La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves que se rechazó, en primera instancia, el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pretendía ser aceptado por esa justicia como tercero civil en el conflicto, dado que los paramilitares no tienen pista dentro de la JEP en calidad de excombatientes.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que Mancuso fue combatiente de los paramilitares y que no se demostró que, antes de serlo, hubiera tenido el rol de tercero civil financiador o auspiciador de estos grupos.
Mancuso aseguraba, en su solicitud, que entre 1989 y 1997, antes de vincularse a las recién creadas Autodefensas Unidas de Colombia de las que llegó a ser su último comandante, había ejercido el rol de colaborador o financiador, desde su rol como ganadero de Córdoba.
No obstante, para los magistrados de la Sala, durante esos años Mancuso fue «miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate». Por lo tanto, la información revisada en la decisión apunta a que participó directamente de las hostilidades.
A esta conclusión llegaron también tras analizar los procesos de justicia ordinaria y de Justicia y Paz, así como investigaciones extrajudiciales como las del Centro de Memoria Histórica. «Todas ellas confirman que su participación en el conflicto armado interno entre 1989 y 1997 constituyó lo que en el Derecho Internacional Humanitario se llama una función continua de combate», afirma la JEP.
Sin embargo, la decisión suscitó discusión en la JEP. De los siete magistrados a cargo, cuatro votaron a favor de rechazar el sometimiento. De estos, dos presentaron aclaración de voto. Los tres restantes presentaron salvamento de voto.
En la propia solicitud de Mancuso se afirmaba que este patrulló con miembros del Ejército, antiguos guerrilleros y otros combatientes, portando armas largas. Además, que participó en acciones armadas con fines contrainsurgentes que fueron más allá de la financiación o de aportar información.
Por lo tanto, la JEP decidió que los crímenes cometidos por Salvatore Mancuso Gómez no son de su competencia.
La defensa de Mancuso aseguró que este fue colaborador del Ejército, como informante, en 1989 y que recibió entrenamiento del mayor del Ejército Walter Fratini Lobacio, comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada del Ejército.
No obstante, también aseguró que el entonces ganadero participó de patrullajes contrainsurgentes ilegales, junto a Frantini y otros soldados y exguerrilleros. Como comandante del «grupo especial», Mancuso no solo dio dinero e información para actividades ilegales, sino que participó en la ejecución de operaciones armadas.
Tras la muerte de Frantini, Mancuso asumió el mando del grupo. Luego, en 1994, conoció a los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil. Para ese momento, estos ya comandaban las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, a las cuales se unió Mancuso en 1995. A partir de entonces, preparó la creación del Bloque Norte de las Autodefensas.
Todo este recuento, para la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, indica que Mancuso no fue un civil que apoyó grupos armados ilegales, sino «un miembro orgánico de los nacientes grupos y, por lo tanto, excluido de la competencia constitucional de la JEP».
Tras el proceso de Justicia y Paz, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos para purgar una pena por narcotráfico. Su salida de prisión se presupuestaba para el pasado 27 de marzo, pero debido a la crisis del coronavirus, del que de hecho él se contagió, se ha retrasado.
Tomado de El Tiempo
