El líder social y exconcejal del municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, Jamer Idrobo, fue asesinado el martes 26 de junio por sicarios que lo abordaron y le dispararon en dos oportunidades.
Según Contagio Radio, Idrobo, miembro activo del Comité de Cocaleros de la vereda Joaquina, los asesinos interceptaron la ruta que frecuentemente tomaba el líder, entre el municipio de Balboa y una vereda cerca al Bordo Patía, en donde su cuerpo fue encontrado con dos impactos de bala.
El medio de comunicación, que cita como fuente de la noticia a la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, señala que la víctima nunca manifestó haber recibido amenazas. “Esta es una situación frecuente, que lo líderes que vienen realizando trabajos con la comunidad sin recibir amenazas, sean asesinados, hecho que evita se activen las alarmas para la protección de la vida de los mismos”, dijo Deivin Hurtado, integrante de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes.
El líder social impulsaba y hacía pedagogía en diferentes comunidades sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hurtado agregó que “diferentes grupos armados están haciendo presencia en algunos departamentos del país, con la finalidad de controlarlos y manejar las rutas del narcotráfico. Razón por la cual los líderes que hacen conciencia de la necesidad de acabar con los cultivos ilícitos terminan siendo víctimas”.
“Esas estructuras armadas que hacen presencia en el territorio no se identifican o portan brazaletes de algún grupo, pero se presentan como integrantes de otros como el ELN o EPL”, añadió Hurtado.
Los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales de la región sienten temor por los asesinatos ya frecuentes y sistemáticos de los que son víctimas y piden al Estado que los proteja. “Si bien es cierto que hay una alta presencia del Ejército en el territorio, no hay una respuesta militar frente a disminuir los riegos contra la población civil”, destacó Hurtado.
Finalmente, expresó que “se han presentado diferentes situaciones en el Patía que las comunidades han decidido no hacer públicas por el miedo a que haya una presencia más militar del Estado y que en vez de que se generen soluciones, aumente el peligro”.