Lima, 5 de mayo de 2025.- Un escalofriante video de 13 trabajadores de una mina de oro que habían sido secuestrados, torturados y asesinados en un socavón en el norte de Perú por parte de delincuentes ha evidenciado la «ola de terror» que ha desplegado las bandas de mineros ilegales, una actividad que cada vez tiene un mayor impacto social y ambiental.
La minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.
Estas son algunas de las claves de la situación.
1.- Mapa minero
La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de 6.200 millones de dólares o 5.500 millones de euros.
En el sur, esta actividad es particularmente intensa en la región de Puno y el departamento amazónico de Madre de Dios, donde se han destruido miles de hectáreas de selva y está la Pampa, una zona devastada por la minería, donde no hay presencia de autoridades y abunda la trata de personas y narcotráfico.
En el norte, se ubica la provincia de Pataz, donde los criminales han perpetrado los últimos ataques y, pese haber sido declarada en emergencia en febrero de 2024, ha aumentado la violencia.
La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son contantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.
En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
2.- Daño social y medioambiental
La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.
Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.
Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.
3.- Incapacidad de las autoridades
El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.
Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Por ejemplo, la empresa Poderosa indicó que, la misma semana en la que los trabajadores estaban secuestrados, un grupo de 800 policías hicieron un operativo que no permitió evitar el crimen.
«Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia que el suceso que se informó sea veraz», indicó el primer ministro, Gustavo Adrianzén, el 30 de abril, cuando le preguntaron sobre el secuestro inicial que las familias de los trabajadores denunciaban.
La SNMPE aseguró, tras la confirmación de los asesinatos, que es importante que la Policía Nacional desarrolle labores de inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales de mineros ilegales «que están generando la peor violencia en el país desde hace algunas décadas».
4.- Registro formal
Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.
A finales de 2024, el Congreso aprobó una nueva ampliación por seis meses de este registro, una medida criticada por expertos porque perpetúa la impunidad con la que operan.
Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.
El propio ministerio reconoce que han identificado problemas estructurales en el uso del Reinfo, pues han detectado que los mineros lo usan únicamente para obtener beneficios estatales.
En el mismo sentido, Poderosa señaló que las reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de «manto protector» para que los mineros ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser «un fracaso total».
«Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes que sea demasiado tarde», expresó Poderosa en el comunicado.
Paula Bayarte
EFE