El Sindicato de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales, U.T-U.N.P, puso en conocimiento de Análisis Urbano, las posibles irregularidades con las que fueron fabricados más de 900 chalecos antibalas, que hoy están en manos de líderes, defensores de Derechos Humanos y escoltas en el País.
Cuando los asesinatos contra los representantes de las comunidades no paran, van 29 denunciados en 2019, sale a la luz esta denuncia que evidenciaría lo poco que le importa el tema al Estado colombiano.
Han sido reiteradas las quejas de los líderes y defensores que se quedan sin esquema de protección, que reciben vehículos obsoletos o que les dan tan sólo un chaleco, para protegerse frente a las amenazas de los grupos armados.
Ahora resulta que la precaria protección que se les presta a estas personas no cumple con la más mínima normatividad.
Entre contratistas y detrimento
De acuerdo con la denuncia interpuesta por dicho Sindicato ante la Fiscalía y la propia Unidad de Protección, más de 500 chalecos entregados por la empresa Prosegur SOS LTDA. se fabricaron en una bodega sin cumplir con las normas de seguridad. El hecho está sustentado por una prueba realizada por Indumil de Colombia que expresa: “El día 11 de enero de 2019 se recibió oficio No 02.115.400 el cual contiene el informe técnico balístico de la prueba realizada al chaleco blindado No. 138 de la marca ISBI. En los dos disparos de arma calibre 44 la bala penetró”.
El Sindicato logró establecer también, que la Unidad Nacional de Protección, a través de la Unidad Temporal Seguridad Integral, compró a la empresa Logrent SAS 100 chalecos más. Al comprobar la dirección de la empresa fabricante, se pudo evidenciar que en la Avenida 19 # 118 – 95, oficina 413 de Bogotá, lo que hay es una agencia de viajes.
Sobre el costo de estos implementos de seguridad, la asociación de trabajadores hizo una valoración y cada chaleco valdría 350.000 pesos, pero fueron cobrados a 856.800 pesos, lo que evidencia un grave detrimento patrimonial.
Según Wilson Devia, presidente del Sindicato, “además de este caso de corrupción interna, a la Unidad Nacional de Protección le vienen facturando 38.000 pesos mensuales por cada chaleco desde el año 2013, por lo que hubiera sido mejor no tener intermediarios y comprarlos”.
La historia de los chalecos Kejo
En medio de las dudas, la organización sindical continuó con sus indagaciones, esta vez frente a la compra de 452 chalecos blindados de la marca Kejo.
Lo primero que se encontró fue que los chalecos fueron fabricados en Colombia y no en Estados Unidos, como dice la rotulación. Lo más grave es que ninguno de estos implementos de seguridad cuenta con prueba de balística.
Luego de las quejas de los trabajadores, en Análisis Urbano pudimos conocer que a los chalecos Kejo se les hizo un supuesto trabajo de repotenciación, que terminó en el simple cambio del forro.
Sin respuesta de la Unidad
Ante la relevancia del caso, buscamos una respuesta inmediata del director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, pero el trámite fue infructuoso. Luego de varias comunicaciones entabladas con la entidad estatal, pasamos de dependencia en dependencia y no hubo una respuesta concreta ni la posibilidad de entablar un diálogo directo con González Monguí.
Al final de la gestión, en la oficina de comunicaciones se limitaron a contestarnos que escribiéramos un correo con las preguntas y que recibiríamos respuesta vía mail, lo que no es muy apropiado cuando en nuestra labor reporteril queremos conocer verdades de interés general. Sin embargo, Análisis Urbano cumplió con el trámite y espera una respuesta.
Para el representante del Sindicato, Wilson Devia, el silencio de la Unidad Nacional de Protección frente al tema tiene que ver con “el desorden administrativo de la entidad que ni siquiera pide una garantía por los servicios que contrata. No tienen sustento alguno”.
Más de 1.500 personas en riesgo
Los chalecos que no cumplen con las condiciones de seguridad están hoy en manos de líderes y escoltas de zonas como el Eje Cafetero, Antioquia y la Costa Atlántica.
Precisamente en Antioquia, el segundo departamento más peligroso del país para los defensores de las comunidades, estarían muchos de los chalecos blindados, que no son antibalas, valga la aclaración que no es sarcasmo.
“Para mi estarían en riesgo más de 1.500 personas, porque ya probamos que 500 chalecos son obsoletos, pero en muchos casos estos son portados por escoltas que protegen colectivos en el País”, concluyó Wilson Devia.
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