Tokio, 21 de diciembre de 2021.- Dos años después de la detección de la covid-19, Japón sigue aplicando unas estrictas restricciones fronterizas que mantienen en vilo a miles de estudiantes, profesionales y familias separadas que siguen esperando para entrar en el país.
Unos 370.000 extranjeros con la documentación en regla para estar en Japón permanecen a la espera de entrar fuera del territorio. En torno al 70 % son estudiantes, académicos y participantes del programa de formación profesional estatal nipón.
El país ha celebrado unos Juegos Olímpicos en los que dejó entrar a unas 90.000 personas, ha accedido al ingreso de artistas para festivales y ha seguido enviando a sus estudiantes al extranjero, mientras los que esperan fuera y sus allegados dentro ponen el grito en el cielo por la arbitrariedad de la gestión migratoria.
NEGOCIACIONES ENTRE BAMBALINAS
Cuando la doctora en Literatura Melek Ortabasi embarcó hacia Japón a finales de octubre lo hizo convencida de que si la Fundación Japón había logrado llevarla hasta allí, también llevaría a sus tres hijos que debían llegar alllí el 23 de diciembre.
El viaje de Ortabasi fue resultado de las incesantes negociaciones entre bambalinas que el gobierno mantiene con instituciones educativas, que en noviembre lograron que se autorizara por fin la entrada progresiva de estudiantes y académicos.
Apenas varias decenas pudieron llegar antes de revocarse la autorización y de invalidarse los visados emitidos menos de un mes después, una medida adoptada a raíz de la detección de la variante ómicron, que ha vuelto a cerrar la puerta incluso a residentes procedentes de una decena de países africanos.
Ortabasi intenta sacar adelante su trabajo y encabeza una campaña para lograr llevar a sus hijos, mientras trata de gestionar su escolarización en Japón y lidia con un divorcio.
La académica protesta ante unas restricciones migratorias que califica de «inhumanas, sin sentido científico ni médico y que están dañando profundamente los estudios sobre Japón y al propio país».
«Esto es principalmente un teatro político. No están protegiendo realmente a la población, especialmente cuando a los japoneses se les permite viajar libremente y son objeto de reglas de cuarentena menos estrictas», dice en declaraciones a Efe. Por ley Japón no puede vetar la entrada de sus nacionales.
Los mensajes ambiguos que las autoridades envían, mientras piden flexibilidad a quienes llevan meses esperando «traumatizan a la gente. Nos impide planificar nuestras vidas y finanzas», reivindica.
Ortabasi, de 51 años, es una de las voces más veteranas que protestan públicamente por un problema en el que gran parte de los afectados son recién graduados o profesionales que están empezando su carrera y que temen exponerse por miedo a represalias.
Es el caso de JB. A principios de año ganó una beca Erasmus con la Universidad de Tokio para hacer la investigación necesaria para su doctorado. Si para finales de enero de 2022 las fronteras siguen cerradas, la perderá y teme que esto afecte a su programa doctoral.
Su especialización, arquitectura japonesa de posguerra y su conservación, hace que para ella sea imposible cambiar de destino y sumarse a la fuga de cerebros que se está dando a países vecinos como Corea del Sur.
La estadounidense Kaitlyn Ugoretz esperó 16 meses antes de renunciar a su beca, de Fundación Japón, y seguir de forma independiente y «online» su estudio sobre la expansión mundial del sintoísmo.
Ugoretz tendría que haber entrado en Japón en abril de 2020 con otra beca. En su programa más reciente tenía fecha para entrar en enero de 2022, antes de que las fronteras volvieran a cerrar.
Esta situación y la incertidumbre financiera aparejada le deja una sensación «agridulce». Muchos de sus estudiantes aspiran a estudiar y trabajar en el país. «Me preocupa que algo similar pase en el futuro y rompa sus sueños», dice.
FAMILIAS SEPARADAS
El día en que PO tenía que ir a hacerse su PCR reglamentaria 72 horas antes de embarcar hacia Japón, un exceso de prudencia le hizo acudir a la página del Ministerio de Exteriores. La exención que le permitía viajar al país había desaparecido de las autorizadas.
Cuando días atrás Japón endureció sus restricciones fronterizas, las autoridades japonesas en Argentina le aseguraron que podría entrar. Su visado de «dependiente» y el objetivo de su viaje, reunirse con su esposa (en Japón desde 2018), enmarcaba su caso entre las razones humanitarias que autorizan desplazarse al país.
Había dejado su trabajo y su piso. Si no hubiera vuelto a preguntar podría haberse visto en la difícil tesitura de llegar a Japón para ser deportado, de su propio bolsillo.
«Puedo entender que intenten frenar el número de gente que aplica para venir porque no querés tener riesgos, me parece bárbaro. Pero si ya como Estado entregás el papel legal que permite la entrada, prohibírmelo así sí me pareció cruel e irracional», dice.
Ni su esposa ni Ortabasi pueden actualmente salir de Japón para visitar a sus familiares, pues no podrían volver.
El temor a que una propagación de ómicron pueda generar un nuevo cierre total del país para sus residentes extranjeros, como ha ocurrido para parte de África, ha llevado a muchos a descartar cualquier viaje o cancelar sus reservas de Navidad. Otros viajarán aceptando el riesgo, tras años sin ver a sus seres queridos.
María Roldán
EFE
