Las aguas siguen revueltas en el mayor partido de la oposición paraguaya

FECHA:

Asunción, 12 febrero.- El Partido Liberal, el mayor de la oposición, se alista para las elecciones municipales, preludio de las generales de 2023, con las aguas revueltas por una larga división interna y la prisión preventiva de su presidente, Efraín Alegre, por supuestas irregularidades administrativas en la campaña electoral de hace tres años.

La privación de libertad de Alegre, desde hace dos semanas, no ha servido para unificar posiciones en una formación quebrada por disputas entre partidarios del presidente y de la facción que encabeza otro de los líderes, el senador Blas Llano, que cuenta con bancada propia en la Cámara Alta.

Por parte de los «efrainistas» se mantienen las acusaciones a los «llanistas» de ser funcionales al gobernante Partido Colorado, y en concreto a uno de sus principales referentes, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Alegre y sus seguidores acusan a su vez a Cartes de ser el inductor de la causa que le tiene encarcelado, y a través de una Fiscalía que, según esa versión, opera bajo instrucciones del exmandatario, uno de los hombres con una de las fortunas más grandes de Paraguay y líder del sector oficialista que tiene mayoría en Diputados.

Los «llanistas», por su lado, acusan a Alegre de ejercer un liderato personalista y de conducir al partido a otro fracaso electoral, tras los comicios que en 2018 le enfrentaron por la Presidencia con el actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

ELECCIONES A LA VISTA

La espadas siguen en alto cuando la maquinaría partidaria se engrasa para las elecciones internas de las que saldrán los candidatos para las municipales de octubre, y con disputas que han llegado al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Así, un día después de la detención de Alegre, el Tribunal restituyó a dos miembros de la autoridad electoral del partido, que se encargará de supervisar las primarias, y alineados con el sector de Llano.

Ambos habían sido expulsados por el directorio del partido, controlado por el sector de Alegre, corriente que considera que esa decisión de la máxima instancia electoral busca debilitar las posibilidades de Alegre en las elecciones para presidir el partido, en la misma fecha que las internas.

Y es que Alegre presentó su candidatura a la presidencia del partido desde la dependencia policial en la que ingresó hace dos semanas.

A ellos siguieron los movimientos de otros sectores, todos con la vista en lograr la candidatura que dispute la presidencia del país en 2023.

El giro interno más sorpresivo ha sido el del senador Salyn Buzarquis, que fuera considerado aliado de Alegre y que esta semana anunció que se presentará a las elecciones por el liderazgo del partido con el respaldo de Llano.

«Mi idea es conducir a la Presidencia de la República a un liberal (…), queremos armar una gran concertación con toda la oposición. Con Efraín Alegre lo veo muy difícil que suceda eso», argumentó Buzarquis.

«Lo realmente novedoso es el paso que hace Buzarquis consiguiendo el apoyo de Llano, que renuncia a sus aspiraciones de presidir el partido, presta su movimiento a Buzarquis, que hasta hace poco hablaba muy mal de él», observó a Efe el analista e historiador Alfredo Boccia.

Al ruedo liberal se han sumado otras opciones, aunque de momento la lucha se presenta como una batalla entre Alegre y Buzarquis, con el apoyo de Llano.

«Habrá que ver hasta qué punto el liderazgo de Efraín, que viene decayendo, es capaz de vencer» a esos dos proyectos, indicó Boccia, quien consideró que las ofertas para el elector liberal suponen «un entusiasmo poco renovador».

Un escenario que también está pendiente de la resolución del caso de Alegre, que presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema.

La causa se remonta a mediados del año pasado tras la denuncia del dueño de una gasolinera del departamento de Alto Paraná (este) por presunto falseamiento de facturas para abultar los gastos de los liberales de esa zona en la campaña electoral de 2018.

A la imputación de la Fiscalía por producción de documentos no auténticos siguió la imposición de medidas alternativas por parte de la jueza de garantías, algo que Alegre rechazó , al denunciar que es un proceso «montado».

Tras ese rechazo, la jueza dictó una orden de prisión preventiva, que a juicio de Alegre se trata de un persecución política para eliminarlo como líder de la oposición.

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