Colombia, 15 julio de 2019.- Johan Giraldo es abogado litigante y defensor de Derechos Humanos. Su trabajo lo ha hecho compartir escenarios con líderes sociales de Antioquia y el país, y liderar procesos de defensa para ellos. También ha participado en espacios de diálogo a nivel nacional como la Mesa Nacional de Garantías y el Proceso Social de Garantías.
En el momento es coordinador de área de garantías de líderes y defensores de Derechos Humanos en la Corporación Jurídica Libertad. Análisis Urbano conversó con él sobre la instauración de la Mesa Nacional de Garantías, la UNP, la cumbre de Coeuropa y el Proceso Social de Garantías.
Análisis Urbano: ¿Cómo se vivió la Mesa Nacional de Garantías?
Johan Giraldo: Hay compañeros que vieron la Mesa como un logro porque el gobierno viene generando espacios paralelos a los que había construido la sociedad civil con anteriores gobiernos. Ahora el espacio de organizaciones de Derechos Humanos se llama la Mesa Nacional de Garantías, y es para líderes y defensores de Derechos Humanos.
Después de tanto presionar a nivel nacional e internacional en Europa y en Estados Unidos, creo que se logró convencer al gobierno nacional de que era necesario que se sentara con las organizaciones de Derechos Humanos en los espacios que ya venían construidos.
Es muy difícil cuando llega un nuevo gobierno y quiere luchar con todo lo que venía del anterior. Eso implica generar nuevos espacios y comenzar desde cero. Pero las organizaciones tenemos claro que la idea no es hacer interlocución con gobiernos sino con el Estado.
Nosotros buscamos la generación de políticas públicas, soluciones de largo aliento, pero si seguimos pensando en lapsos de 4 años es muy difícil. Por eso siempre exigimos dialogar con el Estado, y por eso solicitamos el respeto de los espacios que ya se habían construido, con sus propios avances y limitaciones.
AA: ¿Qué tan abierto estuvo el gobierno al diálogo y las propuestas?
JG: Creo que la sola reinstalación de la Mesa ya es un avance muy grande frente al gobierno de Duque, porque es algo que no querían hacer. Ellos tienen su propia estrategia, una de socializar y construir ellos solos y dar muestra de eso y ya.
Pero en cuanto a la tónica del gobierno, de la ministra del Interior, del consejero para la seguridad y el consejero de Derechos Humanos, no fue la más apropiada, ni la más abierta.
Nosotros les entregamos un pliego, un documento con unas propuestas muy detalladas, y la respuesta que recibimos de la ministra fue que «la mayoría de esas propuestas son de corte ideológico», y que a ellos los eligieron mayoritariamente por una posición política y que «eso no lo vamos a hacer. Las otras vamos a ver si de pronto».
Eso es una tónica muy agresiva y grosera, como algo que difícilmente va a ayudar a que esto avance al ritmo que quisiéramos. Nosotros igual sabíamos que el asunto iba a ser así, que va a avanzar despacio.
AA: ¿Pero hay intención de continuar con las propuestas?
JG: Sí, hay unos compromisos en cuanto a la instalación de las mesas territoriales en el Cauca, en el Chocó y en el Valle del Cauca. Hay también unos compromisos frente al seguimiento de las propuestas que se hicieron desde la sociedad civil y una respuesta por parte del gobierno nacional.
Suponemos que después de terminar con esa fase nos volveremos a sentar desde la Mesa Nacional de Garantías.
AA: ¿Hubo algún diálogo con Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)?
JG: Hubo algo que nos llamó mucho la atención y tiene que ver con la tónica de los funcionarios públicos frente a la sociedad civil. Hay una lógica contraria a lo que debería ser. Siendo funcionarios públicos son gente que le funciona al público, y a quienes les pagamos con los impuestos que nosotros pagamos.
Se dio una discusión en cuanto a la dificultad para que los esquemas de seguridad de los líderes sociales funcionen, y él (Pablo Elías) respondió algo como «es que no tengo plata».
Los compañeros se enojaron y le dijeron que para qué era que estaban hablando si la discusión se iba a reducir al «no tenemos plata». La discusión está mucho más allá, y es si el dinero se invierte como se tiene que invertir, si la seguridad adecuada para los líderes es la que está ofreciendo la UNP.
Pablo Elías se enojó y le gritó a los compañeros, y en ese punto ya no le gustó a nadie. Se le llamó la atención y se le dijo que respetara, que estaba hablando con las organizaciones de la sociedad civil.
AA: ¿Qué avances hubo para el Proceso Social de Garantías?
JG: Sí. Hay mayor articulación a la que veíamos en los años pasados, creo que al menos tuvimos el tiempo para hablar de los contextos en los departamentos, pudimos construir procesos, propuestas, elegir vocero… y en la medida en la que estas cosas pasen se fortalece el Proceso Social de Garantías.
Nosotros, en Antioquia, estamos convencidos de que es incluso más importante que la Mesa. Es justo la construcción de procesos, justo la articulación de las organizaciones, justo el compartir información lo que le da potencia a la capacidad de interlocución con el Estado y los funcionarios públicos.
No es lo mismo cuando el Estado llega a un espacio donde es evidente que no hay acuerdos entre la sociedad a cuando la sociedad llega en bloque con propuestas y demandas claras para desarrollar su agenda.
AA: ¿A qué acuerdos llegaron?
JG: Ahora hay un acuerdo no solo entre las plataformas de Derechos Humanos sino también con otras organizaciones y tiene que ver con 5 puntos:
Uno es la construcción de una política pública de garantías para la defensa de líderes y defensores de Derechos Humanos, otro la aplicación del Decreto 660 que tiene que ver con sistemas de protección colectiva.
Otro punto es la reestructuración de la UNP, otro es la implementación del protocolo de protesta social en todo el país, para repensar la función de la Fuerza Pública en los casos de movilización. No puede ser que sigan viendo la protesta como un asunto de un enemigo.
El último punto tiene que ver con el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, y esto tiene que ver con la comisión de garantías de seguridad, que orientaría a un cuerpo especial de la Policía y una fiscalía especializada en la persecución de estas estructuras.
Hemos visto que hasta ahora esto se ha centrado en el tema de líderes y defensores, y esto no necesariamente es bueno. La razón es que los casos se ven de manera individual, y la mayoría de los responsables de las muertes son estos grupos, por lo que hay que ver el fenómeno de forma generalizada.
La discusión que habíamos logrado posicionar en los últimos dos años en la necesidad de desmantelar las estructuras sucesoras del paramilitarismo este gobierno cada vez la engaveta y la olvida más.
Eso tiene que ver con lo que rodea a este gobierno, a sus intereses de guerra. No les interesa combatir eso porque no les está siendo incómodo para ellos. Esto le hace daño es a sus opositores, por lo que de alguna manera hay una estrategia para que persistan estas estructuras en el territorio.
AA: ¿Por qué es necesaria la reestructuración de la UNP?
JG: Esta entidad ahora solo está sirviendo para que se enriquezcan las empresas de seguridad, cuyos dueños muchas veces son militares en retiro, y no los más demócratas. La UNP se convirtió en el negocio de los militares en retiro y son ellos quienes le están sacando provecho.
En el acompañamiento a líderes hemos encontrado las dificultades que tiene una persona protegida para que el carro de su esquema vaya al taller o les cambien las llantas, asuntos básicos, o para que los escoltas cumplan sus funciones a cabalidad.
Estos esquemas en las ciudades son llevaderos, pero en la ruralidad no. Dígale a un escolta que tiene que caminar 10 horas, o a uno que toda la vida haya vivido en la ciudad que ahora tiene que irse a vivir al campo. Es un asunto difícil.
En términos de seguridad hay otro asunto muy complejo: digamos una vereda que esté a 4 horas del apoyo militar o policial más cercano. Ahí ¿cuál es la capacidad de reacción de uno o dos escoltas frente por ejemplo a un grupo paramilitar?
Y así es que está pensado el sistema para quienes necesitan protección, cuando lo llevamos a la ruralidad no funciona, y eso que en las ciudades tampoco es que funcione de la mejor manera.
Sí o sí es necesaria la reestructuración de la UNP, porque están matando a líderes tanto con esquema como a los que les niegan la protección. Porque terminó siendo un modelo de negocio para los terceros.
AA: ¿Qué conclusiones hay de la cumbre de Coeuropa?
Es importante que se sigue priorizando la parte de la interlocución con el Estado de una forma crítica. Mirar qué tantas posibilidades tenemos de incidir en la construcción de políticas públicas, no solo en el tema de defensores sino también en el tema de impunidad.
Creo que se sigue priorizando la incidencia internacional: Europa y Estados Unidos como dos actores fundamentales para la incidencia en términos de Derechos Humanos. También se prioriza la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc.
Ahora se visualiza más la necesidad de acciones en los territorios, la coordinación se piensa la interlocución en términos nacionales, y ahora tenemos la intención de llevar eso a los territorios y en lo que se puede incidir.
También hay preocupaciones muy grandes por el regreso de la «seguridad democrática», las políticas enfocadas únicamente en la militarización de los territorios, la suplantación de autoridades civiles por parte de la Fuerza Pública y la falta de garantías para ejercer oposición y defender los Derechos Humanos.
