El paisa Alexánder Cifuentes Villa fue, sin duda, uno de los testigos en el juicio del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán que más información le entregó al Departamento de Justicia sobre los nexos entre la mafia colombiana y la mexicana.
Con tan solo sexto de bachillerato, demostró cómo se convirtió en un hombre de confianza del ‘Chapo’ e incluso vivió con él casi un año en México.
Para demostrar su cercanía no solo entregó detalles de los narcoaviones del capo y de sus socios italianos. También aceptó el reto de la fiscal federal que le pidió las tallas del jefe del cartel de Sinaloa: “Usa pantalón 32 y camisas médium”, dijo y entregó fotos de los dos.
Con esas credenciales y como parte de una de las familias mafiosas más poderosas y violentas de Colombia –los Cifuentes Villa–, Alexánder estuvo hablando cinco largas jornadas.
Empezó por hablar de una nueva ruta hacia Toronto, de los asesinatos que planeó y hasta de los miembros de la Fiscalía, el Ejército y la Policía de Colombia que protegieron por décadas a sus hermanos Jorge, Francisco, Héctor, Lucía y Dolly.
Además de ayudar a condenar al ‘Chapo’, Alexánder suministró información que permitió abrir una nueva línea de investigación que toca directamente a Colombia y que incluye los bienes del jefe del cartel de Sinaloa en al menos cinco países.
Torre 80 y la viuda
En efecto, habló de una megapropiedad en el Pacífico y de otra más en la región de Urabá.
Y también habló de otro episodio que ha llamado la atención porque se conectó con otra propiedad que perteneció a los Cifuentes Villa y que la Fiscalía aceptó como indemnización dentro del caso Odebrecht.
Alexánder empezó por asegurar que conoció la existencia de “casas de seguridad de Joaquín Guzmán Loera con entre 5 y 10 millones de dólares ocultos, en Culiacán, Mazatlán, Guadalajara, Sonora, Chihuahua y baja California”.
También dijo que le ayudó al capo a adquirir propiedades en Costa Rica y en Honduras, que servían de punto de tránsito para subir coca y marihuana colombianas hacia México.
“Se compró un rancho en Honduras, en donde se construyó una pista. Lo negoció ‘Memín’, trabajador de Joaquín, en 2008. Pero se gastó una parte en un carro Mercedes y Joaquín lo castigó. Vi fotos de ‘Memín’ enyesado de los pies hasta el cuello”, contó el paisa y luego habló de bienes en Colombia.
Para llegar a ese punto, empezó por describir sus primeros encuentros con el jefe del cartel de Sinaloa, desde 2006, en los que estuvo presente otra colombiana, Andrea Fernández Vélez, hoy testigo protegida del FBI, con identidad cambiada.
Dijo que durante una estadía en Cancún, se enteró de que su hermano Francisco había sido asesinado en Caucasia, el 27 de abril de 2007, un crimen que estrechó sus nexos con el ‘Chapo’.
“Después de que me operaron del páncreas, Jorge hizo arreglos para que viajara a Culiacán a entrevistarme con Joaquín para volver al trabajo, intentar averiguar quién había matado a Francisco y tomar represalias”, contó.
En ese contexto aseguró que estaba seguro de que el colombiano Juan Ramón Zapata era quien los había delatado. Además, que de las cinco viudas que dejó su hermano Francisco, eligieron a una de ellas para que heredera el negocio y se entrevistara con el ‘Chapo’: Patricia Rodríguez. Contó que la mujer viajó hasta Sinaloa a verse con el capo y empezaron a negociar.
“Se discutió sobre un cargamento pendiente de 650 kilos y el hecho de que la viuda quería dejarle las fincas de trabajo al señor Guzmán Loera”, narró.
Una de ellas, afirmó, está ubicada en el lado norte del Pacífico colombiano, y el capo la rebautizó Rancho Viejo; y otra, en el área de Urabá, que se llamaba Casa Coima o Torre 80. El atractivo es que ambas tenían pista de aterrizaje, por eso, una sola de ellas fue tasada por la viuda en 9 millones de dólares.
La finca narca en Odebrecht
Alexánder dijo que antes de cerrar el negocio el capo pidió probar su efectividad y sacó un cargamento de tres toneladas.
Y entregó una pista adicional sobre otro predio, ubicado a pocos kilómetros de donde mataron a Francisco Cifuentes.
La hacienda se llama El Dorado y son 1.500 hectáreas en el convulsionado municipio de Cáceres, Antioquia.
El predio, que primero se llamaba La Cubana, terminó en manos de Federico Gaviria, receptor y distribuidor de los sobornos de Odebrecht.
La finca supuestamente cambió de manos a través de un intermediario: Juan Ramón Zapata, a quien los Cifuentes señalan de haberlos delatado.
La justicia de Estados Unidos quiere saber qué pasó con esos predios y si aparecieron entre los inmuebles que, en 2016, se le extinguió al clan Cifuentes Villa, por 36.000 millones de pesos.
Todo indica que no, pues esas propiedades quedan en Ayapel, Córdoba, y en Puerto Triunfo, La Pintada y Mutatá, Antioquia.
En cuanto a la finca en Cáceres, la defensa de Federico Gaviria le dijo a EL TIEMPO que se entregó para cubrir los 9.000 millones de pesos que su cliente devolvió por los sobornos que movió de Odebrecht.
Un capo extraditado dijo en Estados Unidos que Otto Bula conoció esa transacción y que se hizo a través de una banda de cambalacheros, que intercambian bienes de la mafia, para limpiar su historial.
“Yo no tengo conocimiento de quiénes eran los anteriores dueños de la propiedad. Lo que sí le puedo decir es que se entregó saneada y con un avalúo de una lonja, aprobado por la Fiscalía”, le dijo a este diario el penalista Hernando Bocanegra, abogado de Federico Gaviria.
Eduardo Zambrano, otro de los involucrados en el escándalo de coimas de Odebrecht, ya ofreció contar algunos movimientos de plata que aún no se conocen.
Y aunque Alexánder Cifuentes aseguró que él mismo le pidió a un sobrino que asesinara a Juan Ramón Zapata – el señalado intermediario en la venta de El Dorado–, el plan no se ejecutó y Estados Unidos está interesado en lo que Zapata tenga que decir.
Tomado de El Tiempo
