El Gobierno ya se encuentra evaluando las posibles salidas que le permitan afrontar los efectos de la caída del Decreto 558, expedido al amparo de la Emergencia Económica, que ordenaba el traslado a Colpensiones de las pensiones de retiro programado de un salario mínimo de los fondos privados (AFP) y, además, permitía el pago parcial (solo el 3 por ciento) de los aportes a pensiones de abril y mayo.
No obstante, tanto el Gobierno como empresarios y los fondos privados (AFP) están a la espera de conocer los detalles del fallo con el que la Corte Constitucional deja sin piso dicho decreto para tomar una decisión al respecto, afirmó la fuente consultada.
No es para menos, pues cálculos preliminares de Asofondos, gremio de las AFP, apuntan a que en abril y mayo dejaron de entrar al sistema de pensiones, incluido Colpensiones, aportes por unos 3 billones de pesos, recursos que la Corte ordenó restituir.
Una de las salidas que se estaría estudiando es la posibilidad de que el Congreso, en esta legislatura, defina lo de los traslados a Colpensiones de las pensiones de retiro programado de un salario mínimo que manejan las AFP, pero también lo de los aportes a través de una ley y que incluya una amnistía de intereses o algo por el estilo”, indicó la fuente.
“Me imagino que el Congreso insistirá en permitir los traslados de las AFP a Colpensiones”, agregó.
Como se recuerda, el traslado que ordenaba el Decreto 558 cobijaba al 20 por ciento de las pensiones de retiro programado manejadas por las AFP de un salario mínimo, es decir, unas 20.000 personas y recursos por 5 billones de pesos.
Sin embargo, este es el menor de los problemas, pues ninguno de esos traslados se había dado, precisamente a la espera de una decisión de la Corte.
Otras alternativas
El director de Econometría y expresidente de Colpensiones Mauricio Olivera señala, como una posibilidad, que las cotizaciones que quedaron pendientes al final las paguen de manera diferida las empresas mientras que los intereses que genere el diferimiento a plazos los pague el gobierno.
Sin embargo, para el economista, la posibilidad de que el pago se difiera, como una manera de moderar el impacto, igualmente presenta dificultades: “Ponerle un taxímetro también es difícil”, comenta, al referirse a los intereses que se van generando con el tiempo.
Olivera considera que, desde el comienzo, la medida afectaba o bien a trabajadores o bien al fisco. Afectaba, por ejemplo, a los futuros pensionados de las AFP, pues el monto ahorrado terminaría siendo un poco inferior, lo que afectaría la mesada pensional.
En los futuros pensionados de Colpensiones no tendría ese efecto, pues las mesadas no se calculan con base en un ahorro sino en el ingreso sobre el que se aportó en los últimos periodos y el número de semanas cotizadas. Sin embargo, sí habría un efecto en las finanzas públicas, pues se habría necesitado mayor cantidad de dinero del presupuesto nacional para completar, o subsidiar, el pago completo de esas mesadas.
La decisión de la Corte Constitucional de tumbar el alivio en aportes de pensiones es muy dura, dice Olivera: “Es muy fuerte cobrar en estos momentos de crisis a las empresas o a los trabajadores”, advierte.
El experto ve muy difícil encontrar un camino que alivie el cumplimiento de la decisión de la Corte. Para que no sea traumático para empresas o trabajadores, el pago debería ser asumido por el Gobierno, lo que traslada el golpe a los recursos públicos.
Sea cual sea la fórmula que se diseñe, considera que el Estado siempre debe estar como garante. En todo caso, “es una deuda que alguien tiene que pagar”, y “alguien saldrá perdiendo de todas maneras”, dice.
En los fondos privados el tema sigue en discusión y a la espera del fallo completo de la Corte. Juan David Correa, presidente de Protección, señaló que, desde la expedición del Decreto 558, hicieron un llamado a aquellos que se vieran obligados a suspender la cotización de sus empleados, para que, en la medida de sus posibilidades, pagarán estos aportes una vez se superara la contingencia actual.
Esto, agregó, “entendiendo la responsabilidad que tenemos de proteger los recursos pensionales, que son sagrados, pues sabemos que en momentos de incertidumbre se piensa en el corto plazo, pero estos son recursos de largo plazo que garantizarán una vejez digna a millones de colombianos”.
El directivo no quiso aventurarse con una propuesta sobre la forma en que se deban retornar los aportes.
Sin embargo, mencionó que esperan que cualquiera sea el procedimiento y el plazo que se determinen tengan en cuenta la motivación de la medida de proteger el empleo y acompañar a las empresas en medio de la actual coyuntura.
Tomado de El Tiempo
