Roma, 9 ago – Los gestores de las playas privadas en Italia, que constituyen una importante parte de los litorales del país, han convocado este viernes una huelga de dos horas para protestar contra la decisión del Gobierno de aplicar la directiva europea que obliga a realizar una nueva licitación de estos espacios.
Los llamados «establecimientos playeros» abrirán dos horas más tarde de lo habitual – a las 9:30 en lugar de las 7:30 – tras la huelga convocada por algunas asociaciones que representan a los gestores en lo que es más que nada un gesto simbólico, visto el horario poco concurrido.
Los gestores de las playas privadas se han opuesto desde siempre a la directiva Bolkestein europea de 2006 que obliga a licitar estos espacios pero Italia nunca lo hizo, por lo que ha sufrido incluso procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.
Durante décadas, las concesiones de playas casi siempre se otorgan automáticamente a los mismos propietarios y familias y con alquileres muy bajos, favoreciendo en muchas ocasiones las filtraciones mafiosas.
La última prórroga para la aplicación de la directiva europea fue aprobada por el actual gobierno de Giorgia Meloni, que con la ley de presupuesto aprobada en diciembre de 2022 extendió las concesiones hasta finales de 2024, cuando, si no hay más cambios, tendrán que realizarse las licitaciones.
Incluso en febrero de 2023 y en enero de 2024, el presidente de la Republica italiana, Sergio Mattarella, escribió una carta a los presidentes de la Cámara y del Senado y al primer ministro, informando de que las prórrogas de las concesiones eran incompatibles con el derecho europeo y con las sentencias del Consejo de Estado. En enero de 2024, con una nueva carta enviada a los mismos destinatarios, Mattarella reiteró esencialmente el mismo concepto.
En julio de 2023, el Gobierno ordenó la realización de un estudio que estableció que las playas privadas ocupan el 33 por ciento de la propiedad marítima estatal, es decir de las playas pero también de las zonas costeras rocosas.
Últimamente algunos activistas, reunidos en la asociación Mare Libero, han comenzado a organizar protestas en las playas para reclamar el derecho a utilizar un bien público libremente, sin pagar y colocan sus sombrillas y toallas en las playas gestionadas por los privados.
En 2019, el gobierno recaudó 115 millones de euros con la venta de licencias de playa, mientras que se estima que el negocio en sí vale unos 15.000 millones de euros anuales.
Según el líder del partido Azione, Carlo Calenda, existen gestores que pagan unos 4.000 euros por todo el año, lo que costaría sólo a una familia sacarse un pase de todo el verano.
EFE