Líderes sociales y defensores de DD. HH. del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba denunciaron amenazas de muerte contra ellos por parte de grupos armados al margen de la ley.

El líder Arnobis Zapata, de la Asociación Campesina del sur de Córdoba, señaló que organizaciones ilegales están intentando controlar militar, política y organizativamente el territorio.

En esa región, según la Defensoría del Pueblo, hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo; los Caparrapos, que son una disidencia de las AGC; y disidencias de las Farc.

Esa disputa ha traído como consecuencia desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones, intimidaciones, desescolarización y persecución a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, únicos que se atreven a denunciar las graves violaciones que se cometen en la región.

En un recorrido que el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, realizó por los municipios del Bajo Cauca antioqueño: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, recibió de parte de líderes sociales, autoridades indígenas y representantes de la comunidad denuncias en este sentido.

“Si las entidades del Estado no trabajamos coordinados, quienes van a elegir a los alcaldes en Córdoba y el Bajo Cauca serán los grupos ilegales”, dijo al respecto Negret.

Las problemáticas relacionadas con graves vulneraciones a los derechos humanos como son el desplazamiento y la violencia también fueron puestas en conocimiento de Negret en San José de Uré y Montelíbano, en Córdoba.

En San José de Uré, Córdoba, 243 familias salieron desplazadas por el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan la minería ilegal y el control de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en la región.

San José de Uré hace parte del corredor geográfico del Alto San Jorge. Allí se presenta la preocupante situación de violencia por cuenta de la disputa entre las AGC, los Caparrapos y los residuales de Farc.

Otro municipio afectado por la disputa entre grupos armados ilegales es Montelíbano, localizado en el extremo suroriental del departamento. Al igual que en San José de Uré, obtener el control de la minería y la producción de coca es el leitmotiv del conflicto.

Finalmente, Negret expresó su preocupación porque la situación había sido advertida por la entidad que dirige mediante las alertas tempranas 071 y 023.