Paradójicamente, de todas las hipótesis que se consideraron en su momento acerca del magnicidio de Álvaro Gómez, cometido el 2 de noviembre de 1995, una de las que menos fuerza tuvo fue la que fueron las Farc las autoras del crimen, como lo acaban de reconocer miembros de esa organización en una carta a la JEP.
En cerca de 25 años, se han discutido múltiples teorías, algunas traducidas en decisiones judiciales, que involucran a miembros del Ejército, a narcos del cartel del Norte del Valle, e incluso al gobierno del entonces presidente, Ernesto Samper.
Todas esas teorías quedarían desvirtuadas si se confirma lo sostenido por un grupo de antiguos miembros del secretariado de esa organización, que en una carta a la Sala de reconocimiento de verdad de la JEP asumieron su responsabilidad en el magnicidio, así como en cinco homicidios con impacto político cometidos entre 1987 y 2002.
En un comunicado hecho público, miembros de la organización, incluido su máximo jefe Rodrigo Londoño, Timochenko, manifestaron que “fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez”.
Las hipótesis
Aunque en un principio, la posibilidad de que las FARC fueran las autoras del crimen fue contemplada, con el paso de los años la investigación se fue orientando hacia la supuesta responsabilidad de un grupo de militares que habrían querido vincular al líder conservador en un golpe de Estado contra Ernesto Samper, quien en ese momento enfrentaba una situación política crítica como consecuencia del escándalo del 8.000. El asesinato habría sido ordenado porque Gómez se negó a tomar parte en el golpe.
Esa hipótesis llevó incluso a que fuera llamado a juicio el coronel (r) Bernardo Ruíz Silva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, quien fue señalado por un testigo con reserva de identidad conocido como Emilio, de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen.
Ruíz fue finalmente absuelto por una juez especializada, que encontró que la declaración de los testigos no estaba basada en información que les pudiera constar directamente y en cambio sí parecía que estaba impulsada por el ánimo de obtener beneficios judiciales.
A medida que esta hipótesis se fue desvaneciendo y la credibilidad de los testigos se empezó a poner en duda, surgió otra teoría que también estaba relacionada con el proceso 8.000, pero que apuntaba a lo que se podría llamar el ‘bando’ contrario.
Esta teoría tomó fuerza por un testimonio que dio el extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, a quien visitó un grupo de miembros de la Comisión de Acusación en la cárcel en la que estaba recluido en Estados Unidos.
‘Rasguño’ aseguró que el capo del cartel del norte del Valle Orlando Henao asesinó a Álvaro Gómez por solicitud de Ignacio Londoño, un político vallecaucano muy cercano a Ernesto Samper y Horacio Serpa.
De acuerdo con la versión de ‘Rasguño’, el propio coronel Danilo González, un expolicía que terminó trabajando para los narcos, le confesó ser el autor del crimen por orden de Henao.
La decisión de matar a Gómez habría sido tomada porque el líder conservador era un obstáculo para que Samper fuera absuelto en la Cámara de Representantes y para los narcotraficantes, la llegada de un presidente contrario a sus intereses era vista como una amenaza.
Todas estas teorías y otras que han surgido a lo largo de los años (otra involucraba por ejemplo al General (r) Rito Alejo del Río), quedarían desvirtuadas con el reconocimiento de responsabilidad por parte de las Farc.
La Fiscalía, sin embargo, sigue adelante con su investigación, que busca confirmar las declaraciones, no solo de ‘Rasguño’, sino de otros narcotraficantes presos en Estados Unidos, que, supuestamente confirmarían la versión de Gómez Bustamante.
Cuando se posesionó el actual fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente Iván Duque le pidió expresamente aclarar el crimen de Gómez Hurtado. Luego de conocerse ayer la carta de las Farc, el mandatario puso en duda ese reconocimiento.
La última palabra la tendrá la sala de reconocimiento de verdad de la JEP, que deberá determinar si se trata de una confesión legítima por parte de las Farc.
Tomado de La Opinión
