Colombia, 4 abril de 2025.– El asesinato de Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, exaspirante a la alcaldía de Segovia y defensor de los derechos humanos, se convirtió en el punto de partida de una nueva oleada de violencia contra líderes sociales en Colombia. Gallego fue hallado sin vida el pasado 9 de marzo en la vereda El Jabón del municipio de Vegachí, Antioquia, tras haber desaparecido junto a su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Berrío.
Gallego, fundador de la Mesa Minera de Segovia y Remedios y presidente de la Mesa Minero Agroambiental, era un actor fundamental en la defensa de los derechos de los mineros artesanales del Nordeste Antioqueño. Su constante denuncia de abusos por parte de las autoridades lo posicionó como una figura incómoda para muchos intereses regionales.
Desde su asesinato, Colombia ha registrado 14 homicidios más de líderes sociales, sumando 47 en lo corrido del año. A esto se agregan al menos 16 masacres, además de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, confinamientos y desapariciones.
Los 14 asesinatos posteriores a Mongo
- Cristian Fernando Guanga (Tumaco, Nariño – 9 de marzo)
Líder del Resguardo Piguambi Palangala y del pueblo Awá. - Neisair Ramos Navas (Guachené, Cauca – 12 de marzo)
Cofundador del municipio y exsecretario de Gobierno. - Ismael Borray (Cartagena del Chairá, Caquetá – 12 de marzo)
Presidente de la JAC de la vereda Caño Santo Domingo. - Abel Martínez Barrios (San Onofre, Sucre – 7 de marzo)
Líder cultural y folclorista en Rincón del Mar. - Ernesto Muñoz Casamachín (Páez, Cauca – 14 de marzo)
Líder campesino secuestrado y asesinado por grupo armado. - Leidy Hoyos (Mercaderes, Cauca – 14 de marzo)
Docente y sindicalista de SIMANA. - Diego Alexander Herrera Carranza (Barrancabermeja, Santander – 14 de marzo)
Defensor de DDHH y miembro de la Mesa de Participación de Víctimas. - Federico Hull Marín (Medellín, Antioquia – 15 de marzo)
Personero del municipio de Entrerríos. - Diandra Natalia Zamora (Miraflores, Guaviare – 16 de marzo)
Lideresa indígena del pueblo Siriano. - Luis Alfonso Sánchez Barrera (Arauquita, Arauca – 19 de marzo)
Conciliador en equidad de la JAC de Lejanías. - Dianys Valderrama Tuberquia (Carepa, Antioquia – 20 de marzo)
Lideresa comunitaria de la vereda La Provincia. - Alcides Castellanos (Palmira, Valle del Cauca – 27 de marzo)
Líder campesino del corregimiento de Tenjo. - Hermes Ricardo Wilchez (Dibulla, La Guajira – 28 de marzo)
Reconocido por su trabajo comunitario en Cuatro Veredas. - Hemerson Reinel Pérez (Puerto Wilches, Santander – 3 de abril)
Exconcejal amenazado por las AGC y asesinado mientras realizaba labores agrícolas.
¿Quién responde por estos crímenes?
La cifra de 47 líderes sociales asesinados en apenas tres meses del año ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), en una carta abierta al presidente Gustavo Petro, criticó duramente la inoperancia del Estado, particularmente de la UNP y la Policía Nacional, instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los líderes en riesgo.
“El asesinato de Mongo no es un hecho aislado; es el reflejo de una estrategia de exterminio sistemático”, afirmó la organización. En su misiva, Corpades denuncia que estos crímenes han sido reducidos a simples cifras dentro de los balances de seguridad, sin que haya un cambio estructural en los esquemas de protección ni acciones judiciales efectivas contra los perpetradores.
La ONG también cuestiona el modelo actual de seguridad basado en la tercerización del servicio de protección. “¿Ha dado resultados? ¿No es hora de replantear el modelo y pensar en un organismo de protección más humano y menos burocrático?”, señala el documento.
Un panorama alarmante
A la par del aumento de homicidios, se han documentado múltiples masacres, desplazamientos, confinamientos y amenazas. Todo esto en un contexto de alta presencia de actores armados ilegales.
La situación evidencia una crisis de derechos humanos que afecta directamente a las comunidades rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes, y pone en tela de juicio el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de protección y garantía de la vida de sus ciudadanos.
A.U.