CÚCUTA, COLOMBIA (15 ABR 2024)– Los recursos del presupuesto participativo se lo reparten entre estructuras criminales y políticos corruptos. Igual ocurre con los dineros del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Decirlo es peligroso, por eso es mejor callar.
Y si de lo anterior se tienen pruebas y se hacen las respectivas denuncias públicas, llegan los hijuep*tazos y las amenazas de muerte. Quienes no se dejan amilanar piden protección del Estado y continúan denunciando. Pero los criminales se gastan sus mañas y, favorecidos por la incompetencia de la UNP, terminan concretando sus ultimátum.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente a Jaime Vásquez, veedor y activista contra la corrupción en Cúcuta, quien fue asesinado bajo circunstancias que han avivado un debate nacional sobre la eficacia y responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Vásquez, quien había denunciado amenazas de muerte vinculadas a poderosos círculos corruptos con nexos en estructuras armadas ilegales, contaba solo con medidas mínimas de seguridad: un escolta y un chaleco antibalístico, elementos insuficientes dada la magnitud de la amenaza.
El asesinato ocurrió a pesar de que los agresores sabían de las medidas de protección que Vásquez poseía, indicando un ataque calculado y dirigido a áreas vulnerables.
Claudia Julieta Duque, reconocida periodista y defensora de derechos humanos, ha señalado este crimen como evitable y acusa de omisión tanto a la UNP como al gobierno.
Duque exige una investigación exhaustiva sobre la supuesta retirada de la protección a Vásquez, una denuncia que él mismo había hecho en marzo.
Además, informes de la Agencia de Periodismo Investigativo (API) confirman que la UNP tenía en entredicho la continuidad del “esquema de protección” de Vásquez antes de su asesinato.
Este evento subraya las preocupantes falencias de la UNP: la tercerización del personal de escoltas, vehículos inadecuados, y análisis de riesgo superficiales que no consideran el contexto completo de las amenazas.
Este caso se convierte en un símbolo de las dificultades que enfrentan aquellos bajo amenaza en Colombia, muchos de los cuales deben recurrir a tutelas para garantizar su protección.
La promesa de fortalecer la UNP bajo el Gobierno del Cambio parece desvanecerse, evidenciando que el servicio continúa en declive en lugar de mejorar.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 a.m. de este domingo 14 de abril de 2024 en una panadería de la calle 10N con avenida 9-54, barrio La Riviera, de Cúcuta. Una pareja de sicarios motorizados se acercó a Vásquez, el parrillero hombre se bajó y le disparó en diferentes oportunidades para luego escapar en la moto en la que lo esperaba una mujer que conducía el automotor. Habrían escapado hacia Venezuela.
Los esfuerzos por salvarlo resultaron inútiles, siendo declarado muerto a las 11:30 a.m. en un centro médico local.
Este incidente ha desencadenado un debate nacional sobre la seguridad de las figuras públicas en riesgo. El presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la información contenida en el celular de Vásquez, el cual fue manipulado después de su muerte.
En respuesta, las autoridades han ofrecido una recompensa de $70 millones por información que conduzca a la captura de los culpables. Con este asesinato, ya son nueve las muertes registradas en los últimos dos días en el área metropolitana de Cúcuta, lo que ha elevado la tensión en la región.
A.U.
