Managua, 21 octubre.- Familiares de «presos políticos» en Nicaragua intentaron sin éxito este martes verlos, por segunda ocasión desde que el presidente Daniel Ortega calificó el pasado lunes de «inventos» el aislamiento de los convictos.
Los familiares, en su mayoría mujeres, fueron impedidos de ingresar a la sede de la cárcel conocida como «La Modelo», la más grande de Nicaragua, a pesar de que Ortega había asegurado el lunes que estas tienen libertad para ver a los presos, a lo cual ellas respondieron con una manifestación pacífica.
«¡Las madres no mentimos, queremos libertad!», gritaron las mujeres, mientras alzaban carteles con los rostros y nombres de sus familiares presos, en un retén ubicado a unos 50 metros del portón de «La Modelo», ubicada a 23 kilómetros al noreste de Managua.
Los carceleros invitaron a las madres a alejarse, y argumentaron que para ver a los reos se necesita un procedimiento.
La defensora de los derechos humanos y abogada de más de 20 «presos políticos», Yonarquis Martínez, respondió que dicho proceso consiste en tener un carnet de autorización y una orden superior que deben presentar dentro de las instalaciones, ante lo cual las autoridades guardaron silencio y mantuvieron su postura.
«No nos están queriendo dejar ingresar, es la prueba inminente de la mentira de un discurso», dijo Martínez, en referencia a las palabras públicas de Ortega.
«¿No tiene palabra el presidente?», preguntaron las madres, quienes luego se negaron a una propuesta de las autoridades que consistió en dejarlas entrar una por una.
«Se negaron porque tienen temor de que les quiten las tarjetas de visitas, no es la primera vez que el Sistema Penitenciario toma represalia contra las madres, ahorita quieren anotar sus nombres pero sin dejarlas entrar», sostuvo Martínez.
VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN
Los familiares de los «presos políticos» mantuvieron sus denuncias sobre supuestos maltratos que estos reciben dentro de las cárceles, así como castigos adicionales a los que mantienen una huelga de hambre escalonada desde hace 22 días.
Luego de la negativa de las autoridades, las mujeres, cerca de 15, regresaron hacia Managua en un microbús, al que dio persecución una patrulla policial y motociclistas, como ocurre con los opositores más conocidos desde septiembre pasado.
«Si nos pasa algo responsabilizamos al Gobierno, porque nos vienen siguiendo paramilitares y la Policía Nacional, pedimos apoyo», dijo una de ellas, desde el interior del automotor, en un vídeo compartido en redes sociales, pero horas después no volvieron a comunicarse.
En la víspera otro grupo de familiares de «presos políticos», junto con abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ya había «tomado la palabra» a Ortega, con la misma suerte, aunque sin ser perseguidos.
Actualmente, en Nicaragua hay unos 113 opositores convictos, de los cuales 103 fueron capturados tras el estallido social contra Ortega en abril de 2018, y los restantes permanecen desde antes, de acuerdo con las organizaciones aglutinadas en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La crisis sociopolítica de Nicaragua dejó al menos 328 muertos en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales sostienen que la cifra se ha elevado a 684 desde entonces, y Ortega admite 200, mientras se dice víctima de un «golpe de Estado fallido».
Este miércoles la crisis de Nicaragua será abordada en la 50 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
