La cifra revela por sí sola la dimensión de la tragedia humana causada por el conflicto armado y la magnitud del reto del país en los próximos años: Son 5 millones 568 mil 988 víctimas reconocidas, hasta ahora, que reclaman ser reparadas.

El Gobierno destaca que 317 mil personas han sido reparadas y otras miles atendidas. También expone avances para restituir la tierra despojada a cientos de miles de desplazados. Todo con un esfuerzo económico de 1,6 billones de pesos en los dos primeros años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Según el Ministerio de Agricultura, 233 sentencias que cubren 666 casos han permitido restituir 15.000 hectáreas en todo el país. De los beneficiarios, el 66% ha retornado; el 24% está pendiente de la entrega de terrenos y el 10% por ciento no retorna.

Esa cifra es calificada como escasa. Hace 20 días se dieron cuestionamientos de la Procuraduría y la reconocida organización Human Rights Watch (HRW). El Ministerio Público enfocó sus críticas a que «la Ley de Víctimas corre el riesgo de devenir en una norma asistencialista de ayuda humanitaria», que impide a la población afectada recuperar sus modos de vida, bienes y medios de sustento.

La ong extranjera reiteró que las amenazas, los desplazamientos y el asesinato de los reclamantes de tierras frenan la restitución de predios a los desplazados. Lo cierto es que hay dificultades legales y en terreno, como la «tramitomanía y excesivos formalismos», según las víctimas y sus representantes, como Teresita Gaviria, presidenta de la Corporación Madres de la Candelaria.

Esa población afectada por el conflicto, que acumula años y sufrimientos en espera de ser compensados por el daño sufrido, también advierte varias trabas para la restitución. Estas van desde trámites hasta amenazas y falta de apoyo económico para volver a hacer productivos los predios.

Los obstáculos fueron identificados por la Fundación Forjando Futuros, que representa a desplazados. Tras estudiar las 150 primeras sentencias de restitución de tierras, entre octubre de 2012 y agosto de 2013), hace recomendaciones para agilizar el proceso (ver recuadros).

Los logros y dificultades también son advertidos para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (con estatus consultivo ante la OEA). Marco Romero, su presidente, sostiene «ante la magnitud del despojo de tierras y el abandono, que se calcula en 6 millones de hectáreas, la cifra de restitución se ve pequeña».

Agrega que HRW cuestiona que solo el 20 por ciento de las demandas de restitución están en manos de jueces, «pero también hay que reconocer que el primer año del proyecto (2011) el Estado creó la logística, como la Unidad de Reparación, se designaron los jueces agrarios y los mecanismos técnicos. Esperamos que en esta segunda etapa se avance masivamente».

Romero advierte que hace falta más acompañamiento en los retornos de desplazados. Insiste en que para el caso de las tierras abandonas, que no presentan oposición de terceras personas, «deberían devolverse con una resolución expedita y no enfrentar el mismo proceso judicial de un litigio, como ocurre ahora».

Gobierno defiende gestión
La Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas prepara un informe a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría para defender los resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Así lo asegura la directora de esa dependencia, Paula Gaviria, quien defiende la gestión al insistir en que, a pesar de las dificultades de reparar en medio del conflicto armado, hay logros y avances. «El objetivo es explicar los avances y mejorar en los temas en los que señalan falencias».

La funcionaria explica que el Estado se ha esforzado en una reparación integral «con lo que se rompe el asistencialismo del Estado y se reconoce que las personas que sufrieron a manos de los grupos armados ilegales, o algunos agentes del Estado, valen más que un cheque».

Para refutar la declaración del procurador delegado, Jaime Álvarez, quien aseguró que la «Ley de Víctimas no ha reparado a nadie», la funcionaria insiste en que la meta del cuatrienio del actual Gobierno es reparar a 385.000 personas y que las reparadas hasta la fecha superan lo presupuestado, aunque recordó que el proyecto es de aplicación gradual durante 10 años.

También destaca que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, se amplio la protección a los desplazados, porque además de abandonar sus hogares, muchos sufrieron homicidios de parientes, desapariciones forzadas y violencia sexual.

El objetivo del modelo de atención apunta a pasar de la ayuda humanitaria (alimentación, arriendos) al restablecimiento de derechos con salud, vivienda, capacitación para el empleo y proyectos productivos para los desplazados.