La defensa del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado a EEUU de «falsedad integral» en su solicitud a Cabo Verde para facilitar su extradición, que avala el Gobierno del país africano, si bien la Justicia caboverdiana tomará la decisión final.
Según la impugnación presentada contra el aval del Gobierno caboverdiano a la entrega de Saab, un documento de 60 páginas al que tuvo acceso Efe, los abogados del empresario sostienen que Estados Unidos ha violado «el principio de lealtad penal» en este caso.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (la más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La defensa ha presentado este mes un recurso de amparo del presunto testaferro ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, así como un recurso de oposición a la autorización dada por el Ejecutivo a la extradición, interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que debe adoptar la decisión final.
En el recurso de oposición, los abogados sostienen que «los actos imputados» a Saab, contenidos en «la solicitud (de extradición) firmada por la Procuraduría General de la República de Cabo Verde y en los documentos entregados por Estados Unidos, son todos falsos».
La defensa afirma que la idea de que el empresario colaboró y proporcionó a agentes de EEUU pruebas de sus supuestos delitos, como figura en la petición de extradición, es una «maniobra irrazonable para poner la extradición en ruta de colisión con Venezuela».
EL RETRATO DE UN «TRAIDOR»
Asimismo, los letrados acusan a Washington de ofrecer un retrato de Saab «como traidor, cooperador y colaborador», en «violación del principio de lealtad en los procesos penales», pues el proceso de extradición en curso en Cabo Verde «es una prueba» de que su cliente «nunca ha brindado cooperación o colaboración a Estados Unidos».
Otra evidencia de la «falsedad» de esa supuesta cooperación es que, para ser verdad, el empresario «habría recibido un estatus especial, no sólo para él, sino para toda la familia», que ya habrían sido «integrados en un programa de protección de testigos».
«Nada de esto ha ocurrido», zanjan los abogados en el escrito. «Por el contrario, en los documentos entregados por EEUU, la pena por delitos penales atribuidos en la extradición es de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de la acusación», lo que totalizaría «una pena máxima de 160 años» de cárcel.
En conclusión, el documento enfatiza que «los hechos reportados como ocurridos en Florida nunca han tenido lugar» y que Saab «nunca ha cometido ningún acto en territorio Estados Unidos».
En ese sentido, los abogados de Alex Saab rechazan la intención de EEUU de actuar más allá de su jurisdicción nacional, reclamando el derecho, en base a una supuesta «jurisdicción universal», de arrestar y juzgar a ciudadanos extranjeros que residen en otros países por presuntos actos cometidos fuera del país norteamericano.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa sostiene que Saab «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
Para alcanzar sus objetivos, el empresario ha contratado a un amplio equipo de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales, como el exjuez español Baltasar Garzón.
SUPUESTO BLANQUEO DE MILLONES DE DÓLARES
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, destinados a los más pobres, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó entonces cargos contra Saab y su mano derecha, el también colombiano Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por eso, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
EFE
