Bogotá, 10 de marzo de 2022.- Las víctimas del conflicto colombiano podrán elegir el domingo por primera vez con listas propias a 16 miembros de la Cámara de Representantes en unas circunscripciones formadas por las regiones más golpeadas por la guerra que dejó más de 8,5 millones de víctimas, cuenta que sigue subiendo.
Se trata de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz previstas en el acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 y finalmente aprobadas por el Congreso el pasado 25 de agosto para dos periodos legislativos de cuatro años a partir de 2022, pero cuya puesta en práctica está amenazada desde distintos flancos.
En total hay 398 candidatos para los 16 escaños, inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas y sociales, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género en cada lista.
Las 16 circunscripciones de paz abarcan las zonas rurales de los 167 municipios más golpeados por el conflicto y repartidos en 18 de los 32 departamentos: Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre, Huila, Tolima, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.
VIOLENCIA SIN FIN
Sin embargo, uno de los principales problemas de esta iniciativa está en que en esas regiones el conflicto no terminó con la firma de la paz con las FARC y, por el contrario, en muchas de ellas se ha recrudecido la violencia de disidentes, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de bandas criminales como el Clan del Golfo, dedicadas al narcotráfico.
«Lo más importante de este proceso electoral es que donde realmente va se va a medir cuál fue el impacto de la capacidad institucional del Estado para llegar a estas zonas donde había presencia las FARC es en esos 167 municipios, en las zonas rurales de esos 167 municipios», dijo a Efe la directora de la plataforma Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
Esta iniciativa ha estado rodeada de polémicas desde el comienzo por el debate sobre quiénes debían representar a los millones de víctimas que sigue dejando el conflicto, entre muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y desplazados, pues incluso un hijo del temido exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40» es candidato por ser víctima de la guerrilla.
«Al estar registrado como víctima (…) porque fue perseguido por ser el hijo de ‘Jorge 40’, así no nos guste, y teniendo absolutamente claro que el espíritu (de la ley) no era para los hijos de quienes han sido victimarios o para sus familiares, no se pueden hacer inhabilitaciones particulares», explicó Barrios.
PAZ, JUSTICIA Y DESARROLLO
Los candidatos a las curules de paz tienen en común su deseo de que haya verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado, así como alternativas de desarrollo para sus territorios, donde han corrido ríos de sangre por ataques de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
«De llegar a ser elegida como congresista quiero trabajar de la mano con todas las víctimas porque son la parte fundamental de este proceso, trabajar (por) la reforma rural integral, que es uno de los puntos de (el acuerdo de paz de) La Habana y también el tema de la reparación integral y la sustitución voluntaria de cultivos», afirma a Efe Mónica Andrea Cuéllar, de la Organización de Jóvenes Emprendedores del Putumayo.
Como ella, John Fredy Bocanegra, candidato por Cimarrón Putumayo, una organización de afrodescendientes que recoge además el apoyo de la comunidad LGTBI Así Somos Puerto Asís, confía en llegar al Congreso para empezar a cambiar a muchas cosas en su región.
«Me inscribí porque la verdad, estamos siendo vulnerados, muchas cosas pasan y no tenemos una representación. Creo que llegó el momento (…) de que tengamos una representación en el Congreso de la República», dijo a Efe Bocanegra.
Este joven asegura que hacer campaña como víctima no ha sido fácil ya que por motivos de seguridad y la escasez de recursos financieros es imposible llegar a todos los caseríos de ese selvático departamento.
«El orden público aquí en el Putumayo es bastante complicado y la verdad, no contamos con las garantías (y) no tenemos presupuesto, estamos trabajando con las uñas porque ya lo que teníamos se nos agotó y falta el día más importante, el día de las elecciones, el 13 de marzo», afirma.
Según la MOE, 97 de los 167 municipios (el 58,1%) que conforman las circunscripciones de paz «presentan algún nivel de riesgo electoral» por la violencia.
CAMPAÑAS SIN DINERO
En cuanto a las dificultades financieras, también fueron denunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que hace dos semanas advirtió que «las compañías de seguros, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y establecimientos bancarios (…) se han negado a expedir las pólizas o garantías a los candidatos a las Circunscripciones Especiales de Paz».
Los riesgos que enfrenta la inédita elección de las curules para las víctimas también fueron apuntados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en un reciente estudio señaló que «en regiones que tienen un alto impacto humanitario por disputas entre grupos armados, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para realizar sus campañas es limitada».
La FIP también denunció «amenazas, limitaciones al ejercicio político e incidencia de grupos armados en el proceso electoral» en algunas de las 16 circunscripciones, así como la «estigmatización de líderes y candidaturas que han impulsado la implementación del acuerdo de paz».
«Según datos de la base de agresiones a líderes de la FIP, entre 2017 y 2021, estas 16 circunscripciones han concentrado el 60 % de los homicidios a líderes», indicó esa ONG, que también apuntó como problemas las limitaciones financieras, la cooptación por parte de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales, así como brechas de género y obstáculos para la participación de las mujeres.
Jaime Ortega Carrascal
EFE
