Las violaciones a los DD. HH. que habría cometido el batallón de inteligencia//Colprensa.
Dos casos de atentados dinamiteros, quince hechos de tortura, 14 episodios de ejecuciones extrajudiciales y 90 de desaparición forzada. Este es el consolidado de acciones que habría cometido personal del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano que posteriormente pasó a llamarse Brigada XX hasta su supresión de los órganos castrenses en 1998.
La cifra aparece en un informe elaborado Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. El documento, que fue entregado a la Comisión de la Verdad y que será presentado en los próximos días ante la JEP, revela el patrón que se seguía para controlar y vigilar aquellas personas que se consideraban como ‘enemigo interno’.
Esta descripción se aplicaba a “todo actor político o social que se oponga al estado de cosas existentes”.
El mecanismo a seguir, conforme dice el informe, consistía en indagar sobre la vida personal del señalado, es decir, horarios, hábitos, lugar de residencia y trabajo, y a quienes frecuentaba. “Posteriormente, se pasaba a la privación ilegal de la libertad por parte de integrantes de las unidades de inteligencia del Ejército, quienes podían estar con el uniforme distintivo o vestidos de civil”, dice uno de los apartes del documento.
Las evidencias documentadas por las organizaciones autoras del escrito también indican que las víctimas eran conducidas a instalaciones de las Fuerzas Militares o a lugares clandestinos, normalmente usando vehículos particulares que estaban registrados bajo estas unidades militares. Sin embargo, no se presentaba una boleta de detención expedida por un juez y tampoco se les permitía tener contacto con sus familiares.
Sobre los procedimientos de tortura se advierte que se hacían “para conseguir información sobre los grupos insurgentes u obtener señalamientos contra otras personas. La crueldad de estas torturas llegaba al punto que muchas de las víctimas fallecieron a pesar de que estas eran realizadas bajo técnicas especializadas en tortura física y de presión psicológica que eran diseñadas para que la víctima sufriera el máximo dolor posible sin dejar huellas visibles”.
Lo que se busca con este informe es poner de presente cómo desde el área de inteligencia del Ejército “se ejecutaron graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” de la que tuvieron conocimiento por lo menos cinco generales de la República, cuyos nombres nos abstenemos de publicar para no afectar el curso normal del proceso.
En el Batallón Charry Solano se identificaron dos grupos que se encargaban de las tareas mencionadas. A uno de ellos lo llamaban ‘Blanco’ y su función principal era recopilar información de aquellas a quienes consideraban enemigo interno a los que también se conocían como ‘blanco’.
El segundo contingente eran los grupos de tareas especiales encargados de capturar, interrogar y eliminar a los ‘blancos’.
El informe trae a colación que “estas actividades gozaron de un marco de legalidad entre la década de los 60 y principios de los 70, pero se volvieron clandestinas por las reformas legislativas a las facultades judiciales extraordinarias que las Fuerzas Militares ostentaban en virtud de los estados de sitio y de excepción. Entonces se empiezan a utilizar fachadas de organizaciones paramilitares para encubrir estos delitos, como lo fue la Alianza Anticomunista Americana, también llamada Triple A”.
También se hace referencia al Manual de instrucciones generales para operaciones contraguerrillas en donde dividen a los colombianos en tres grupos: listas blancas, listas negras y listas grises.
En las primeras clasificaban a todos aquellos que apoyaban a los militares. En la segunda el cupo era para quienes respaldaban a quienes respaldaban a los grupos subversivos. En la tercera estaban quienes no tenían una postura definida. Dicho manual data de 1979.
Tomado de El Universal
