Víctor Hugo Moreno, actual consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió a la última amenaza que recibieron los líderes negros en medio de una tensa negociación con el Gobierno. También relató cuáles son las hipótesis de la organización frente al atentado con granada en mayo pasado y quiénes estarían detrás del hecho.

La camioneta blindada en la que se movilizaba el líder afrodescendiente Víctor Hugo Moreno, el 4 de mayo pasado, recibió siete impactos de balas y soportó la detonación de una granada de fragmentación que lanzaron contra él y otro grupo de líderes negros del norte del Cauca.

Ayer, en medio de una nueva controversia con el Gobierno nacional, Moreno recibió otra amenaza a través de un mensaje de texto en el que le dicen que van por él: “Señor Víctor Hugo, la deuda con usted aún no está saldada. Usted, al igual que Francia Márquez, Alexis Mina, José Nifer Diaz, Clemencia Carabalí, Alfredo Bonilla, Armando Caracas, y todos y cada uno de los colaboradores negros hijueputas declarados objetivo militar, al igual que todos esos sapos que los cuidan. Con todo y eso van a morir. “Águilas Negras” presente”, dice textualmente el sufragio que incluyó a otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Desde el día del atentado en el que resultaron ilesos las amenazas han sido constantes. Nada más un día después del hecho, el 6 de mayo, recibieron una advertencia concreta frente al acto: “lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes…”, dice el mensaje de texto. Y al final sentencia a quienes participaron en la minga del suroccidente que bloqueó durante más de 20 días la vía Panamericana y la alterna que pasa por territorio afro. “…todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada minga les llegó la hora negros hijueputas…”.

Después de esos hechos, los líderes afro han sostenido una serie de reuniones con el Ministerio del Interior y el propio presidente de la República, Iván Duque, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la minga. El 21 de mayo el presidente Duque invitó a la Casa de Nariño a 13 de los 16 líderes que fueron atacados en el norte del Cauca, escenario en el que se comprometió a expedir un decreto que garantice el cumplimiento de lo acordado, para lo cual designó al Ministerio del Interior para trabajar en conjunto con los líderes negros. Así se ha realizado durante las últimas semanas, pero surgió una nueva controversia porque los líderes aseguran que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se retiró de la reunión donde se redactó un acta, que firmó la directora de asuntos étnicos a quien delegó y que luego la modificó unilateralmente.

En medio de la ola de violencia que vive el norte del Cauca, Moreno habló sobre lo que ha pasado con la investigación del atentado, de las hipótesis que tiene la organización afrodescendiente frente al hecho, de los acuerdos con el Gobierno y, principalmente, con el presidente Duque que les hizo varias promesas en la Casa de Nariño.

¿Por qué la vida de los líderes negros del norte del Cauca sigue corriendo peligro?

Por un lado, el 6 de mayo nos llegó un mensaje amenazante que mencionaba a varios líderes que habíamos estado en el atentado. Las cosas se siguen agudizando frente a las amenazas después de haber participado en la minga del suroccidente. El Gobierno ha intentado hacer algunas acciones de cara a la protección individual de nosotros, pero seguimos insistiendo en la protección colectiva del territorio y, sobre todo, en atacar las causas que están generando riesgos y atentados contra líderes del norte del Cauca. No hay que perder de vista que esos riesgos son la minería ilegal, el crecimiento de cultivos de uso ilícito y la pretensión de empresas extranjeras de querer usurpar el territorio como en el pasado.

¿Cuál es la hipótesis de los líderes que estuvieron en el atentado del 4 de mayo pasado? ¿Quiénes podrían ser los autores intelectuales del hecho?

Por un lado, está todo el tema de lo que dejó de moverse una vez nosotros estuvimos en la minga, porque todos sabemos que el corredor humanitario alterno a la vía Panamericana es un corredor muy complejo. Durante la movilización no se movieron los vehículos con personas, los camiones del comercio y los que transportan otras cosas ilegales que no doy detalles por motivos de inseguridad. Esos particulares hoy son los que nos están cobrando que hayamos taponado la carretera. Por otro lado, está la afectación de los empresarios. Para nosotros no es gratis la amenaza del 6 de mayo, después del atentado, pues hace referencia de manera peyorativa a la minga y sugiere que detrás del hecho hay fuerzas legales, entrecomillas, ligadas a la criminalidad. En ese orden de ideas, hubo empresas que tuvieron pérdidas y que en otras ocasiones se han mostrado envalentonadas en contra de nosotros por reclamar nuestros derechos.

Horas después del atentado, la Fiscalía General de la Nación anuncia la captura de un menor de edad y lo acusa de ser uno de los autores materiales del hecho. Después se registran dos capturas más y se menciona que el caso ya casi está esclarecido. ¿Qué ha pasado con el caso en la justicia?

En principio se entendió que el caso iba viento en popa y muy rápido por todo el apoyo de nuestro sistema de justicia ancestral, que ayudó en la recolección de pruebas a través de la guardia cimarrona. Sin embargo, hoy después de todo lo visto creo que esas capturas son un falso positivo. No aclaran quiénes son los autores intelectuales y dejan muchas dudas de que los capturados hayan sido los autores materiales. Por el contrario, lo que está generando esta situación es un conflicto entre las comunidades, pues hay líderes que nos acusan de estar señalando a las personas que no tienen nada que ver en el atentado. Al principio de la investigación, que fue cuando colaboramos como sistema de justicia, se hizo unos retratos hablados con testimonios de quienes los vieron correr, pero luego nos informan que el primer capturado no coincide con dichos retratos, aunque la Fiscalía está haciendo caso omiso a eso. Después, cuando se dio la segunda captura, se agitó más el tema porque líderes de la comunidad argumentan que los personajes capturados estaban en otro sitio el día del atentado.

¿Qué ha dicho la Fiscalía frente a las quejas de los líderes sociales?

La Fiscalía está actuando mal y ya le hemos solicitado que replantee la hipótesis de la investigación. Ellos lo que nos dicen es que es uno de los escoltas que resultó herido el que está señalando directamente a los que han capturado. Pero no tiene sentido porque cuando consultan a los otros escoltas dicen que no reconocen a los capturados.

¿Cómo podría resumir esa larga tensión que han tenido las comunidades afros con el empresariado del sur del Valle y norte del Cauca?

Lo primero que uno puede invocar son los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y allí hay varios reportes donde se hace referencia a las personas que trajeron a los paramilitares al territorio. Y cuando se leen esos nombres de las personas y sus apellidos, uno se da cuenta que son empresarios de esta región. Históricamente para sacar a la gente del territorio, sobre todo de la parte plana del norte del Cauca de los municipios de Villarrica, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Caloto, siempre ha sido a través de la opresión y el racismo contra los negros. Opresión que se ha reflejado en masacres, asesinatos selectivos, inundaciones de los predios y la imposición de los megaproyectos empresariales de las élites colombianas sobre los territorios de los pueblos indígenas, negros y campesinos. La misma forma donde ha crecido el monocultivo de la caña, es la misma forma como han actuado en tierras de la palma aceitera.

Tras el atentado, el pasado 21 de mayo el presidente Duque invitó a un grupo de líderes que sufrieron el atentado para conversar en la Casa de Nariño. ¿Cuáles fueron los compromisos y por qué sigue la tensión con el Gobierno?

Él definió: “señora ministra (Nancy Patricia Gutiérrez) del Interior respecto al decreto que está solicitando la comunidad, por favor, reunirse, hacer un plan de trabajo y sacar eso”. Esa fue la directriz en general sobre el decreto, que es lo más importante. Lo otro, es que se comprometió a hacer presencia en el norte del Cauca para dialogar con las comunidades negras sobre los temas estructurales de la región. Dijo que va al norte del Cauca, siempre y cuando avancemos con la ministra respecto a nuestras pretensiones. Otro de los compromisos es que nos va a dar respuesta integral a la carta que se le presentó.

¿Cuál es la importancia del decreto para ustedes y por qué afirman que el Gobierno se está echando para atrás?

Como el presidente Duque no se quiso comprometer con el tema de protección colectiva de entrada, porque dijo que avancemos primero en la construcción de este decreto, entonces, quedamos que entre el 30 de mayo o 6 de junio nos reuniríamos con la ministra Gutiérrez. Así pasó el 6 de junio pasado y firmamos un acta para avanzar en la construcción del decreto, pero también, para incorporar en el mismo un piso presupuestal que estaría en cabeza de las instituciones nacionales encargadas de los acuerdos. Sin embargo, hay que decir que la ministra no se quiso quedar hasta el final de la reunión y encargó a la directora de asuntos de comunidades negras del Ministerio del Interior para que firmáramos el acta y se la hicieramos llegar al día siguiente a Popayán para firmarla. Estábamos en el norte del Cauca, nosotros terminamos de pulir los acuerdos del acta, la enviamos y vaya sorpresa que la ministra nunca envió el acta y solo el pasado sábado 15 de junio, fecha de reunión para avanzar, llegó el documento firmando por ella, pero con modificaciones unilaterales. Solo faltaba su firma, pero decidió cambiar el acta.

¿Cuáles fueron esas modificaciones?

Hay que decir que por ella ya había firmado la Directora de Comunidades Negras y que también fueron testigos y garantes la Defensoría del Pueblo y Mapp OEA. Entonces, lo que hizo la ministra Gutiérrez fue enviar un documento nuevo, modificando acuerdos sensibles como el fortalecimiento a la guardia cimarrona para la protección colectiva del territorio y de los líderes sociales, incumpliendo el punto seis de los acuerdos de La Habana donde se hace referencia al capítulo étnico de paz. Ahí se acordó con el gobierno que se fortalecería la guardia cimarrona e indígena. La ministra también excluyó del acta y, por tanto, quiere desconocer los acuerdos firmados con gobiernos anteriores. Y justo lo que queremos con este decreto es que dejen de burlarse de las comunidades, tenemos más de 40 actas firmadas a lo largo de la historia y nada se cumple nunca.

¿Cómo califican la actitud de la ministra del Interior, teniendo en cuenta que el presidente Duque ya había dado una directriz?

Este gobierno parece ser más corporativo y no cumple ni con lo que se compromete. La actitud de la ministra Gutiérrez es la siguiente: cambia el acta, la firma, no firma la que habíamos acordado y la envía como dando una orden: «fírmenla porque yo ya lo hice». Entonces, para nosotros todo esto profundiza las desconfianzas con este gobierno. Y, además, deja el sin sabor de que es un gobierno que desconoce los acuerdos que se firman entre dos partes, incluso, con garantes internacionales. Nos preocupa mucho esta actitud racista, porque como dijo Francia Márquez, si así es el desayuno no nos imaginamos el almuerzo. Hablan de legalidad, hablan de cumplir con lo que se comprometen y hoy no están cumpliendo ni siquiera con la firma de un decreto.

¿Qué viene frente a la negociación con el Gobierno, la tensión por el cambio de actas y la seguridad de los líderes?

En principio la ministra Gutiérrez nos envió una propuesta de resolución, porque dice que no tiene que ser un decreto. Entonces, es una resolución que está dejando en cabeza del Ministerio del Interior, los 10 municipios donde Aconc tiene presencia y la Gobernación del Cauca, ni siquiera involucra las entidades del nivel nacional que son las que tienen los acuerdos firmados con nosotros, sino que quiere que lo acordado sea responsabilidad del nivel municipal. Cosa que nosotros rechazamos y por eso seguimos exigiendo que sea un decreto. Segundo, nosotros seguimos en la disposición de diálogo con el gobierno a pesar de todo lo que está pasando. Estamos esperando que se pueda terminar la revisión de los acuerdos en conjunto con ellos y entre el 16 y 19 de julio tener un diálogo alrededor de los acuerdos puntuales que tiene cada institución del Estado. Lo otro es que nosotros no descartamos como pueblo negro junto con los campesinos, indígenas y pobladores de otras regiones del país como Buenaventura y Chocó, hacer una minga nacional debido a que a todos el Gobierno nos está dando el mismo trato. Pero que el Gobierno no espere a que esas cosas se den para cumplir con lo que se compromete.

Tomado de El Espectador.