Un nuevo estudio de Oxfam describe las dificultades que enfrentan las mujeres campesinas, indígenas y afro que se atreven a exigir sus derechos.
En Colombia una vaca tiene más derechos que una mujer campesina, dice Victoria Huertas*, una defensora de derechos humanos que prefiere reservar su identidad.
Una vaca, explica, tiene derecho a una hectárea de tierra, pero las mujeres no tienen tierras. Una vaca tiene derecho a vacunación, desparasitación, tiene un veterinario y un control médico. En cambio, la mayoría de campesinas no tienen acceso a un centro de salud, ni otros derechos básicos como la educación.
La desigualdad que describe Victoria es apenas una de las dificultades que enfrentan las mujeres que protegen el medio ambiente y los derechos rurales en el país. Así lo explica un informe de Oxfam titulado ‘Mujeres Defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia’, publicado este miércoles.
El documento también narra las dificultades que enfrentan las mujeres campesinas, indígenas y afro que se atreven a reclamar sus derechos y rechazar la violencia que viven en sus territorios.
“Ellas están defendiendo bienes comunes, que nos pertenecen a toda la humanidad, que nos brindan un servicio, pero están enfrentando estas amenazas”, dice Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
El informe fue publicado al mismo tiempo que se lanza la campaña internacional Juntas Somos Victoria, para hacer un llamado a los gobiernos del mundo para que salvaguarden la vida de las defensoras.
“En Colombia, las mujeres que defienden sus tierras, su cultura y el medioambiente están siendo amenazadas, hostigadas y, en ocasiones, asesinadas”, dice el informe.
Desde 2016 y hasta septiembre de 2019, 55 defensoras han sido asesinadas, según cifras del programa Somos Defensores. En el primer semestre de este año el promedio de asesinatos de lideresas sociales en el país ha sido de uno cada dos semanas.
Los continuos ataques han posicionado a Colombia como el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
Además de la violencia directa, las líderes sociales indígenas, afro y campesinas enfrentan históricos problemas de desigualdad, discriminación, machismo y pobreza.
Según el coeficiente de GINI (2018), Colombia es el cuarto país más desigual del mundo después de Sudáfrica, Haití y Honduras.
Las familias rurales entienden bien el significado de estas estadísticas: mientras el 64% de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra, el 1% de los propietarios son dueños del 80% del territorio.
Oxfam señaló que el caso del Chocó, en el Pacífico colombiano, es especialmente alarmante. En Quidbó, su capital, menos del 1% de los propietarios es dueño del 95% de la tierra.
La disparidad rural golpea con especial fuerza a las mujeres. A pesar de la escasez de cifras, el informe de Oxfam encontró que ellas tienen mayor probabilidad de poseer extensiones más pequeñas de tierra, si es que la tienen. El 78% cuenta con menos de cinco hectáreas. Además, tienen menor acceso a crédito, maquinaria y asistencia técnica que los hombres.
La mayoría de las mujeres que viven en el campo tiene escasas oportunidades de incorporarse al mercado laboral y se ven obligadas a dedicarse a actividades no reguladas y expuestas a mayores riesgos. Como resultado, la pobreza rural se concentra en los hogares monoparentales encabezados por ellas. Hasta el 40% de estas familias se encuentra en dicha situación de pobreza.
El riesgo sobre las mujeres defensoras rurales se multiplica cuando pertenecen a alguna etnia indígena o son afrocolombianas, y existen otros factores que incrementan la vulnerabilidad.
Las mujeres piden estrategias integrales de protección
Las líderesas han quedado atrapadas en la mitad de los enfrentamientos armados por el control territorial y de los recursos naturales.
Pesquera dice que gran parte de las medidas que ellas piden para su protección no son tenidas en cuenta por el gobierno. Piden estrategias de protección colectiva con un enfoque de género, que además tenga en cuenta las diferencias territoriales. Pero esas peticiones, dice la directora de Oxfam, no se ven reflejadas en las políticas públicas y las pocas que sí, no se hacen realidad en la práctica.
Ante esa problemática ellas piden que se creen “entornos habilitadores”, es decir, que el gobierno no se centre en la protección con carros blindados sino que brinde mejor seguridad general de los territorios, agilice la investigación y judicialización de los responsables y además emita mensajes claros de apoyo al trabajo de las líderesas.
“Lo que nosotras necesitamos es que el gobierno le preste atención a la situación sistemática. Que no queden impunes los crímenes y que nos brinde prevención y protección”, dice Victoria Ríos*, otra defensora que prefiere no revelar su nombre por seguridad.
El acuerdo de paz como herramienta de protección
Las líderes rurales afirman que poner en marcha el Acuerdo de Paz les daría herramientas para protegerse y brindaría estrategias para disminuir la pobreza rural.
A pesar de los avances en la implementación, la violencia en el país no ha cesado y muchas de las medidas para proteger a líderes sociales aún no se han puesto en marcha. Según señala el Instituto Kroc, que hace seguimiento al tema, solo el 25% de las disposiciones contempladas en el Acuerdo Final para protegerlos están avanzando.
“La implementación del acuerdo de paz ha tomado una dinámica lenta”, dice Pesquera. “Los recursos del presupuesto nacional para la paz son ínfimos comparados con el reto. Las declaraciones públicas del ejecutivo sobre su voluntad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz son sutiles e insuficientes”, añade como ejemplos de las dificultades que enfrenta el Acuerdo de Paz. Si no se hace algo, advierte, la oportunidad de tener un país en paz se podría desvanecer.
El informe contiene con una serie de recomendaciones para el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Afirma que el Estado colombiano debe “consolidar la presencia integral y efectiva” en las zonas rurales “especialmente en las más afectadas por el conflicto armado”.
En el documento se resalta que se debe reducir el nivel de impunidad de los crímenes contra líderes sociales y agilizar las investigaciones contra funcionarios que no tomen las medidas necesarias para protegerlos, entre otras.
La ciudadanía, añade el informe, debe reconocer la importancia del trabajo de los líderes sociales, promover una cultura de protección hacia ellos y presionar al gobierno para que tome medidas en ese sentido.
“Estamos perdiendo el miedo a hablar”, dice Victoria Villamil*, defensora indígena. “Nos habían metido en la cabeza que nosotras no teníamos la palabra, que no teníamos la voz, pero estamos descubriendo en esta época que tenemos voz y que esa voz es muy valiosa”, afirma.
*Las líderesas pidieron no revelar su identidad como medida de protección.
Tomado de El Espectador
