A punta de leguleyadas que buscaban favorecer a los capitanes y coroneles que las hicieron, a los generales que las ordenaron y a los políticos que las usufructuaron, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana ocultó por cuatro meses y medio la existencia de las carpetas reveladas hace unos días por la revista Semana en las que el batallón de ciberinteligencia del Ejército reseñó a periodistas, políticos y representantes de oenegés, como si fueran una amenaza para la seguridad.
Pese a la gravedad que suponían estos seguimientos ilegales, la magistrada Lombana –quien fue la misma que ordenó en diciembre pasado el allanamiento a esas unidades militares donde encontraron parte de las carpetas reveladas por la revista Semana – decidió, de manera arbitraria, no incorporarlos al expediente durante casi cuatro meses y medio y solo vino a hacerlo el 4 de mayo pasado, luego de que la revista Semana las reveló.
Forzada por los hechos y de manera tardía procedió a hacer una compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía que ella misma había demorado.
Para lograr semejante marrulla, la magistrada Lombana se las ingenió para no recibir los informes parciales de Policía Judicial hechos por los peritos sobre lo encontrado en el allanamiento. ¿Y por qué no los quería recibir?… tal vez porque si lo hacía tendría que incorporar las carpetas al proceso y hacer la compulsa de copias, con lo cual no solo perdería el control de la investigación sino que dejaría expuestos a todos los oficiales, al alto mando militar y a los políticos que tuvieron que ver con esta red de espionaje.
Que sea una magistrada de la CSJ la que le hace domicilios al alto mando, el día que estuvo en la Procuraduría viendo las carpetas, los deja a ambos muy mal parados.
No se necesita ser muy perspicaz para saber que toda demora en la compulsa de copias beneficia a los posibles investigados, que en este caso, repito, son los capitanes, coroneles y generales implicados en la elaboración de esas carpetas.
La magistrada Lombana, quien fue hasta hace poco militar activa, también pudo haber propiciado las circunstancias para que el alto mando advirtiera que ella las tenía y que su intención era seguirle dando largas al proceso para no vincularlas a este.
Ella sabía de las carpetas, a pesar de no haber recibido oficialmente el contenido del informe de Policía Judicial. Lideraba la investigación y tenía acceso a esa información y en esa condición fue varias veces a la Procuraduría a ver su expediente. Ahí estaban las famosas carpetas. En al menos una ocasión pudimos confirmar que ella salió de la Procuraduría a hablar con el alto mando, sin ningún reato ético. Eso lo hizo el 10 de marzo de este año, según lo confirma un documento que tengo en mi poder en el que se prueba que ese día la magistrada entró a las 5:30 p. m. a una cita en la comandancia del Ejército. Según mis fuentes, la magistrada venía de la Procuraduría, donde había estado por espacio de varias horas estudiando el expediente.
¿De qué hablaron en esa reunión y quiénes fueron los generales que estuvieron con ella? No lo sé. Lo que sí tengo confirmado es que el general Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas, me aceptó que él se reunió por lo menos en una ocasión con la magistrada Lombana, pero que nunca hablaron de las carpetas.
Con todo respeto por el general Navarro, no le creo. Si la magistrada llegó a esa cita en la comandancia del Ejército luego de haber estado en la Procuraduría viendo las carpetas, lo más probable es que hayan hablado de ellas. ¿A qué podría haber ido la magistrada?, pregunto. ¿A hablarles del coronavirus o a advertirles a los generales que tenía las carpetas y que no las había incorporado al expediente?
Lo cierto es que la magistrada fue al comando del Ejército por lo menos una vez a hablar con el alto mando, a sabiendas de que sus interlocutores podrían terminar siendo vinculados a la investigación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la recibieron los militares si sabían que estaban entrando en arenas movedizas?
Lo lógico es que las carpetas se hubieran incorporado al expediente desde el inicio del proceso y que los generales fueran a la Corte para ser formalmente notificados, si había lugar para ello.
Pero que sea una magistrada de la CSJ la que le hace domicilios al alto mando, precisamente el mismo día que estuvo en la Procuraduría viendo las carpetas, los deja a ambos muy mal parados. A la magistrada Lombana, porque demuestra que manejó la investigación poniéndola al servicio de su antiguo uniforme, y al alto mando, porque considera que todos somos unos pendejos que le vamos a creer su cuentazo de que no sabían nada de nada y de que solo vinieron a saber de las carpetas por las revelaciones de Ricardo Calderón en la revista Semana.
Tomado de Revista Semana
