Tucson (EE.UU.), 30 ene – Habitantes de la villa hispana de Tularosa, en Nuevo México, afectada por la primera prueba que se hizo de la bomba atómica en el mundo, urgen al Congreso de EE.UU. incluirlos en una ley que les permite indemnizaciones por los daños a la salud que, alegan, les dejó este experimento de 1945.
Generación tras generación de la de la histórica villa han muerto o han sido diagnosticados con diferentes formas de cáncer, explica Tina Córdova, una de las afectadas.
Todos tienen algo en común: fueron víctimas de la primera explosión nuclear, la prueba ‘Trinity’, dice.
En medio del desolado desierto de Nuevo México, el 16 de julio de 1945 los residentes de Tularosa fueron estremecidos con una terrible explosión ocurrida en la madrugada. Lo mismo ocurrió con los miembros de la reserva indígena Mescalero Apache.
Para Córdova, una de las fundadoras de la organización Tularosa Basin Downwinders, no es coincidencia que el Gobierno estadounidense haya escogido hacer esa primera prueba nuclear en Nuevo México.
«Estoy convencida de que existe un cierto nivel de racismo-medioambiental», dijo a EFE la líder de ese grupo que lucha por compensaciones a las víctimas.
Córdova lamentó que desde que Nuevo México se integró a Estados Unidos fue considerado un estado «minoría-mayoría», porque desde entonces la mayoría de sus residentes son de origen mexicano y nativo americano.
Tras la explosión, el Gobierno dijo que se trataba de una detonación de municiones, pero meses después, en agosto, cuando detonó las dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los residentes de Nuevo México se enteraron que se trató de la prueba ‘Trinity’.
«El Gobierno siempre se ha defendido asegurando que hicieron la prueba nuclear en un lugar despoblado. Sin embargo, más de 13.000 residentes vivían en el área afectada. De ninguna manera era un lugar desolado», aseguró Córdova.
En ese momento, la población de Tularosa carecía de teléfonos y televisiones, por lo que la mayoría ignoraba lo que era la radiación y las consecuencias para su salud.
Muchos de ellos inclusive recogieron pedazos de residuos del experimento, entre ellos trinitita, conocido como vidrio Alamogordo, que fue producido cuando la bomba nuclear derritió arena del desierto de Nuevo México.
Con los años, los residentes de esta región comenzaron a sufrir de diferentes tipos de cáncer, los cuales comenzaron a relacionar con la detonación nuclear.
Los abuelos de Córdova murieron de cáncer de estómago y de la boca.
«Estas comunidades vivían de lo que producían, de las cosechas, de los animales que criaban. Todo esto se contaminó con la radiación», dijo.
La organización ha recopilado relatos de los pocos testigos que aún están con vida y que recuerdan la lluvia de ceniza que cayó en esta región tras la detonación.
«Todo se contaminó, la tierra, las cosechas, los acueductos (…), los animales», relató Córdova.
Tina, quien también ha sufrido de cáncer, lo mismo que una de sus sobrinas, atribuye la enfermedad de sus abuelos a la leche que tomaban.
«Nuestra historia médica familiar no es única. Como nosotros hay muchas familias en Nuevo México que han sufrido los efectos de haber estado expuestos a la radiación», indica.
Lamenta que, además, cientos de trabajadores han sido ignorados, muchos de ellos latinos e indígenas que trabajaron en las minas de donde se extrajo el uranio.
En 2025 se cumplen 80 años de ‘Trinity’ y hasta el momento ninguno de los afectados ha sido recompensado.
«Ha sido una injusticia social. Queremos que el Gobierno reconozca que hicieron esta prueba sin nuestro consentimiento, fuimos conejillos de indias y después se olvidaron de nosotros», enfatizó Córdova, quien vivió muchos años en Tularosa.
Córdova y estas familias urgen al Congreso en Washington agregar a las víctimas de ‘Trinity’ en la ‘Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA, en inglés)’ y ampliar la vigencia de esta medida, que expira en julio próximo.
Según la activista, el liderazgo republicano en el Congreso se ha opuesto a la idea al argumentar que no hay fondos; a lo que Córdova responde que el gobierno se gasta miles de millones de dólares solamente en el mantenimiento y cuidado de las instalaciones nucleares.
Diversas investigaciones han vinculado los diferentes tipos de cáncer que afectan a pobladores de esta región con la prueba nuclear.
Tularosa Basin Downwinders estima que unas 30.000 personas fueron afectadas, pero asegura que sería difícil establecer una cifra exacta.
El grupo solicita una indemnización de 130.000 dólares por persona, así como cobertura médica.
«Es una cantidad mínima si se toma en cuenta el sufrimiento que muchas personas han experimentado, el tratamiento de cáncer es muy caro, las personas en comunidades rurales deben de viajar grandes distancias para obtener tratamiento», se lamentó.
María León
EFE
