Carmen del Darién (Colombia), 6 septiembre de 2021.- Sobre el río Curvaradó, en la región colombiana del Bajo Atrato chocoano, navegan a gran velocidad lanchas y botes en un ambiente festivo que contrasta con la zozobra permanente en la que viven en esta zona apartada, históricamente amenazada por el conflicto y expuesta al desplazamiento.
Los ocupantes desembarcan en el caserío Brisas, del municipio del Carmen del Darién (noroeste), donde espera un camión del que bajan chalecos salvavidas, linternas y radios de comunicación, que fueron enviados a la zona para reforzar la seguridad de funcionarios, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados.
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Las amenazas a los líderes son frecuentes en esta región, disputada por la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en donde la restitución del territorio es el principal reclamo de las comunidades al Estado.
Hasta allí llegó la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad del Ministerio del Interior de Colombia, para entregar «medidas de protección colectivas», que han beneficiado a afrocolombianos, indígenas y otros grupos étnicos, las principales víctimas de los grupos armados ilegales con presencia en esta región.
«Para brindar seguridad, no necesitamos un soldado o un policía en cada esquina, sino interpretar qué es lo que quiere cada comunidad», expresó a Efe el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, durante su estadía en el selvático departamento del Chocó.
La UNP entregó al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, integrado por 24 comunidades azotadas por el conflicto armado, seis embarcaciones y el equipamiento, que se suma a la instalación de amplificadores de señal y sistemas de alarma.
VÍCTIMAS DE UNA VIOLENCIA GENERALIZADA
Las comunidades afro del río Curvaradó, con una historia ligada al desplazamiento y al despojo, recibieron con gusto las medidas que solicitaron, según su representante legal, Germán Marmolejo, pues no tienen «vías terrestres adecuadas para transitar».
Marmolejo contó que ahora al menos pueden «llamar y tener una comunicación más cercana», gracias a las 24 antenas de comunicación instaladas, pero dejó en evidencia que las necesidades, en términos de seguridad, en esta comunidad son abundantes «por la misma situación de violencia generalizada».
Con ello coincide el personero municipal de Carmen del Darién, Héctor Enrique Rivas, quien advirtió a Efe que una vez finalizara esa visita de la UNP a la cabecera municipal de Curvaradó, es posible que «todo vuelva otra vez a la zozobra por la presencia de actores armados».
Eso sí, reconoce que esas lanchas que recibió la población no solo les permiten transportarse, sino también «sacar sus cultivos y traerlos al mercado».
«No nos alcanzan esas medidas», dijo Marmolejo, al referirse a los esquemas individuales, de los que reseñó que hay dos o tres líderes con un solo vehículo asignado para su protección.
PROTEGER CON HAMACAS Y BASTONES
Lo que años atrás denominaron la ‘Ruta de Protección Colectiva’, creada para atender a grupos y comunidades en riesgo por sus actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, mutó en 2020 a ‘UNP en territorio’, una estrategia que prioriza la entrega a comunidades de «herramientas concertadas», ya sean medios de transporte, de vida o de uso cotidiano, que les provean seguridad por encima de armas o esquemas de seguridad.
Afrocolombianos, indígenas y otros grupos étnicos hacen parte de los 300.000 beneficiados con ese tipo de medidas, algunas de ellas poco tradicionales, para salvaguardar la vida, la libertad y la integridad.
A los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, les entregaron mulas, botas de cuero, ponchos, bastones de mando y hamacas.
El resguardo Inga, en el municipio de El Tablón de Gómez, en Nariño (suroeste), ahora cuenta con una dotación de chalecos, camisetas y botas de caucho, además de bastones, cantimploras y alarmas.
«A estas comunidades no les preocupa el fusil; ese no es su mundo», argumentó Campo, y continuó señalando que «en esas hamacas duerme la guardia, los bastones representan la autoridad y la luz (linternas), la iluminación para proteger a su comunidad».
LÍDERES SOCIALES
Según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) publicado en abril pasado, al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016, año en el que el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con esa guerrilla.
«Eso ha sido un tema naturalmente complejo; nos ocupa y los hemos atendido», declaró Campo, quien precisó que «de todos los protegidos por la UNP, el 49 % son líderes sociales».
Además, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó el asesinato de 78 líderes sociales, comunales o defensores de derechos humanos en los primeros seis meses de 2021.
Pese a las cifras, el funcionario consideró que en términos de protección el país «ha mejorado, pero hay dificultades».
Y mientras sigue su recorrido por el país indicó que «hay que construir confianza; la institucionalidad no tiene por qué estar lejos de los territorios».
Jeimmy Paola Sierra
