A través de un comunicado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –polémico órgano de la justicia que hace más de cuatro años está viviendo horas extras, porque fue eliminado por una reforma constitucional que nadie ha podido hacer cumplir– le ofició a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue las denuncias de acoso sexual en esa alta corte.
Tres magistrados de ese tribunal –Pedro Sanabria, Fidalgo Estupiñán y Camilo Montoya– fueron señalados por un informe del diario ‘Vanguardia’ según el cual varias funcionarias de la Sala Disciplinaria fueron víctimas de esas prácticas abusivas e ilegales.
El espinoso tema del acoso sexual en los diferentes estamentos de la justicia colombiana, que cuando menos es fuertemente patriarcal, ha empezado a moverse en los últimos meses.
Pero a diferencia de lo que ocurrió hace poco en la Corte Constitucional con denuncias similares, los magistrados de la Judicatura no ofrecieron abrir sus puertas a la auditoría de un tercero –en el caso de la Corte, la prestigiosa agencia Usaid– ni han anunciado una investigación interna adicional a la que debe cursar en instancias correspondientes. Se conformaron con pasarle la pelota a una comisión del Congreso donde llevan años durmiendo decenas de denuncias, por diversos cargos, contra miembros de la Sala Disciplinaria.
El nuevo escándalo de la Judicatura obliga a preguntarse, una vez más, cuándo va a terminar la inexplicable interinidad en la corte de cierre de la disciplina judicial en el país.
El Gobierno recibió desde el año pasado la luz verde de la Sala de Consulta del Consejo de Estado para que proceda a renovar la Sala mientras se eligen en propiedad los nuevos magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. Pero ni la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño ni el Ministerio de Justicia –del que acaba de salir Margarita Cabello para aspirar a la Procuraduría– han dado ningún paso concreto en ese sentido.
Entre tanto, la Corte Constitucional tiene desde hace varias sesiones en su orden del día la revisión de una tutela que podría acabar con el limbo de la Sala Disciplinaria, pero no se ha logrado que el espinoso tema empiece a ser discutido por los magistrados. La ponencia la tiene la magistrada Gloria Ortiz, quien, cuando fue presidenta de la Corte, pidió el acompañamiento de Usaid para investigar las denuncias de acoso en ese tribunal.
Que los siete miembros de la Sala Disciplinaria defiendan a capa y espada su continuidad como magistrados se entiende. Ingresos al mes superiores a los 30 millones de pesos, poder burocrático y sobre las investigaciones disciplinarias de miles de jueces y abogados –además de la virtual intangibilidad frente a cualquier denuncia que les ofrece el hecho de solo ser investigados por la Comisión de Acusación– pueden ser para algunos incentivo suficiente, aunque esto nada tenga que ver con la majestad de la justicia que debe encarnar un magistrado.
Lo que no se entiende es por qué ni el Gobierno, ni el Congreso ni las cortes han hecho lo que tienen que hacer, que es cumplir con la reforma de equilibrio de poderes y empezar a enterrar la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
*Por John Torres
Tomado de El Tiempo
