Para el centro de estudios Indepaz, estos primeros 15 días del 2020 ya dejan 18 líderes sociales o defensores de Derechos Humanos asesinados, lo que quiere decir que este año, en promedio, las balas disparadas por los violentos han apagado la vida de más de un líder o lideresa cada día.
La cifra no pasa desapercibida en el Gobierno, que por medio de la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que esperan resultados de las investigaciones para conocer, de manera verídica, si cada uno de los asesinados (ver imagen), corresponde a personas catalogadas como líderes en sus comunidades y si su homicidio se dio en razón de esta labor.
Sobre esta situación, la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al revelar su último informe sobre la problemática con los líderes en el país, se declararon “altamente preocupados” por las cifras de muertos.
Según la ONU, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y sigue en proceso de verificación 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120. “Esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en 2020” señala el informe.
Sobre la visión de la ONU ante la situación de líderes en Colombia, el periódico El Colombiano habló con Marta Hurtado, portavoz de la oficina del alto comisionado para los DD.HH.
¿Por qué para la comunidad internacional es tan importante y a la vez alarmante lo que ocurre con los líderes y defensores de Derechos Humanos?
“Nosotros tenemos en la oficina un mandato internacional que cubre todos los países miembros de la ONU, entonces hablamos de Colombia como lo hacemos de otro país cuando hay un informe que nos parece relevante y que pone de manifiesto una situación grave como es la actual en Colombia, por eso hacemos un pronunciamiento público”.
¿Cómo se ve desde la ONU que las cifras sean diferentes según la institución? El Gobierno maneja una, la Defensoría otra, Organizaciones sociales otra.
“No puedo comentar respecto a las cifras del resto de organismos, no las conozco al detalle, pero sí puedo decir que tenemos un nivel de verificación muy alto y especifico. De todas las denuncias que recibimos solo confirmamos las que realmente podemos verificar, las que son defensores de DDHH, es un proceso muy exhaustivo. Esto no quiere decir que las otras personas asesinadas dejan de ser víctimas y que no todos los casos son graves, pero nosotros hablamos específicamente de los defensores y defensoras”.
¿Qué porcentaje de las denuncias que reciben se confirman?
“La cifra de denuncia es mucho más alta de la que nosotros damos como verificada que se trata de defensores y defensoras. Varía en función de los años, pero podría ser el doble”.
¿Desde la ONU ven con buenos ojos el trabajo que hace el Gobierno para frenar este flagelo?
“No voy hacer una valoración del actuar del Gobierno, solo me remito a lo que está en el informe. Lo que sí hemos dicho es que la militarización no tiene que ser la única respuesta, debe tener una respuesta estructural de atacar las razones y causas subyacentes como es la pobreza crónica, la presencia de grupos armados, la falta de implementación del Acuerdo de Paz. Todo esto hace que la respuesta no sea correcta”.
¿Desde la ONU creen que estos homicidios hacen parte de un ataque sistemático?
“No puedo definir esa situación, lo que si puedo afirmar es que hay una violencia estructural que si bien se enfoca en Caquetá, Cauca, Antioquia y Arauca, hemos visto que hay víctimas en 25 de los 31 departamentos”.
¿Este informe es un llamado de atención para el Gobierno y la comunidad internacional?
“La responsabilidad final es del Gobierno, que debe responder a las necesidades de la población y proteger a los ciudadanos. Utilizamos este informe para alertar al resto del mundo sobre lo que está pasando en un lugar determinado, puede ser una herramienta para mostrar un problema y la necesidad de resolverlo”.
Martha Hurtado, portavoz de la oficina de DD.HH. de la ONU, indicó finalmente que: “Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales”.
Tomado de El Colombiano
