Por no tener para el pasaje de la buseta de su escolta, Flor María (*) una de las integrantes de la Mesa de Víctimas de Villa del Rosario debe dejar a un lado el esquema de protección que le asignaron por estar amenazada, poniendo en riesgo su integridad.
La falta de garantías por parte del Estado para líderes sociales y defensores de derechos humanos, fue el tema principal de la Sesión del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) liderado esta semana por el Ministerio del Interior en Villa del Rosario.
En este espacio, que reunió a líderes sociales, defensores de derechos humanos, e institucionalidad, los participantes aseguraron que aunque temen por su seguridad se abstienen de denunciar porque ya no confían en las instituciones.
“Hay una omisión del Estado en toda la región. La Procuraduría y la Fiscalía no están funcionando como deberían”, indicó Pedro Quintero, de la Asociación Tierra y Vida. “Nos da miedo denunciar. Más nos demoramos en denunciar que en sentir las represalias”, agregó.
Holger Pérez, líder social del Catatumbo, enfatizó en que el conflicto y las amenazas a los líderes ya no es solo de esta álgida región. Todo el departamento está siendo golpeado por este flagelo, y pidió a las autoridades más compromiso y efectividad.
“En los últimos 15 años le he seguido la pista a 53 denuncias de líderes sobre amenazas o atentados y a la fecha las investigaciones van en cero”, alertó.
“Necesitamos garantías para seguir liderando procesos sociales. Es imposible que en un estado de derecho nos digan que dejemos de trabajar por nuestras comunidades para que no nos amenacen”, aseveró Flor María(*).
Para Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres Comunitarias de el Catatumbo, la desarticulación entre las instituciones que deben velar por la seguridad de la ciudadanía y los gobernantes locales, es una de las causas de la ineficiencia.
“Los gobernantes locales no participaron de la sesión del PAO y ellos son pieza clave para garantizar nuestra protección”, denunció.
Por su parte, Marta Maldonado hizo énfasis en la importancia de la atención psicosocial a las víctimas pues las amenazas y los flagelos que han sufrido les han dejado huellas difíciles de olvidar.
Es el caso de una lideresa de El Zulia, violada hace 15 años por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“No recibí atención psicosocial alguna y callé. Callar enferma y llega un punto en que todo este sentimiento y esa impotencia explota”, relató en medio de lágrimas.
Lo que busca el PAO
Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, coordinador del Plan de Acción Oportuna (PAO), resaltó que este plan, producto del Decreto 2137 de 2018 expedido por la Presidencia busca recuperar la confianza entre los líderes sociales, autoridades estatales, a través de visitas a los territorios que permitan determinar qué acciones de protección están funcionado, y cómo se podría ser más efectivos.
“Para el Gobierno Nacional es prioridad reconocer a los líderes sociales como primer eslabón en la democracia para darles todas las garantías que les permitan ejercer con libertad sus derechos”, recalcó.
Las quejas y peticiones de los líderes y defensores nortesantandereanos serán presentadas en el comité intersectorial del PAO que está compuesto por el presidente, los ministros de Justicia, Interior y Defensa, UNP, Policía , Ejército, altos consejeros de Derechos Humanos, Paz, Seguridad; Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Mapp-OEA y ONU.
Líderes y cifras
Entre el 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018 la Defensoría del Pueblo reportó 343 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, siendo los departamentos con mayor afectación Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. El 65% de los homicidios, es decir 139 hechos, ocurrieron en zona rural.
Según cifras de la Policía Nacional entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se registraron 474 amenazas a líderes en Norte de Santander, 235 de ellas fueron en Cúcuta.
Un total de 7.400 personas cuentan con esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de las cuales 4.500 son líderes sociales, y cerca de 600 son sujetos de acciones de protección colectiva, según datos del Ministerio del Interior.
Tomado de La Opinión
