El presidente Andrés Manuel López Obrador sustituyó al general Juan Manuel Rico Gámez, quien desde agosto de 2018 se desempeñaba como comandante de la IX Región Militar en la entidad pese a su relación con el caso Ayotzinapa.
El divisionario fue sustituido por el general Miguel Hurtado Ochoa, quien era el comandante la XII Región Militar en Guanajuato, y ayer tomó posesión del cargo en una ceremonia privada realizada en el cuartel de Llano Largo del puerto de Acapulco, indica un comunicado oficial del gobierno federal.
El 2 de agosto de 2018, cuando el general Juan Manuel Rico Gámez asumió la comandancia de la IX Región Militar con sede en Acapulco, Proceso informó que el nuevo jefe de la milicia en Guerrero fue incluido el sexenio pasado en una lista de generales vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva.
Y cuatro meses antes del caso Ayotzinapa, era el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo y responsable del 27 batallón de Infantería de la ciudad de Iguala, donde autoridades civiles y castrenses fueron señalados de actuar en contubernio con el narco para desaparecer a los normalistas en septiembre de 2014.
Durante el año y nueve meses que Rico Gámez estuvo al frente de los militares en el estado, se dio el incidente en el que habitantes del municipio de Coyuca de Catalán retuvieron a soldados y policías estatales, el 26 de agosto de 2019, y los acusaron de transportar un cargamento de municiones escondido en cajas de despensas del DIF del gobierno de Héctor Astudillo.
Las balas de diferentes calibres eran trasladadas a la parte serrana, donde grupos delictivos mantienen una confrontación por el control de la zona colindante con la Costa Grande de la entidad y el estado de Michoacán, afirmaron los inconformes.
También, en diciembre de 2018, pobladores de la Sierra denunciaron que los grupos armados que mantienen una disputa por el control de la zona amapolera y la franja minera de Guerrero, utilizan municiones de origen chino y distribuidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En ese entonces, los habitantes mostraron la envoltura de un paquete de 40 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros utilizados por los fusiles AR-15 y comercializadas por la Dirección General de Industria Militar de la Sedena, las cuales habían sido utilizadas en una confrontación armada entre grupos armados.
Actualmente, en la entidad operan al menos, 19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” en el 50% del territorio guerrerense –40 de los 81 municipios–, donde más de 18 bandas crimínales controlan y mantienen una brutal disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete regiones de la entidad, indica un informe oficial emitido por el gobierno estatal.
Tomado de Revista Proceso
