El líder social colombiano Leyner Palacios pidió este miércoles al Gobierno que retome los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar más violencia en la región de Bojayá, que hace 17 años sufrió una de las peores matanzas del conflicto armado.
«(Hay) la necesidad de abrir esa mesa de diálogo con el ELN. Los niveles de afectación que están sufriendo las comunidades nos indican que no podemos seguir desangrando el país y en ese sentido también se requiere una voluntad profunda y seria por parte del ELN y hoy hacemos ese llamado», dijo Palacios a periodistas.
El líder social de Bojayá, municipio del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, hizo los comentarios antes de participar en la Casa de Nariño en una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue encabezada por el presidente colombiano, Iván Duque.
TEMOR A REPETIR LA HISTORIA
La matanza de Bojayá ocurrió el 2 de mayo de 2002 cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares por el control territorial, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.
El pasado 3 de enero, Palacios, ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, fue amenazado de muerte después de que se denunciara el confinamiento por parte de paramilitares de la comunidad de Pogue, que hace parte de Bojayá, tras lo cual el mandatario lo invitó a reunirse con él en la capital.
En la zona de Bojayá operan, además del ELN, las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras bandas criminales que amenazan y ponen en riesgo constante a los pobladores de las remotas aldeas de las selvas del Chocó.
Los diálogos de paz del anterior Gobierno colombiano con el ELN, que comenzaron en febrero de 2017, quedaron en suspenso con la llegada al poder de Duque quien al asumir la Presidencia, el 7 de agosto de 2018, condicionó la continuidad de las negociaciones a que esa guerrilla deje en libertad a todas las personas que tiene secuestradas y renuncie a esa y otras actividades delictivas.
Sin embargo, el proceso quedó en punto muerto tras el atentado con coche bomba cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra una Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos y 66 heridos.
PRESENCIA ESTATAL
Debido las amenazas de muerte, las autoridades reforzaron la seguridad de Palacios y soldados del Ejército se desplazaron hasta Bojayá para investigar las denuncias de la comunidad que advertían de la presencia de paramilitares.
Palacios destacó que el Ejército atendiera el llamado y llegara a Pogue y otros caseríos de Bojayá, pero afirmó que eso no es suficiente, pues los grupos armados ilegales siguen presentes en la zona.
«Reconocemos la presencia de la fuerza pública en algunos puntos, pero hay que ser conscientes, esto no ha resuelto el problema de fondo que hay allí, los actores armados han demostrado que continúan haciendo su presencia», afirmó.
RESPUESTA OFICIAL
Ante las amenazas de las que son víctimas los líderes sociales, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó a periodistas después de la reunión de la Comisión que el objetivo del Gobierno es que los asesinatos de defensores llegue a cero.
«El tema de la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, no termina, es permanente. El presidente Iván Duque ha dicho que no se conforma con la disminución de homicidios y amenazas a líderes, sino que quiere un objetivo de cero», subrayó.
Por su parte, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, afirmó que de los más de 300 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2019 de acuerdo a cifras de la ONU, la entidad «ha logrado un principio de esclarecimiento del 52,3 %».
En la reunión de hoy de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad también participaron el Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart, quien dio «la bienvenida a un diálogo constructivo y articulado entre la institucionalidad y la sociedad civil para mejorar la seguridad de los líderes (sociales)».
EFE
