Colombia, 13 abril de 2025.- La ola de violencia contra líderes sociales en Colombia no da tregua. En lo corrido de 2025, al menos 51 defensores de derechos humanos y liderazgos comunitarios han sido asesinados, evidenciando la inoperancia del sistema estatal de protección, así como el fortalecimiento del accionar armado ilegal en zonas rurales e intermedias.
El más reciente caso ocurrió el 12 de abril en Toribío, Cauca, donde fue asesinado Erik Ánderson Menza Pavi, de 32 años, líder indígena y autoridad Khabuwes’sx del pueblo Nasa. Su cuerpo fue hallado con impactos de bala a un costado de la vía, según denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Menza era reconocido por su compromiso con el trabajo comunitario y el cuidado del territorio.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio y expresó su “profunda preocupación por agresiones sistemáticas al Pueblo Nasa”. Además, recordó que la CIDH ha otorgado medidas cautelares colectivas al Plan de Vida del Proyecto Nasa, exhortando al Estado colombiano a redoblar los esfuerzos en materia de prevención y protección.
Una violencia que se desbordó tras el asesinato de “Mongo”
El asesinato de Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”, defensor de derechos humanos y excandidato a la alcaldía de Segovia (Antioquia), marcó el inicio de una nueva escalada violenta. Fue hallado muerto el 9 de marzo en la vereda El Jabón de Vegachí, y desde entonces se han cometido al menos 17 homicidios más contra líderes sociales, completando 51 asesinatos en lo que va del año.
Entre las víctimas más recientes están:
- Gumer Vargas (4 abril, Tibú, Norte de Santander)
- Jaime Enrique Benítez (6 abril, Tame, Arauca)
- Glover Arley Hernández Benavides (9 abril, Santander de Quilichao, Cauca)
- Erik Anderson Menza Pavi (13 abril, Toribío, Cauca)
- Cristian Fernando Guanga (9 marzo, Tumaco, Nariño)
- Neisair Ramos Navas (12 marzo, Guachené, Cauca)
- Ismael Borray (12 marzo, Cartagena del Chairá, Caquetá)
- Abel Martínez Barrios (7 marzo, San Onofre, Sucre)
- Ernesto Muñoz Casamachín (14 marzo, Páez, Cauca)
- Leidy Hoyos (14 marzo, Mercaderes, Cauca)
- Diego Alexander Herrera Carranza (14 marzo, Barrancabermeja, Santander)
- Federico Hull Marín (15 marzo, Medellín, Antioquia)
- Diandra Natalia Zamora (16 marzo, Miraflores, Guaviare)
- Luis Alfonso Sánchez Barrera (19 marzo, Arauquita, Arauca)
- Dianys Valderrama Tuberquia (20 marzo, Carepa, Antioquia)
- Alcides Castellanos (27 marzo, Palmira, Valle del Cauca)
- Hermes Ricardo Wilchez (28 marzo, Dibulla, La Guajira)
- Hemerson Reinel Pérez (3 abril, Puerto Wilches, Santander)
“No es una cifra, es una estrategia de exterminio”
La organización Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social) ha sido enfática: “El asesinato de 50 líderes sociales no son hechos aislados; es el reflejo de una estrategia de exterminio sistemático”. En una carta abierta al presidente Gustavo Petro, la ONG cuestionó la falta de respuestas eficaces por parte de la UNP y la Policía Nacional, responsables de garantizar la seguridad de los líderes en riesgo.
Corpades también ha denunciado que los crímenes contra líderes sociales se han reducido a simples cifras en informes de seguridad, sin que existan avances estructurales en los esquemas de protección ni acciones judiciales concretas para castigar a los autores materiales e intelectuales.
Uno de los cuestionamientos más fuertes se dirige al modelo de seguridad tercerizado, basado en empresas privadas de escoltas, que según la organización, no ofrece garantías reales. “¿Ha dado resultados? ¿No es hora de replantear el modelo y pensar en un organismo de protección más humano y menos burocrático?”, se preguntó Corpades.
La violencia se agudiza en tiempos preelectorales
El panorama de seguridad en Colombia se deteriora conforme se aproxima el calendario electoral. Las zonas más afectadas, como Cauca, Arauca, Nariño, Antioquia, Sucre y Santander, concentran no solo los asesinatos, sino también masacres, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a firmantes de paz y desapariciones.
El aumento de estos hechos evidencia una crisis de derechos humanos estructural, en la que las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas están cada vez más expuestas, mientras que el Estado colombiano sigue sin articular una respuesta efectiva que priorice la protección de la vida y la integridad de sus ciudadanos más vulnerables.
A.U.