Bogotá, 13 enero.- La espera de la vacuna contra la covid-19 se ha trasladado en Colombia al campo político donde la oposición exige explicaciones al Gobierno sobre las condiciones de los contratos firmados con distintos laboratorios y especialmente de la fecha en la que comenzará la vacunación.
Mientras algunos países latinoamericanos como México, Chile, Costa Rica y Argentina ya comenzaron a vacunar al personal sanitario que atiende directamente a enfermos de coronavirus, en Colombia, que tiene la segunda cifra de contagiados de la región después de Brasil, el comienzo de ese proceso es incierto.
El Gobierno asegura que este año espera vacunar a 24 millones de un total de 35,7 millones de colombianos que, según calcula, deben recibir el suero para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Esos 35,7 millones equivalen al 70 % de la población nacional y de ese grupo están excluidos los menores de 16 años, gestantes y personas que ya fueron contagiadas, con lo cual la cifra definitiva de candidatos a la inmunización es de 34.234.649 personas.
Pero con las clínicas y hospitales cerca del límite de su capacidad, la ansiedad por la vacuna es creciente entre los colombianos no solo por la virulencia de la segunda ola de la pandemia sino porque el pasado 18 de diciembre el presidente Iván Duque anunció los primeros acuerdos para adquirir 10 millones de dosis de Pfizer y 10 millones de AstraZeneca, a los cuales les siguieron otros con Janssen y mediante el mecanismo Covax.
CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA POR LA DEMORA
Sin embargo, la falta de precisión del Gobierno en cuanto a la esperada fecha, los costes de las vacunas y la logística para llevarla a todos los rincones del país, argumentando razones contractuales, ha dado munición a un sector de la oposición que pasó a pedir explicaciones en el Congreso y por la vía judicial.
El senador de izquierdas Jorge Robledo, apoyado por otros dos legisladores, pidió ayer un debate de control político al ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre el proceso de vacunación y al mismo tiempo presentó una acción de tutela (recurso de amparo) contra el funcionario por no responder un derecho de petición del pasado 28 de diciembre.
«El riesgo de que esto nos salga mal a los colombianos es muy alto; la información que tenemos es insuficiente y recordemos que ha habido un pacto secreto en el manejo de estos asuntos por parte del Gobierno nacional», dijo Robledo, del movimiento Dignidad.
El senador, notorio por promover políticas proteccionistas para la industria y el campo colombiano y por oponerse a los tratados de libre comercio, asegura que en el caso de las vacunas «estamos hablando de trasnacionales muy poderosas» que en su opinión tienen como «propósito determinante y fundamental» obtener «las ganancias más grandes», sin importar cómo le va al país.
EN LA LUPA DE ORGANISMOS DE CONTROL
También organismos como la Contraloría General (tribunal de cuentas) enviaron oficios al ministro en el que le piden explicaciones sobre los convenios suscritos para la adquisición de vacunas, su coste y «cuándo y cómo se tiene planeado iniciar la vacunación para covid-19 en el país».
La Procuraduría General (Ministerio Público) instó igualmente al Ministerio de Salud «a realizar las aclaraciones, precisiones y complementaciones necesarias para evitar errores en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19», con 12 observaciones que sugieren que se está improvisando, tesis contestada por el Gobierno.
«Tenemos un objetivo de vacunación de 34,2 millones de personas» de una población proyectada para este año de 51 millones, dijo hoy el ministro de Salud, y subrayó que el Gobierno ya tiene «aseguradas vacunas para 29 millones de colombianos» negociadas de manera bilateral con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y por medio de la estrategia multilateral Covax.
Según Ruiz, la vacunación comenzará en febrero cuando lleguen las primeras dosis de Pfizer, pero considera que para cualquier país del mundo, con excepción de Estados Unidos que tiene una buena parte de la producción global, es difícil tener «un cronograma específico definitivo sobre la llegada de vacunas» ya que se trata de un asunto de oferta y demanda.
LA PRIORIDAD ES REDUCIR LA MORTALIDAD
De esta forma, el Ministerio de Salud espera aplicar unas 850.000 dosis en febrero, comenzando por los trabajadores sanitarios de la primera línea de lucha contra el coronavirus y por la población de 80 años y más, grupos que se irán ampliando a lo largo del año.
«En el 2021 esperamos vacunar a 24 millones de personas», manifestó el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.
El Plan Nacional de Vacunación se divide en dos fases, la primera de las cuales tiene como objetivos reducir la mortalidad por covid-19, que hasta el momento se ha cobrado 46.782 vidas; disminuir la incidencia de casos graves, y proteger a los trabajadores de la salud. La reducción del contagio es el objetivo de la segunda fase.
Con respecto a las críticas por el secreto que cubre los contratos con las farmacéuticas, el ministro de Salud insiste en que en el mundo entero estos acuerdos de carácter bilateral se rigen por cláusulas de confidencialidad y asegura que ningún país ha publicado los convenios firmados con Pfizer.
«Para nosotros es claro que no firmar acuerdos de confidencialidad o no aceptar que los contratos no sean públicos nos llevaría a que en Colombia no haya disponibilidad de vacunas», manifestó Ruiz.
Pese a que en las redes sociales hay quienes defienden que la adquisición de las vacunas es de interés público aunque los contratos sean con empresa privadas, Ruiz pidió «no especular porque la especulación hace muchísimo daño, genera inquietud y efectos muy negativos sobre la población».
