la pandemia y la pobreza.
Es ahí donde más se han articulado las protestas y donde resisten con más fuelle en los últimos días y después de que las convocatorias del Comité Nacional del Paro sean cada miércoles más poco concurridas.
Y también donde más incidentes ha habido por los bloqueos que han montado en las cercanías de estos barrios y que han afectado severamente a la economía, así como por la violencia policial y los abusos que la fuerza pública ha cometido, sobre todo al anochecer, contra los jóvenes.
Según los datos de la ONG Temblores y el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) ha habido 74 víctimas mortales desde el comienzo de las protestas, entre ellas 45 de las que responsabilizan directamente a la Policía, la mayoría de ellas ocurridas en Cali; mientras que la Fiscalía reporta al menos 20 muertos.
LA CIDH SIGUE SU MISIÓN
Human Rights Watch (HRW) presentó hoy el informe «Colombia, brutalidad policial contra manifestantes» en el que se señala que hay pruebas de que uniformados mataron a por lo menos 16 personas con munición letal de armas de fuego, lo cual está prohibido en las protestas.
Este informe, y el presentado ayer por Temblores e Indepaz, recogen una gran cantidad de vulneraciones de derechos humanos que incluyen desapariciones forzosas, disparos directos de armas no letales, abusos sexuales, y también los problemas que han causado los bloqueos.
Justamente, la CIDH se encuentra realizando desde ayer y hasta mañana una visita de trabajo a Bogotá, Cali y las ciudades de Popayán, Tuluá y Buga para comprobar estas denuncias y escuchar a las víctimas.
Este miércoles, el grupo de la misión que está en Bogotá se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes y con representantes de la Justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz.
Los otros grupos que se encuentran en el sur del país también han tenido reuniones con autoridades y la misión sigue recibiendo testimonios y ha realizado ya 2.000 registros.
«El Gobierno ha garantizado la protesta y la manifestación pacífica como corresponde y como establecido en la Constitución colombiana», incidió hoy el ministro de Defensa, Diego Molano, que insistió en que se garantiza las manifestaciones sin armas, a pesar de que en estas semanas de protestas haya habido denuncias de que no ha sido así.
