Bogotá, 12 enero.- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, urgió hoy «una respuesta eficaz por parte del Estado de Colombia» ante el aumento incesante de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, como la activista colombo-española Juana María Perea Plata.
Para ello, Borrell pidió «adoptar medidas de corte estructural» en Colombia para proteger a los defensores de los derechos humanos y a líderes sociales, que comiencen con «la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad».
Así lo manifestó al contestar por escrito una pregunta del eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Javier López, en la que mostraba su preocupación ante «el acoso, intimidación y asesinato» que viven los defensores y activistas de derechos humanos, medioambientales y de pueblos indígenas en Colombia.
En concreto, López se refería directamente al asesinato de la empresaria y activista colombo-española Juana María Perea Plata, de 50 años de edad, que apareció muerta el pasado 29 de octubre en la localidad de Nuquí, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.
«El trágico caso de Juana María Perea Plata es emblemático y comparto plenamente sus preocupaciones», estimó Borrell, en un escrito en el que urge al Gobierno a que dé «una respuesta eficaz», ya no solo al asesinato de líderes sociales, sino ante «el incremento de la violencia, a la que se añaden masacres de civiles y asesinatos de excombatientes de la FARC».
Borrell aseguró que la UE sigue apoyando la aplicación del acuerdo de paz «en los ámbitos político y financiero», y que mantiene diálogos y encuentros con las autoridades colombianas para generar consenso para apoyar el acuerdo firmado en noviembre 2016 por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
NUMEROSOS ASESINATOS EN 2020
El cuerpo de Perea, que era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del gobierno vasco en Colombia, fue encontrado con un disparo en la cabeza en la zona de playa de Nuquí, un remoto pueblo costero del Chocó definido en las guías de turismo como un paraíso natural, especialmente para la observación de ballenas.
La activista se había establecido hace unos años en Termales, en un caserío que hace parte de Nuquí y donde quería construir un hotel ecoturístico, mientras lideraba iniciativas comunitarias para las mujeres de la zona.
Además, era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el golfo de Tribugá, unos cinco kilómetros al norte de Nuquí, por el daño que la obra causaría a los ecosistemas marítimos y terrestres de la zona que cuenta con una biodiversidad única en el mundo.
Las fuerzas de seguridad colombianas arrestaron el pasado noviembre al presunto asesino de la activista, Néstor Lozano Muriel, alias «El Tigre», quien según las investigaciones pertenece a la banda criminal Clan del Golfo, un residuo de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizadas en 2006.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calcula que 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre los que se incluye Perea, fueron asesinados en 2020, una cifra que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su último informe de diciembre, situaba en 53, incluidas cinco mujeres, y otros 74 casos pendientes de verificación.
Este mismo martes se conoció un nuevo asesinato de un defensor del medioambiente, Gonzalo Cardona, conocido como el «guardián del loro orejiamarillo» y guardabosques de una reserva ambiental en la Cordillera Central colombiana, quien había desaparecido el pasado 8 de enero.
Para ello, Borrell pidió «adoptar medidas de corte estructural» en Colombia para proteger a los defensores de los derechos humanos y a líderes sociales, que comiencen con «la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad».
Así lo manifestó al contestar por escrito una pregunta del eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Javier López, en la que mostraba su preocupación ante «el acoso, intimidación y asesinato» que viven los defensores y activistas de derechos humanos, medioambientales y de pueblos indígenas en Colombia.
En concreto, López se refería directamente al asesinato de la empresaria y activista colombo-española Juana María Perea Plata, de 50 años de edad, que apareció muerta el pasado 29 de octubre en la localidad de Nuquí, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.
«El trágico caso de Juana María Perea Plata es emblemático y comparto plenamente sus preocupaciones», estimó Borrell, en un escrito en el que urge al Gobierno a que dé «una respuesta eficaz», ya no solo al asesinato de líderes sociales, sino ante «el incremento de la violencia, a la que se añaden masacres de civiles y asesinatos de excombatientes de la FARC».
Borrell aseguró que la UE sigue apoyando la aplicación del acuerdo de paz «en los ámbitos político y financiero», y que mantiene diálogos y encuentros con las autoridades colombianas para generar consenso para apoyar el acuerdo firmado en noviembre 2016 por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
NUMEROSOS ASESINATOS EN 2020
El cuerpo de Perea, que era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del gobierno vasco en Colombia, fue encontrado con un disparo en la cabeza en la zona de playa de Nuquí, un remoto pueblo costero del Chocó definido en las guías de turismo como un paraíso natural, especialmente para la observación de ballenas.
La activista se había establecido hace unos años en Termales, en un caserío que hace parte de Nuquí y donde quería construir un hotel ecoturístico, mientras lideraba iniciativas comunitarias para las mujeres de la zona.
Además, era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el golfo de Tribugá, unos cinco kilómetros al norte de Nuquí, por el daño que la obra causaría a los ecosistemas marítimos y terrestres de la zona que cuenta con una biodiversidad única en el mundo.
Las fuerzas de seguridad colombianas arrestaron el pasado noviembre al presunto asesino de la activista, Néstor Lozano Muriel, alias «El Tigre», quien según las investigaciones pertenece a la banda criminal Clan del Golfo, un residuo de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizadas en 2006.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calcula que 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre los que se incluye Perea, fueron asesinados en 2020, una cifra que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su último informe de diciembre, situaba en 53, incluidas cinco mujeres, y otros 74 casos pendientes de verificación.
Este mismo martes se conoció un nuevo asesinato de un defensor del medioambiente, Gonzalo Cardona, conocido como el «guardián del loro orejiamarillo» y guardabosques de una reserva ambiental en la Cordillera Central colombiana, quien había desaparecido el pasado 8 de enero.
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